Culiacán, Sinaloa. A 21 de noviembre de 2024.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a cinco iniciativas, dos relativas al permiso otorgado y prolongación del mismo a mujeres por casos de interrupción legal del embarazo cuando se requiera mayor atención médica, y también otorgar permiso al esposo o concubino.
Las otras iniciativas son relativas a violencia cometida contra alumnado de planteles escolares, proteger a mujeres con discapacidad por hechos violentos en su contra, y establecer en la Constitución de Sinaloa la prohibición del maltrato animal.
Las dos primeras iniciativas fueron presentadas por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la 64 Legislatura, Daniel Antonio Cisneros Castro y Rubén Miranda López, quienes proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa.
Los objetivos de estas reformas son otorgar a la mujer trabajadora, permiso para ausentarse de su centro de trabajo de dos semanas de descanso con el pago de salario íntegro en los casos de interrupción del embarazo por aborto natural, espontáneo o clínico. Dicho permiso podrá prolongarse, cuando por dictamen médico relativo al estado de gravedad de salud se requiriera mayor atención médica.
Asimismo, se contempla que el hombre trabajador tendrá derecho a cinco días de descanso con el pago de salario íntegro si su esposa o concubina se encontrase en los supuestos mencionados.
En la segunda iniciativa, se propone llevar estas mismas reformas ante la Cámara Federal de Diputados para modificar la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa relativa a violencia cometida contra alumnado de planteles públicos, fue presentada por las diputadas y diputado del PRI de la actual Legislatura, Paola lveth Gárate Valenzuela, lrma Guadalupe Moreno Ovalles y Bernardino Antelo Esper, quienes proponen reformar y adicionar la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
En lo que corresponde a la Ley de Educación, se propone que en caso de que las y los docentes, el personal que labora en los planteles educativos públicos y privados, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, niñas y niños deberán registrar y notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades competentes, cuando presenten lesiones u otros signos de maltrato o violencia física, sexual o psicológica que pudiera constituir un delito o afectar su desarrollo integral.
El artículo que se propone adicionar a la Ley de Salud establece que “Los establecimientos en los que se presten servicios de atención médica, y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades competentes, los casos en que se les requieran servicios de atención médica para niños y niñas que presenten lesiones u otros signos de maltrato o violencia física o sexual que presumiblemente se encuentren vinculadas a la violencia familiar, sexual, o cualquier otro hecho ilícito.
REDACCIÓN/VISIÓN CIUDADANA.
