Culiacán, Sinaloa; Agosto 25 de 2026.- Durante la sesión en la que el Congreso del Estado analizó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para designar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa, la diputada priista Irma Moreno Ovalles fijó la postura del Grupo Parlamentario del PRI, anunciando su voto en contra al considerar que el nombramiento no resuelve la crisis política e institucional que enfrenta la entidad.

Desde tribuna, la legisladora señaló que la decisión que tome el Congreso no solo marcará el rumbo inmediato de Sinaloa, sino también la responsabilidad histórica y política de quienes participan en el proceso.

Moreno Ovalles aclaró que la oposición del PRI no está centrada en la persona propuesta para ocupar el cargo, sino en el contexto que originó la designación. Recordó que, tras permanecer separado del cargo durante 112 días, el gobernador Rubén Rocha Moya regresó a sus funciones por aproximadamente 34 horas antes de solicitar una nueva licencia temporal, situación que calificó como anormal y preocupante para la vida institucional del estado.

La diputada sostuvo que el Congreso tiene la obligación constitucional de nombrar a quien ejerza interinamente la gubernatura, pero afirmó que cumplir con ese procedimiento no implica ignorar las circunstancias que dieron origen a la crisis política.

Entre los argumentos expuestos para justificar el voto en contra, destacó que la licencia concedida al mandatario es de carácter temporal y no constituye una falta absoluta, por lo que jurídicamente sigue existiendo un gobernador constitucional con posibilidad de reincorporarse al cargo. En ese sentido, advirtió que no puede sustituirse la certeza jurídica por acuerdos o definiciones políticas.

Asimismo, señaló que continúan abiertas investigaciones y cuestionamientos que, a juicio de su bancada, deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. Indicó que la designación de un gobernador interino no cancela los señalamientos existentes ni responde a las interrogantes que persisten en torno a la situación política del estado.

La legisladora también afirmó que el Congreso debe ejercer plenamente sus facultades de control y rendición de cuentas, y no limitarse únicamente a resolver la ausencia temporal del titular del Poder Ejecutivo.

Asi pues, anunció que el Grupo Parlamentario del PRI respaldará la denuncia que un grupo ciudadano presentará para promover un juicio político contra Rubén Rocha Moya. Precisó que dicho procedimiento deberá desarrollarse por las vías institucionales, con apego a la Constitución, respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

“No estamos pidiendo una condena anticipada; estamos pidiendo que se abra el procedimiento institucional que permita determinar las responsabilidades políticas que correspondan”, expresó.

Con esta postura, el PRI confirmó su rechazo al dictamen que propone a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa, al considerar que la crisis política e institucional que vive la entidad permanece sin resolverse.

REDACCIÓN/CELINA FONSECA.