La negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a suspender las tarifas especiales, en el cobro del servicio de agua potable, contenidas en reforma aprobadas por el Congreso, obliga a todas las autoridades y a todos los funcionarios a aplicar estas tarifas, señaló el diputado Feliciano Castro Meléndrez.

La reforma se refiere a la aprobación de parte del Congreso del Estado para que se apliquen tarifas especiales a adultos mayores y personas con discapacidad en el pago del consumo de agua, equivalentes a un 50 por ciento, siempre y cuando el consumo no supere los 50 metros cúbicos del vital líquido. La ley ya contemplaba esta tarifa especial para trabajadores pensionados y jubilados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa puntualizó que con la negativa a suspender las tarifas especiales, queda sin sustento la información que se manejó ante la opinión pública, de que la citada reforma a la Ley de Agua Potable es inconstitucional.

“Esto demuestra una vez más que una ley, un Decreto, emitido por el Congreso, publicado por el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, entra en vigencia. Y todas las autoridades están obligadas, todos los funcionarios están obligados a acatar lo que dispone la ley, hasta en tanto, que de presentarse una controversia, lo resuelva la Corte”.

Hoy, remarcó, hay una decisión que sin duda ratifica la legalidad que nosotros hemos venido reivindicando. El diputado Feliciano Castro precisó que el Congreso del Estado ya fue notificado por la Suprema Corte de justicia de la Nación.

En la misma entrevista participó el diputado Serapio Vargas Ramírez, quien exhortó al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, así como al Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán a que de manera inmediata declaren insubsistentes sus acuerdos de no aplicar la ley, so pena de que ahora sí no la aplican, pueden empezar a incurrir en actos delictivos.

Precisó que los ciudadanos que tengan derecho al beneficio de las tarifas especiales pueden acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, que es el camino jurídico a seguir para exigir que se cumpla ley.

REDACCIÓN/VISIÓN CIUDADANA.