Culiacán, Sinaloa, 19 de mayo de 2026.- La diputada Paola Gárate presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa con el propósito de cerrar espacios a la corrupción, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos destinados a infraestructura pública se ejerzan en beneficio de la ciudadanía.

La legisladora priista señaló que esta propuesta busca impedir que servidores públicos, sin importar su origen partidista, desvíen recursos que deben destinarse a obras para beneficio de la población sinaloense.

Destacó que la iniciativa es resultado del trabajo conjunto de diputadas y diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, a partir de los hallazgos documentados por Iniciativa Sinaloa, los cuales revelan que 14 empresas y 11 grupos empresariales concentran el 57 por ciento de los recursos destinados a obra pública estatal.

Asimismo, indicó que tres agrupaciones de contratistas absorbieron más de 850 millones de pesos provenientes del financiamiento destinado a infraestructura municipal, situación que, afirmó, evidencia la necesidad de impedir que la opacidad y la corrupción conviertan el presupuesto público en un botín político y económico.

Entre los principales puntos de la reforma destaca el establecimiento de plazos exactos y obligatorios para la publicación de documentos esenciales relacionados con contratos de obra pública, incluyendo pagos reales, facturación, subcontrataciones y la identificación de quienes controlan las empresas contratistas, con el objetivo de transparentar la ruta del dinero público y facilitar la identificación de responsabilidades en casos de corrupción.

La iniciativa también contempla medidas para evitar la simulación de competencia en licitaciones, impedir que empresas catalogadas por el SAT como emisoras de facturas falsas participen en concursos de obra pública y establecer un límite del 20 por ciento del presupuesto para adjudicaciones directas, ya que la legislación vigente no contempla ningún tope en este rubro.

Paola Gárate advirtió que la ley actual permite ocultar quiénes están detrás de las empresas contratistas y dificulta detectar posibles actos ilícitos contra el erario, por lo que propone que todos los contratos identifiquen al beneficiario controlador, que dicha información quede asentada en el padrón de contratistas y que proporcionar datos falsos derive en la cancelación del registro correspondiente.

La propuesta incluye además la prohibición de contratar obra pública mediante comités inoperantes, estableciendo sanciones graves para los titulares de las instituciones que incumplan esta disposición. Asimismo, plantea fortalecer la figura del testigo social mediante la creación de un órgano ciudadano de vigilancia permanente con acceso a información en tiempo real.

En materia de sanciones, la iniciativa plantea ocho nuevas infracciones tipificadas, multas de hasta el 15 por ciento del monto contratado, inhabilitaciones de tres a cinco años y la nulidad absoluta de contratos en los casos considerados más graves.

LLAMADO A LA MAYORÍA LEGISLATIVA

Durante la presentación de la iniciativa, la diputada hizo un llamado a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados para respaldar la propuesta.

“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado enfrenta la decisión de permitir que continúen prácticas de opacidad y desvío de recursos o respaldar iniciativas “verdaderamente transparentes, ciudadanas y a la altura de lo que la sociedad merece”.