Durante muchos años fue una broma de mal gusto, pero se daba, llamar al último año de gobierno “el año de hidalgo” frase que remataba con un “chingue su madre el que deje algo”, en clara alusión al robo y hasta saqueo que algunos gobernantes hacían incluyendo sus oficinas, pero en la medida que las sociedades fueron evolucionando y cada vez más críticas y severas con esos gobernantes, dicha práctica fue disminuyendo hasta crearse en el 2010 aquí en Sinaloa la ley de “entrega recepción” donde se establecieron medidas muy específicas para terminar con los “años de hidalgo”.

La ley de entrega – recepción, junto con la ley de disciplina financiera, está enfocada principalmente para controlar el presupuesto y el endeudamiento, prácticas de desvíos y prestamos muy recurrentes que dejaban también por esa vía, temblando la administración estatal o municipal según fuera el caso.

Hoy al parecer, aun con estas dos leyes, los fines de trienios y sexenios, lo que prevalece son las complicidades y la falta de valor de la división de poderes como ocurrió recientemente con el caso Quirino Ordaz – Rubén Rocha.

Por que no se explica de otra manera, que estando prohibido por la ley de “disciplina financiera” que ningún presidente municipal y gobernador debe de dejar deuda de corto plazo, debiendo saldarla por lo menos 90 días antes de la entrega de su mandato, habiendo Quirino Ordaz dejarle más de 3600 millones de deuda a Rubén Rocha.

Pero al mismo tiempo, la no aplicación de la ley de “entrega – recepción”, permitió que el gobernador electo, un mes antes de tomar posesión Rubén Rocha, ya le había otorgado una “carta en blanco” admitiendo que todas sus cuentas que le entregaba Quirino Ordaz, cuando había desvíos de recursos, por lo menos los fondos del instituto de pensiones del estado de Sinaloa (IPES) por casi 1300 millones de pesos.

Eso indiscutiblemente se puede catalogar como los primeros actos de corrupción del nuevo gobierno de Rubén Rocha, que luego se sumaran, por lo menos, la compra de medios de comunicación y comunicadores, para emprender su persecución política contra la UAS, gasto que se calcula en más de 500 millones cuando en el presupuesto apenas se le autorizaron 90 millones.

Doloso es sin duda el ocultamiento de recursos públicos mediante complicidades, como lo es también la violación de leyes como lo de “disciplina financiera” y “entrega – recepción”, que aunado a coartar la libertad de expresión ya resulta mucho más grave.

Y lo es, por que la libertad de expresión y el derecho a la información, son principios para el desarrollo del conocimiento y la libertad de pensamiento, principios que se coartan con esa mercantilización de las empresas de comunicación y comunicadores que se coluden con los emisores noticiosos como lo es el gobierno del estado.

Si, hasta ese nivel ha llegado el gobierno de Sinaloa, nos encontramos como sociedad, atrapados en un pernicioso juego de perversión política en el que no debiera el gobierno inmiscuirse si no tan solo apegarse a los principios del estado de derecho y salvaguardar que prevalezca.

Por que todo eso significa que nos lleva al origen de las leyes o lo que es lo mismo: “el año de hidalgo” “que chingue a su madre el que deje algo”.

Así decían los viejos caciques políticos ¿estaremos regresando a esos tiempos?