* Soberanía, seguridad y el costo de negar la realidad

La presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido, como una consigna política, tres ideas: no al injnerecismo, respeto a la soberanía nacional y defensa de México frente a cualquier presión extranjera. En su discurso de Sinaloa las mencionó insistentemente, y desde entonces forman parte de la narrativa cotidiana del gobierno. El problema no está en defender la soberanía. El problema aparece cuando esa defensa se convierte en una explicación total de un conflicto que también involucra seguridad, crimen organizado, cooperación bilateral y responsabilidades institucionales.

No existe, hasta ahora, una amenaza militar directa de Estados Unidos contra México. Lo que existe son diferencias profundas frente a un problema común: la seguridad nacional. Washington considera que México constituye la principal plataforma de tránsito de drogas hacia su territorio y que las organizaciones criminales han alcanzado una capacidad operativa que las convierte en un desafío transnacional. En la nueva lógica estadounidense, algunos grupos son definidos como organizaciones narcoterroristas, una categoría que puede ampliar considerablemente los instrumentos legales y operativos para combatirlos.

México, por su parte, tiene razones históricas y políticas para desconfiar de cualquier intento de intervención. La soberanía no es una concesión ni una fórmula retórica: es un principio fundamental del Estado. Pero defenderla exige también capacidad para investigar, sancionar y transparentar. La soberanía no puede confundirse con impunidad, ni la cooperación internacional con subordinación automática.

En este contexto debe entenderse la solicitud estadounidense de detener, con fines de extradición, a diez funcionarios públicos de Sinaloa. El gobierno mexicano rechazó la petición argumentando que no existían pruebas suficientes y que cualquier acusación debía presentarse ante las autoridades nacionales. Formalmente, el argumento puede sostenerse. Sin embargo, la manera en que se ha manejado el caso genera dudas legítimas. La Fiscalía General de la República afirma no haber encontrado elementos para proceder, pero la investigación parece haber concluido con una rapidez y una discreción que alimentan la sospecha de que se buscó cerrar el expediente antes que esclarecerlo.

Han pasado casi cinco meses desde que Estados Unidos presentó la solicitud. Durante ese tiempo, el gobierno mexicano no ha ofrecido una explicación convincente ni ha mostrado una estrategia diplomática capaz de reducir la tensión. La negación, por sí sola, no es una política exterior. Mucho menos cuando están en juego la relación comercial, la inversión extranjera y la seguridad fronteriza.

México y Estados Unidos mantienen una interdependencia extraordinaria. El comercio bilateral se aproxima al billón de dólares, Estados Unidos concentra alrededor de la mitad de la inversión extranjera y ambos países comparten una frontera, cadenas productivas y problemas de seguridad que ningún discurso puede borrar. En esas condiciones, el enfrentamiento verbal puede producir beneficios políticos internos, pero difícilmente resuelve el conflicto.

La concentración convocada por Morena para el próximo domingo podría convertirse en el escenario para fijar una posición definitiva. Si vuelve a prevalecer el negacionismo, el gobierno estará desperdiciando una oportunidad crítica. Octubre se aproxima y, con él, la posibilidad de nuevas decisiones estadounidenses. El tiempo apremia.

Defender a México no significa negar los hechos ni refugiarse en consignas. Significa investigar con independencia, negociar con firmeza y reconocer que la soberanía se fortalece cuando las instituciones funcionan. El país necesita menos discursos de confrontación y más claridad. Porque, cuando llegue el desenlace, ninguna apelación retórica al nacionalismo podrá sustituir la responsabilidad de haber actuado a tiempo.