Si cuando había en los programas federales y estatales esquemas de atención a las demandas sociales de vivienda, espacios y recursos territoriales, era difícil resolverlo, cada año se acumulaban los saldos, de tal manera que el déficit actual en este renglón no tiene más solución de corto plazo, mucho menos con los aparatos públicos que tienen y la burocracia que no sabe de qué se trata este problema.
Después de haber arremangado con la camioneta del gobernador a los precaristas hace dos semanas, recibió el pasado viernes a una comisión de dirigentes sociales, como Marcos García Espinoza, Óscar Loza Ochoa, Noé Salvador Rodríguez y Miguel Ángel Gutiérrez, resolviendo crear una mesa de trabajo en varias zonas del estado, como paso inicial para definir un programa de soluciones e inversión.
De entrada, se muestra que el gobierno no tiene nada sobre el tema y que ya llevan 18 meses con una burocracia en el ocio y el gobierno sin idea ni dinero, donde destaca la secretaria de bienestar, María Inés Pérez Corral y el director de CVIVE, Antonio Castañeda.
Desde hace poco, más de 30 años se diseñó y construyó hasta un instituto de la vivienda (INVIES), con diagnostico poblacional y una estrategia de inversión para un modelo de vivienda popular, la pregunta que habría que hacer es ¿Por qué lo desmontaron, encargándose de ello el exgobernador Quirino Ordaz? Por que como consecuencia de eso el día de hoy no tienen nada para la resolución del problema de vivienda en Sinaloa.
El problema de la vivienda es similar al problema de los desplazados en Sinaloa, que creen que surgió en el año 2008 debido a la llamada “guerra de Calderón”, ignorando por completo que en Sinaloa ese fenómeno se desarrolló desde 1954, cuando se prohibió el cultivo, transporte y tráfico de estupefacientes, que hizo ilegal los cultivos de mariguana y amapola en diez municipios de Sinaloa y entonces, se inició por parte del ejercito la campaña permanente para la erradicación del narcotráfico, que mermo fuertemente el trabajo de los sierreños al convertirlos en ilegales, dejarles sin trabajo y obligarlos a huir y emigrar a otros municipios y estados como Sonora y Baja California Sur.
Este proceso ha producido que en la sierra de Sinaloa (diez municipios) la población tenga doble residencia y hasta triple, siendo desplazados permanentemente de una situación irresoluble y menos ahora que los cultivos de amapola y mariguana ya no son rentables, tanto que quienes pululan por la nuestra sierra madre occidental, son narcos, gavillas y el ejército. Pobladores solo hay y existen en función de los otros.
Precisamente porque no hay proyectos productivos alternativos y ningún gobierno (con excepción de Don Alfonso G. Calderón), han hecho algún intento serio al respecto.
Está bien eso de “los pueblos mágicos” y la producción “casera”, pero eso no da para desarrollar una comunidad, se requiere mucho más y constancia.
Esa es la migración interna, pero también tenemos la migración estacional que cada año deja un remanente en campos y ciudades que se hacinan dónde pueden, con los milenarios lemas “donde come uno, comen dos, o “donde viven dos, viven tres”, pero es un fenómeno permanente que se suman a esos saldos que va dejando la desatención gubernamental.
Yo no sé qué piensan los dirigentes de los “precaristas”, pero deben estar muy preparadas por que pueden andar “de la ceca a la meca”, sin solución práctica y tangibles con la intención más de desgastarlos que de resolverles los problemas.
Y lo digo porque hasta ahora no han dicho una palabra desde el amigo Tony Castañeda, pasando por la secretaria de bienestar, hasta el gobernador Rubén Rocha de como resolverán este problema. Un signo muy malo porque no han tenido voluntad, ni idea y eso es un indicio. Ojalá me equivoque y no sea otra patada al bote, como dice el amigo Oswaldo Villaseñor
