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Visión Ciudadana

QUINTO INFORME (4TA DE 5 PARTES)

* Sinaloa: gobierno en piloto automático y turbulencia nacional.

 

Si quedaba una rendija de oportunidad para rescatar al gobierno rochista, esa rendija terminó convertida en escombro cuando el gobernador, el presidente municipal de Culiacán y otros funcionarios fueron señalados en solicitudes de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos. Ahí la crisis dejó de ser sinaloense y se volvió nacional.

 

El Gobierno federal quedó atrapado entre dos fuegos: ceder ante Washington o defender la soberanía nacional. Optó por lo segundo, como correspondía —al menos en el discurso—, pero el costo político fue enorme. Porque una cosa es plantarse frente a una potencia extranjera y otra muy distinta es explicarles a los ciudadanos por qué, mientras se defiende al país, el estado se queda sin rumbo, sin autoridad y sin respuestas.

 

Desde entonces, Sinaloa navega sin capitán. O, para decirlo con mayor precisión, navega con funcionarios aferrados al timón de un barco que lleva meses haciendo agua. El aparato gubernamental sigue funcionando por inercia: se firman documentos, se inauguran obras, se pronuncian discursos y se toman fotografías. Pero gobernar no es únicamente mantener abiertas las oficinas. Gobernar también implica ofrecer certeza, asumir responsabilidades y decirle a la sociedad qué está pasando.

 

Y eso es precisamente lo que no se ha dicho.

 

La llegada de Graciela Domínguez fue presentada, quizá, como una oportunidad para borrar la imagen del rochismo. Pero cambiar nombres en los escritorios no equivale a cambiar el rumbo. Sustituir funcionarios por integrantes del mismo grupo puede producir una renovación administrativa, pero no necesariamente una ruptura política. Hasta ahora, no se ha escuchado un deslinde claro, firme y contundente respecto de la herencia recibida.

 

Y no se trata de exigir una cacería política ni una hoguera pública. Se trata de algo mucho más elemental: transparencia. ¿En qué condiciones se recibió el gobierno? ¿Qué deudas existen? ¿Qué investigaciones están abiertas? ¿Qué problemas se agravaron? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál es el plan?

 

El quinto informe de gobierno podría ser la ocasión para responder, aunque quizá la oportunidad llegue tarde. Aun así, sería mejor un diagnóstico incómodo que otro catálogo de triunfalismos. Porque si el informe se limita a enumerar obras, programas y cifras maquilladas, entonces no será un balance: será un acto de prestidigitación política.

 

Cargar con el gobierno de Rubén Rocha sin revisar sus saldos sería una irresponsabilidad mayúscula. Es la misma lógica del “ahí se va”, esa vieja tradición mexicana según la cual nadie sabe quién tomó la decisión, pero todos esperan que otro pague la factura. El problema es que las facturas acumuladas ya no caben debajo de la alfombra.

 

Los municipios tampoco están mejor. Presentarán sus informes mientras enfrentan inseguridad, deterioro institucional y falta de confianza pública. Habrá discursos solemnes, aplausos protocolarios y seguramente alguna frase sobre el futuro. Pero el futuro no se construye con propaganda: se construye reconociendo el desastre presente.

 

Si la administración insiste en reproducir el mismo grupo, los mismos métodos y la misma falta de explicaciones, Sinaloa seguirá atrapado en una crisis sin salida política. Y mientras tanto, los problemas estructurales crecerán: inseguridad, debilitamiento institucional, impunidad y una economía cada vez más vulnerable.

 

La pregunta ya no es si existe una crisis. Eso está a la vista. La pregunta es si alguien tendrá el valor de nombrarla, asumirla y comenzar a corregirla. Porque un gobierno puede sobrevivir varios meses por inercia, pero ningún estado puede vivir indefinidamente sin dirección.

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