Existe un ejercicio intelectual sumamente antiguo y siempre necesario: el de distinguir la caridad de la demagogia, y el verdadero compromiso social de la compra diferida del sosiego público. Cuando se examina la contabilidad del Estado no desde la fe militante, sino desde el elemental sentido común, el panorama deja de ser una épica de la justicia para transformarse en una crónica del descalabro previsible.

Hace más de dos años, la administración de AMLO dejó tras de sí una herencia contundente: una deuda de 17 billones de pesos —siete billones más de los acumulados al cierre del sexenio anterior— tras haber agotado casi la totalidad de los fondos y reservas financieras construidos en etapas pasadas. A este pasivo se sumó una pesada servidumbre estructural: un gasto social anual que superaba el billón de pesos. Lejos de imponerse la prudencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum profundizó la inercia ampliando los compromisos con medidas como la pensión para mujeres mayores de 60 años y la beca Rita Zetina para la educación básica. El resultado es que la factura social roza ya los dos billones de pesos, absorbiendo cerca del 20% de todo el presupuesto público nacional. Con una deuda que amenaza con alcanzar los 20 billones al cierre del año y la proyección de superar los 21 billones en 2027 —alrededor del 55% del Producto Interno Bruto—, el margen de maniobra del Estado se estrecha peligrosamente.

Lo grave no es que un país invierta en sus ciudadanos más vulnerables; lo trágico es hacerlo mediante la ficción de unos recursos infinitos que no existen. El Gobierno se encuentra atrapado en la paradoja del prestidigitador que se ha quedado sin conejos en el sombrero. Los intentos por corregir el rumbo mediante ajustes de gasto han chocado frontalmente con las servidumbres electorales. El caso de las llamadas «pensiones doradas» del sector público representa un ejemplo paradigmático de esta impotencia: el proyecto inicial de topar las pensiones superiores a los 75.000 pesos se diluyó ante la presión sindical, manteniendo privilegios que alcanzan hasta los 150.000 pesos mensuales. Un botón de muestra es la nómina de los jubilados del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro, donde un colectivo de 14.000 pensionados absorbe unos 26.000 millones de pesos anuales —un promedio de 155.000 pesos mensuales por persona—. La ansiada meta de recuperar 100.000 millones de pesos por esta vía quedó reducida a la nada debido al peso del clientelismo.

Entretanto, áreas sustantivas como la salud pública y la educación superior experimentan una degradación progresiva bajo el manto conceptual de una «austeridad» que a menudo maquilla la simple ineficacia. Resulta pertinente preguntarse por qué no se revisan duplicidades patentes, como la percepción simultánea de la pensión universal de adultos mayores por parte de quienes ya reciben una pensión contributiva del IMSS o del ISSSTE. Ajustar este renglón en un universo de casi siete millones de beneficiarios liberaría cerca de 250.000 millones de pesos anuales, cifra suficiente para aliviar el déficit de las universidades públicas —estimado en 50.000 millones— y sanear las cuentas del sistema sanitario.

Del mismo modo, resulta inevitable interrogarse sobre el destino y la efectividad del llamado instituto para devolver al pueblo lo robado. La recuperación efectiva de los recursos extraviados en escándalos de corrupción o el atajamiento de los sobrecostos en las grandes obras de infraestructura social y de transporte ofrecerían, sin duda, un alivio sustancial al déficit fiscal. Sin embargo, la política prefiere a menudo la comodidad del subsidio generalizado a la disciplina de la gestión rigurosa. Financiar el presente a costa de comprometer el futuro no es un acto de justicia distributiva, sino una forma postergada de irresponsabilidad.