No es casualidad que en la actualidad nuestro país se encuentre sumido en una vorágine de violencia e inseguridad, donde el narcotráfico ha logrado extender sus tentáculos sobre más de 20 regiones, transformándolas en auténticas catástrofes de sangre, dolor y lágrimas. Esta situación se agrava aún más por la impunidad que reina en nuestra sociedad, dejando a gran parte de la población en un estado de indefensión, con el miedo latente y una crisis de violencia que crece a pasos agigantados, arrastrando consigo valores, economías e instituciones.

La llegada de la Cuarta Transformación (4T) en 2018 representó la esperanza para muchos, un cambio que prometía romper con el ciclo de corrupción y complicidad que habían caracterizado a administraciones anteriores. Sin embargo, este anhelo de renovación se ha convertido en un espejismo que, lejos de ofrecer soluciones, ha contribuido a acelerar la crisis que ya nos asola. En lugar de erigir barreras contra la narcoviolencia, los gobiernos han sido más bien cauces que han permitido su expansión, llevando a todos aquellos que han intentado dirigir el rumbo del país hacia el precipicio del fracaso.

Durante décadas, el fracaso de la lucha contra las drogas ha sido acumulativo, y la ineptitud y complicidad de los gobiernos de la 4T han llevado la situación a límites insostenibles. Hoy, el problema del narcotráfico parece incontrolable, poniendo en riesgo no solo la vigencia de Morena y la 4T, sino también la salud misma de nuestra democracia. La consolidación de un régimen autocrático ha sometido a la sociedad y a las fuerzas políticas y sociales a sus designios, debilitando cada vez más a una nación que, irónicamente, se vuelve más frágil ante los poderes fácticos.

El resumen de lo que ha sido la Cuarta Transformación es claro: ha fracasado y está completamente desfasado frente a los desafíos modernos. El mundo avanza en sentido contrario a lo que Morena ha establecido, rechazando la antidemocracia, la dictadura y un nacionalismo trasnochado que nos aleja de los ideales de progreso y bienestar social. Para muchos, la solución a esta crisis estructural y histórica parece sencilla: bastaría con reemplazar a gobernadores, secretarios de Estado o líderes políticos. Sin embargo, tal visión es simplista e ilusoria. Es imperativo entender que, si no hay un viraje total en las políticas del gobierno federal, acompañado de una revisión exhaustiva del andamiaje legal, político e ideológico que sostiene el actual orden, será una quimera esperar que el cambio suceda.

Es inaceptable continuar viviendo bajo el yugo del miedo, con la incertidumbre que paraliza nuestra capacidad de inversión y de desarrollo. La pregunta que flota en el aire es: ¿podremos educar a nuestras familias? ¿Podremos cultivar nuestra cultura, nuestros valores y un sano esparcimiento? La desesperación ha llevado a muchos a pensar que cualquier acción es mejor que la inacción, adoptando una posición de resignación que sólo alimenta la ilusión de que el cambio es posible, sin la convicción necesaria para materializarlo.

El estado mexicano está gravemente agrietado y no puede resistir más en esta crisis. Afrontar este problema no es simple; al contrario, es una tarea sumamente compleja, con connotaciones supranacionales e implicaciones históricas. Por ello, no podemos reaccionar con explosividad e incertidumbre, como lo ha venido haciendo la presidencia. Lo que requerimos es mesura, inteligencia y valentía para enfrentar los retos que se nos presentan.

Es vital que asumamos la sensatez inspirada en el realismo y la congruencia. Solo así podremos comenzar a desandar el camino de la violencia y la impunidad, construyendo un futuro donde la legalidad y la justicia sean verdaderas, y donde cada mexicano pueda vivir sin miedo.