Culiacán, Sinaloa, 1 de abril de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por mayoría la remoción de la titular de la Unidad Técnica de Evaluación, Silvia Alejandra Pineda Prado, a propuesta de la Comisión de Fiscalización, y además se propone extinguir esta Unidad.

En Sesión Extraordinaria que tuvo lugar este martes, se sometió a análisis y evaluación del dictamen que presentó la Comisión de Fiscalización, que propone la remoción de la citada funcionaria.

En el dictamen aprobado se establece que “Se declara actualizada la causal de remoción por ineficiencia prevista en el primer párrafo, del artículo 11, del Reglamento Interior de la Unidad Técnica de Evaluación, a cargo de la C. Silvia Alejandra Pineda Prado, Titular de la Unidad Técnica de Evaluación del H. Congreso del Estado de Sinaloa”.

Asimismo se solicita al Congreso que se notifique a Pineda Prado de la decisión tomada.
Además de lo anterior, la Comisión de Fiscalización advierte que hay “duplicidad de funciones entre la Unidad Técnica de Evaluación y el Órgano Interno de Control, en razón de ello, se valora la pertinencia de un cambio a la normativa constitucional, legal y reglamentaria sobre la materia, a fin de transitar a una eventual extinción de este organismo”.

Por tal razón, en el dictamen aprobado se contempla que “una vez que entre en vigor el presente Acuerdo, deberá entrar en el análisis la pertinencia de la extinción de la Unidad Técnica de Evaluación”.
En el único artículo transitorio que contempla el dictamen se establece que: “El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación”.

El artículo 11 referido establece expresamente que la persona Titular «durará en su cargo un período de cuatro años, prorrogable por otro periodo, previa aprobación del Pleno del Congreso, y podrá ser removida por falta de honradez, ineficiencia, incapacidad física o mental, o la comisión de algún delito».

Para el caso de Pineda Prado, se argumenta que “hallazgos de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, constituyen evidencia objetiva de ineficiencia, al demostrarse el incumplimiento sistemático y prolongado de las obligaciones sustantivas del cargo, consistentes en su omisión de elaborar y proponer a la Comisión de Fiscalización la emisión de reglamentos internos, lineamientos, circulares y demás disposiciones administrativas necesarias para el funcionamiento de la Unidad, por las que se regularan la realización de las auditorías y las evaluaciones de desempeño de la Auditoría Superior del Estado”.

En el dictamen aprobado (con 27 votos a favor y 6 en contra) se deja en claro que se respetó en varias ocasiones el derecho de audiencia de Pineda Prado.

REDACCIÓN/VISION CIUDADANA.