Desde hace casi cuatro años, cuando Andrés Manuel López Obrador aún gobernaba el país, advertíamos que lo único que le faltaba a la Cuarta Transformación (4T) para consumar su frenesí por absorber recursos y demoler instituciones eran los fondos de pensiones y los del Banco de México. Hoy, tras la presentación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ley para regular las pensiones del sector público, y el reciente fallo de la Suprema Corte sobre la prohibición de dobles jubilaciones en todas las instituciones, se vislumbra el fin de las llamadas «jubilaciones doradas». Estas, otorgadas por camarillas sindicales y élites gubernamentales, en ocasiones superaban los $100,000 mensuales e incluso llegaron a alcanzar el millón de pesos.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum se basa en el principio fundamental de no eliminar derechos ni desconocer pensiones y jubilaciones existentes. Al contrario, busca ordenar estos esquemas para garantizar pensiones justas y sostenibles, con el objetivo de promover la equidad salarial, erradicar abusos y fomentar una justicia social más decorosa. La reforma al artículo 127 de la Constitución es especialmente significativa, pues establece que las nuevas medidas serán retroactivas, frenando con fuerza las jubilaciones y pensiones desmesuradas, limitándolas a no superar la mitad del salario que percibe la presidenta de la República. Esta medida será efectiva desde el momento en que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El gobierno estima un ahorro anual de 100 mil millones de pesos, un monto que impactará a cientos de funcionarios públicos de élite en diversas entidades, incluyendo organismos estatales, federales y descentralizados, así como autónomos e instituciones educativas. Destacan aquí las camarillas de sindicatos como el SME, PEMEX, CFE y SNTE. Particularmente alarmante es la situación del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo número de jubilados asciende a 14,000, quienes en conjunto reciben 26,000 millones de pesos anualmente, lo que representa más de 160,000 pesos mensuales por jubilado. Con la implementación de esta reforma, se prevé una reducción del 56% en su nómina, lo que supone un recorte drástico que afectará a muchos de sus miembros.

La resolución de la Suprema Corte tiene su origen en un litigio que comenzó en 2012, relacionado con el tema de dobles jubilaciones para trabajadores del IMSS. Este fallo subraya la injusticia inherente de recibir compensaciones duplicadas, ya que ambos pagos provenían de los mismos recursos públicos a los que habían contribuido. Solo aquellas jubilaciones respaldadas por fondos construidos con recursos propios sobrevivirán a la reforma, lo que representa un cambio significativo en el panorama de las pensiones en este país.

Como se había anticipado, el problema de las dobles jubilaciones y las onerosas pensiones de ciertos funcionarios públicos era una verdadera bola de nieve que amenazaba con comprometer la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Cabe destacar que, gracias a la visión del rector Jesús Madueña, se creó un fideicomiso que en solo 75 días logró acumular 70 millones de pesos, evitando que los trabajadores de la UAS perdieran su derecho a una jubilación digna.

Sin embargo, es seguro que, cuando la Cámara de Diputados apruebe la minuta enviada desde el Senado y valide estas reformas constitucionales, se desencadenará una ola de reacciones adversas. Miles de jubilados probablemente rechazarán estas determinaciones, pero este será el último grito de una situación injusta que ha permitido el enriquecimiento desmedido a través de mecanismos onerosos y, en muchos casos, ilegales.

Lo que se está gestando es un cambio histórico que no solo promueve la justicia social, sino que también representa un reclamo colectivo por la equidad y el uso responsable de los recursos públicos. En este contexto, la administración actual tiene la oportunidad de cimentar un nuevo modelo de pensiones que priorice el bienestar general sobre los privilegios de unos pocos. La lucha apenas comienza, pero cada paso hacia la equidad se convierte en un triunfo para la sociedad en su conjunto.