Las crisis verifican quiebres, y los quiebres, pérdidas.
Ailynn Torres Santana
Llego tarde con mi columna, pero muy a tiempo para celebrar la alegría de vivir con mi esposa. Después de algunos días de desesperante incertidumbre la ciencia y la vida le dan la oportunidad de retomar sus pasos junto a la familia, a buena y segura andadura. La operación fue un éxito y su recuperación se ha iniciado a zancada firme. Estamos en deuda con el doctor Sergio Loza Rivera y el gran equipo de cirujanos, anestesiólogo y enfermeras, que en el quirófano y en el hospital realizaron el trabajo profesional que demandaba la situación de la paciente. Nuestro eterno agradecimiento.
Cuando aún lamentamos la tragedia de los 59 inmigrantes que fallecen en Chiapas al volcarse el trailer en que viajaban, recibo de parte del José Luis Pérez Canchola el mensaje siguiente:
“Hoy más que nunca es necesario insistir en la expedición automática de visas humanitarias para las familias migrantes de Centroamérica que llegan a la frontera sur de México huyendo de la violencia y el crimen…
“La propuesta es que sean visas humanitarias con libertad de tránsito en el territorio nacional y con permiso temporal de empleo hasta por 6 meses, para quien lo solicite… Urge considerar está posibilidad. De lo contrario estas familias migrantes que entran a México sin documentos, seguirán siendo víctimas de traficantes de personas, de extorsionadores, de secuestradores, de policías corruptos y de criminales dedicados a la trata…
Suscribo las palabras de mi amigo y director de la oficina municipal de Atención al Migrante en Tijuana. Las olas de migración no son un fenómeno reciente, pero cobran en estos días y en nuestro continente una fuerza y una actualidad como en las épocas de mayor peregrinaje humano. Ayer fue el África volcándose en Europa, hoy es Centroamérica buscando acortar la geografía que la separa de Estados Unidos. Ambas diásporas se hermanan en el hambre, la injusticia social y la violencia que ahogan las regiones expulsoras de migrantes.
México es un país de migrantes también, nos lo dicen muy claramente los más de 30 millones de compatriotas y descendientes que viven en EU y somos un país por el que tienen que transitar nuestros hermanos latinoamericanos que emprenden la aventura de cruzar la frontera norte en busca ya no del sueño americano, sino de alcanzar el elemental pan para sus familias. Y el asunto no ha sido abordado con la gravedad que el caso demanda. Tenemos que reconocer que en años anteriores y en este gobierno de la 4T se atiende más a la presión norteamericana que una postura nacional congruente con nuestra filosofía y tradiciones históricas.
El problema está creciendo y obliga a definiciones sin dilación. Llegan por la puerta sur de México decenas de miles de centroamericanos, pero también caribeños y no faltan grupos de asiáticos, entre otros. Y la vida en la frontera norte empieza a complicarse con la presencia creciente de migrantes, sobre todo las ciudades de Baja California, en especial Tijuana. Con o sin acuerdos internacionales, urge una política clara y humanitaria de México.
El pasado 10 diciembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa; el colectivo Camilo, Justicia para todos; Movimiento de Unidad Socialista de Sinaloa (MUS-Sinaloa); Consejo Navolatense de Derechos Humanos; Movimiento Amplio Social Sinaloense de Mazatlán (MASS-Maz); activistas de Guasave y Escuinapa, en un esfuerzo sin precedente organizamos una jornada simultánea de conmemoración del 73 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Realizamos actos públicos en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Navolato, Mazatlán y Escuinapa, lo cumplimos.
En esos actos se leyó un documento central al que llamamos Declaración de Sinaloa. En él pusimos énfasis en la importancia de la fecha y de la actualidad que cobran las reformas a la Constitución Política del 10 de junio de 2011, que elevan a rango constitucional los derechos humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluido su protocolo, pues en ellos se confirma la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la imprescriptibilidad de los derechos humanos. En pocas palabras, la obligatoriedad del Estado (del gobierno) para el cumplimiento de todos los derechos a todas y todos los ciudadanos.
En el documento se reivindican las demandas más sentidas de todos los movimientos sociales que participaron en los actos: desplazados, familiares con desaparecidos, vendedores ambulantes, tiangueros, pepenadores, campesinos, pescadores, discapacitados, periodistas, precaristas sin casa, indígenas, entre otros. La pandemia y la crisis económica que la acompaña, están profundizando los problemas y carencias que ya se identificaban con los sectores sociales más vulnerables económica y socialmente. Lo que obliga al Estado a reelaborar las políticas públicas y a la sociedad a cultivar un activismo más dinámico y comprometido para que la cultura de los derechos humanos sea el vértice de los afanes de la sociedad civil y de los compromisos del Estado mexicano. Vale.
Twitter @Oscar_Loza
