El dilema de todo poder legislativo en toda la historia y en todos los lugares es y ha sido construir el andamiaje constitucional del estado y sus instituciones para servir a la sociedad o convertirse en simple comparsa del poder ejecutivo, como la mayor parte de las veces ha ocurrido en todos lados, y pasa aquí en Sinaloa y en México ahora al extremo de ser legisladores al servicio del poder y del ejecutivo en turno, pero no de la representación popular que simbolizan.
Una expresión de ello ocurrió el martes pasado aquí en el congreso del estado cuando, en su sesión semanal de la comisión permanente, se enfrascaron en un debate sobre el «lunes negro» que acaba de pasar en Culiacán, como la escena de aquella película, La caída del halcón negro, referida a la guerra civil de Somalia en 1993, cuando, calle por calle, se dieron la batalla entre somalíes y norteamericanos. Lunes negro en Culiacán que dejó 12 personas muertas y otras diez heridas, una tarde de terror en cuatro colonias de Culiacán.
El debate lo encabezaron los diputados María Teresa Guerra Ochoa del partido Morena y el diputado Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, en el que coincidieron que había una crisis de inseguridad y violencia en el centro de Sinaloa, con la diferencia en la forma de acompañar a las víctimas: la sociedad en su conjunto prácticamente y en la forma de encarar al gobierno en su responsabilidad constitucional.
Con voz fuerte y tronante, la diputada Guerra Ochoa reconoció el daño social; al mismo tiempo, expresó que había que reconocer los esfuerzos del gobierno, aunque esos no eran suficientes precisamente porque se trataba de un problema que llevaba décadas incubado y a la alza año con año con la complacencia de la sociedad y los gobiernos. Al mismo tiempo, señalaba que uno de los peores trienios en materia de seguridad había sido el gobierno municipal de Sergio Torres cuando gobernó Culiacán.
La respuesta fue inmediata y Sergio Torres no se anduvo por las ramas al señalar que la presidenta de la Junta de Coordinación Política no está para andar defendiendo al gobierno, sino al Poder Legislativo, el cual estaba para escuchar y atender a las víctimas, solidarizándose con ellos y atendiendo sus miedos y su dolor, como también criticando la ineptitud de los cuerpos y sistemas de seguridad que sabían dónde estaba la incidencia constante de la violencia y criminalidad. Son tan incompetentes que no se les ocurre colocar un dispositivo de seguridad elemental de disuasión y contención.
Pero además refirió algo más sustancial respecto a que lo primero que requerían las víctimas era empatía; empatía, repitió la palabra, que debe definir nuestra conducta, máxime cuando existen víctimas colaterales de un enfrentamiento que ocurrió en cinco colonias por más de media hora y no hubo cuerpo de seguridad que acudiera al auxilio.
Y por último remató refutando la acusación de su gobierno municipal como uno de los más violentos, acusando a los asesores de la diputada Guerra Ochoa de que no le dan los datos correctos y que su desempeño está en los registros del sistema nacional de seguridad, retando a que los consultaran.
Lo cierto es que, al final del día, se necesitan las acciones de los diputados en atención a víctimas, revisión de las de los cuerpos de seguridad, comparecencia de funcionarios de ese rubro, de su desempeño, exigencia de resultados a la fiscalía del estado cuando ya vamos a cumplir 7 meses del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y el secuestro de Ismael Zambada, en el que, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, la fiscalía de Sinaloa está involucrada en montajes de crimen y aún ni una ni otra fiscalía rinden cuentas.
Solo por señalar un caso que ha sacudido a Sinaloa y que es el momento exacto en que se rompió la paz en el estado.
