Para mi amigo José Luis Zavala Cabanillas, funcionario público ejemplar, un abrazo

La fiscalía puso ante el juez al rector de la UAS Jesús Madueña y al abogado general Robespierre Lizárraga, por abuso de autoridad, al impedir que la ASE (auditoria superior del estado), interviniera los archivos de la contabilidad de la UAS por considerar que no tenia atribuciones ni facultades para hacerlo, ya que esta corresponde a la ASF(auditoria superior de la federación). Por tratarse de ingresos federales.

Ayer 17 de agosto, los abogados defensores del rector Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga, presentaron un recurso para dejar sin efecto dicha denuncia, precisamente por que la UAS no recibió durante todo el 2022, recursos estatales, como lo hizo constar la defensa de los acusados,

demostrando con ello, que quienes si incurrieron en un acto ilegal eran la auditoria superior del estado y la misma fiscalía al darle procedencia a un acto sin sustento.

Por lo que deben quedar sin efecto, según la defensa, la denuncia presentada en contra de las autoridades universitarias.

En la solicitud que se presentó por la defensa de las autoridades universitarias a la fiscalía para dejar sin efecto la denuncia de la ASE, se anexo, tanto la fe pública del notario Nº162, el Lic. Ismael Arenas, quien testimonio la presencia de la ASE en las instalaciones de la torre de rectoría y la respuesta del abogado Robespierre Lizárraga quien asumió la defensa del acto, sumamente arbitrario de la auditoria superior del estado.

Ademas se anexa también el informe que la unidad de transparencia del gobierno del estado, contesto a una solicitud en la plataforma nacional de transparencia, la cual contesto el responsable de dicha unidad, Cesar Tadeo Ramírez Hernández, que la Universidad Autónoma de Sinaloa no había recibido ningún recurso fiscal estatal en el año 2022.

Con lo que la defensa comprueba que ni el rector ni el abogado general de la UAS cometieron ningún acto arbitrario ni ilegal, por la sencilla razón que la ASE no puede auditar recursos que el gobierno del estado no entrego, como también por que no tienen facultades para auditar recursos federales.

Por lo que la defensa del rector y el abogado general de la UAS, si la fiscalía es imparcial, deberá desistirse de la acción para vincular a proceso al rector y al abogado general.

La defensa sin duda ha sido contundente y hace valer ante la fiscalía, que de proceder en la implicación real de los acusados, estaría cometiendo una ilegalidad y por lo tanto incurriendo en una arbitrariedad y manejo faccioso de la justicia. Ya veremos en que posición se coloca la representación social y el mismo juez ante este dilema: la ley o la venganza.