El Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 llega acompañado de una frase políticamente poderosa: “no habrá nuevos impuestos”.

Formalmente puede ser cierto. Económicamente, la historia es diferente.

El Gobierno Federal pretende que los ingresos tributarios alcancen aproximadamente 6.26 billones de pesos, equivalentes a cerca del 15.9% del PIB, con un crecimiento real de alrededor del 5.9% respecto del cierre estimado de 2026.

El problema aparece cuando confrontamos esa expectativa con otra cifra: Hacienda estima que la economía mexicana crecerá solamente entre 1.5% y 2.5% en 2027.

La pregunta es inevitable:

¿Cómo pretende el Gobierno aumentar la recaudación tributaria mucho más rápido que la economía sin incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes?

La respuesta está en el nuevo modelo de recaudación.

No subir las tasas no significa cobrar menos

Durante muchos años, cuando hablábamos de una reforma fiscal pensábamos inmediatamente en aumentar el ISR, IVA o IEPS.

Hoy la estrategia es diferente.

Ya no necesariamente se necesita aumentar la tasa nominal de un impuesto para cobrar más.

Se puede recaudar más restringiendo deducciones, limitando pérdidas fiscales, reduciendo el aprovechamiento de intereses, ampliando controles, cruzando información digital y haciendo prácticamente inmediata la detección de inconsistencias.

La fiscalización moderna funciona con datos.

CFDI, declaraciones, DIOT, bancos, pedimentos, nóminas, controles volumétricos, proveedores y operaciones con partes relacionadas pueden cruzarse electrónicamente.

El SAT sabe cada vez más del contribuyente incluso antes de iniciar formalmente una auditoría.

Por ello, el verdadero mensaje de 2027 no es:

“vamos a subir los impuestos”.

Es:

“vamos a cobrar mucho más eficientemente los impuestos existentes”.

Y para el contribuyente formal, el resultado económico puede terminar siendo prácticamente el mismo: mayor carga fiscal efectiva.

Combatir la evasión sí; presumir evasión, no

Hay que decirlo claramente.

Combatir empresas factureras, operaciones simuladas, contrabando, huachicol fiscal y esquemas fraudulentos es absolutamente necesario.

El contribuyente cumplido es precisamente uno de los principales perjudicados por la evasión.

Pero existe una frontera que el Estado no debe cruzar.

La fiscalización no puede construirse sobre la presunción de que todo contribuyente es potencialmente evasor.

Cuando cada diferencia entre CFDI, declaración, banco o información de terceros genera automáticamente una sospecha; cuando una deducción real debe superar innumerables pruebas documentales; o cuando una inconsistencia tecnológica puede convertirse rápidamente en una contingencia fiscal, el sistema comienza a trasladar al contribuyente una carga excesiva para demostrar permanentemente su inocencia tributaria.

Eso genera incertidumbre.

Y la incertidumbre fiscal también tiene un costo económico.

El contribuyente formal vuelve a cargar con el peso

Existe además una contradicción difícil de ignorar.

México mantiene una economía con un enorme componente de informalidad.

Millones de personas realizan actividades económicas fuera de la plena tributación mientras el Gobierno aumenta constantemente la capacidad de fiscalización sobre quienes ya tienen RFC, emiten CFDI, presentan declaraciones y mantienen cuentas bancarias perfectamente identificables.

Es más sencillo fiscalizar a quien ya está dentro del sistema.

Pero eso no significa que sea la mejor política fiscal.

El verdadero desafío no debería ser:

¿cómo cobrarle más al contribuyente registrado?

La pregunta debería ser:

¿cómo incorporamos a millones de personas y actividades económicas a la formalidad?

Mientras esa discusión continúe aplazándose, la base de contribuyentes cumplidos seguirá soportando una proporción creciente del financiamiento público.

El problema no está solamente en los ingresos

Existe otra parte de la ecuación que frecuentemente se evita.

El Gobierno pretende disponer en 2027 de recursos totales cercanos a 10.6 billones de pesos.

Pero los ingresos presupuestarios serían aproximadamente 9.15 billones.

La diferencia debe financiarse.

Por eso México continuará recurriendo al endeudamiento.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público se estiman alrededor del 3.9% del PIB, mientras el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros alcanzaría aproximadamente 55% del PIB.

México no está necesariamente frente a una crisis de deuda.

Pero tampoco debemos normalizar que cada ejercicio fiscal cierre con mayores obligaciones financieras.

La deuda genera intereses.

Los intereses consumen presupuesto.

Y cada peso destinado al servicio financiero es un peso que deja de estar disponible para seguridad, infraestructura, hospitales, educación o inversión pública productiva.

¿Y cuándo hablamos del gasto?

Ésta debería ser una de las preguntas centrales del debate sobre la LIF 2027.

El Estado exige cada vez mayor eficiencia al contribuyente.

¿Estamos exigiendo la misma eficiencia al Gobierno?

Una empresa que enfrenta dificultades financieras tiene solamente tres opciones reales:

aumentar ingresos, reducir gastos o mejorar productividad.

El Gobierno debería estar sujeto a la misma lógica.

No basta con perfeccionar la maquinaria recaudatoria.

También debe revisarse profundamente:

qué se gasta, cuánto se gasta, dónde se gasta y qué resultados produce ese gasto.

La responsabilidad fiscal tiene dos caras:

recaudar correctamente y gastar eficientemente.

Exigir solamente la primera es insuficiente.

La tecnología no sustituye al crecimiento

México está construyendo probablemente la administración tributaria tecnológicamente más poderosa de su historia.

Inteligencia artificial, analítica de datos, CFDI, declaraciones prellenadas, cruces automatizados y fiscalización electrónica permitirán detectar diferencias con una precisión cada vez mayor.

Eso puede ser positivo.

Pero existe algo que ningún algoritmo del SAT puede producir:

crecimiento económico.

Una empresa que vende más, invierte más, contrata más trabajadores y obtiene mayores utilidades paga naturalmente más ISR, IVA, cuotas de seguridad social y otros impuestos.

Ésa es la mejor forma de incrementar la recaudación.

No mediante presión.

Mediante crecimiento.

Por eso resulta preocupante que la economía mexicana tenga una expectativa de crecimiento de apenas 1.5% a 2.5%, mientras se pretende incrementar la recaudación tributaria alrededor de 5.9% en términos reales.

Esa diferencia merece explicación y vigilancia.

México sigue posponiendo la verdadera reforma fiscal

La LIF 2027 vuelve a demostrar que México está intentando fortalecer sus ingresos sin entrar completamente al debate estructural.

Seguimos evitando discutir a fondo:

informalidad, ampliación real de la base tributaria, federalismo fiscal, pensiones, subsidios, Pemex, productividad, eficiencia gubernamental y calidad del gasto.

Es políticamente más sencillo aumentar la eficiencia del SAT que rediseñar el sistema.

Pero tarde o temprano habrá que hacerlo.

Conclusión

El Proyecto de Ley de Ingresos 2027 puede resumirse en una paradoja:

no hay nuevos impuestos, pero sí existe una clara intención de recaudar mucho más.

Combatir la evasión es correcto.

Digitalizar al SAT es necesario.

Eliminar operaciones simuladas es indispensable.

Pero el contribuyente cumplido no puede convertirse permanentemente en la caja más fácil del Estado.

Con una economía creciendo modestamente, una deuda cercana al 55% del PIB, necesidades crecientes de gasto y una recaudación que pretende avanzar mucho más rápido que la actividad económica, México necesita algo más profundo que una administración tributaria cada vez más agresiva.

Necesita crecimiento.

Necesita formalidad.

Necesita inversión.

Necesita seguridad jurídica.

Y, sobre todo, necesita gastar mejor.

Porque la verdadera fortaleza de las finanzas públicas no consiste en descubrir cuánto más puede extraerse del contribuyente.

Consiste en construir una economía suficientemente fuerte para que el Estado recaude más sin tener que asfixiar a quienes producen, invierten, generan empleo y ya cumplen con sus obligaciones.

Ese debería ser el verdadero debate de la Ley de Ingresos 2027.

CPC Gilberto Soto Beltrán

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