En México ya no basta con querer emprender, invertir o constituir una empresa. Ahora, antes incluso de iniciar operaciones, el Estado quiere decidir si eres “confiable” para existir fiscalmente.

La nueva Regla 2.4.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 marca un antes y un después en la relación entre el contribuyente y la autoridad. Bajo el discurso de combatir empresas fantasma, simulación y evasión, el SAT ha dado un paso más allá: convertir el Registro Federal de Contribuyentes en un mecanismo de autorización política y fiscal para operar.

Y eso es extremadamente peligroso.

Porque el RFC dejó de ser un registro administrativo para convertirse en una licencia de existencia económica.

La lógica de la reforma es simple pero profundamente preocupante:
primero te consideran un riesgo… y luego tú debes demostrar que no lo eres.

La autoridad fiscal podrá negar la inscripción de una persona moral cuando detecte “situaciones fiscales” relacionadas con socios, accionistas, representantes legales o estructuras corporativas. El problema es que nadie explica claramente qué significa exactamente una “situación fiscal” ni cuáles serán los criterios objetivos utilizados para bloquear el acceso al RFC.

¿Bastará con haber sido socio de una empresa observada?
¿Compartir domicilio con otra entidad?
¿Tener operaciones consideradas atípicas?
¿Aparecer en cruces automatizados del SAT?
¿Ser catalogado por algoritmos de riesgo?

Nadie lo sabe.

Y ahí comienza el verdadero problema:
la discrecionalidad.

La reforma parece inspirada más en modelos de vigilancia preventiva y perfilamiento fiscal que en principios de seguridad jurídica. El SAT no esperará a fiscalizar operaciones reales; ahora pretende evaluar “riesgos potenciales” antes de permitir siquiera que una empresa nazca fiscalmente.

Estamos frente a un modelo donde el contribuyente deja de presumirse lícito y comienza a presumirse sospechoso.

Eso rompe uno de los pilares básicos de cualquier Estado de Derecho.

El impacto económico puede ser enorme. Sin RFC una empresa no puede facturar, abrir cuentas bancarias funcionales, contratar, operar ni integrarse formalmente al mercado. En términos prácticos, negar el RFC equivale a impedir el ejercicio de actividades económicas.

Y todo esto bajo un procedimiento sumario donde el contribuyente tendrá únicamente 10 días para desvirtuar la supuesta irregularidad detectada por la autoridad.

Diez días.

Diez días para acreditar estructura corporativa, sustancia económica, beneficiario controlador, operaciones reales, documentación financiera y legitimidad empresarial.

No se trata de combatir evasores; eso nadie lo discute. El problema es cuando el combate a la evasión se convierte en una herramienta de control excesivo sobre la actividad económica legítima.

Porque cuando el Estado puede decidir discrecionalmente quién puede entrar al sistema tributario y quién no, el riesgo ya no es únicamente fiscal.

Es institucional.

La Regla 2.4.17 refleja claramente el nuevo paradigma del SAT:
menos fiscalización posterior y más control preventivo absoluto.

El contribuyente mexicano ya no será auditado únicamente por lo que hace, sino por lo que la autoridad cree que podría llegar a hacer.

Y esa diferencia cambia todo.

La preocupación no es menor. Hoy el SAT cuenta con herramientas tecnológicas, minería de datos, inteligencia artificial, cruces masivos de información, monitoreo bancario, CFDI, listas negras y perfiles de riesgo automatizados. En manos de una autoridad sin límites claros, cualquier inconsistencia puede convertirse en un bloqueo administrativo.

El problema no es la tecnología.
El problema es la ausencia de contrapesos.

Porque en un país donde abrir una empresa debería ser incentivado, hoy pareciera que primero hay que pedir permiso para demostrar que uno merece existir fiscalmente.

La pregunta de fondo es brutal:

¿Estamos combatiendo empresas fantasma… o construyendo un sistema donde cualquier empresario puede convertirse en sospechoso antes de comenzar?

México necesita combatir la evasión, sí.

Pero jamás a costa de destruir la seguridad jurídica, la libertad económica y la presunción de licitud que deben proteger a cualquier ciudadano frente al poder del Estado.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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