* Un abrazo solidario el gobernador Rubén rocha y familia por el lamentable deceso de su hermana consuelo Rocha Valdez descanse en paz
La crisis de inseguridad y violencia que azota a Sinaloa es un fenómeno complejo, cuyas raíces se extienden más allá de las medidas coyunturales o los discursos políticos. En este contexto, diversos análisis han emergido, todos ellos con enfoques válidos y argumentos razonables. Sin embargo, hasta ahora, pocos han logrado captar la magnitud del problema que nos ocupa, que no solo involucra a criminales y agentes del Estado, sino también a un régimen que, bajo el manto de la Cuarta Transformación, parece haber perdido la capacidad de restablecer el orden y la justicia.
Es fundamental reconocer que la erosión del Estado mexicano no es un fenómeno reciente. Se remonta al final de la legalidad del cultivo y comercio de drogas tras la guerra de Corea en 1953, lo que desencadenó la implementación simbólica de políticas antidrogas. Durante la década de 1960, las acciones del gobierno, encabezadas por la erradicación intermitente de cultivos de amapola y marihuana, fueron meramente superficiales e ineficaces. Fue solo con el reconocimiento del impacto del narcotráfico, especialmente en Sinaloa, que el gobierno comenzó a tomar medidas más serias.
En 1975, con el lanzamiento de la operación Cóndor, el Estado mexicano intentó hacer frente al narcotráfico en el triángulo dorado, donde convergen los municipios de Mocorito y Badiraguato y Sinaloa municipio con los estados de Chihuahua y Durango. Pero esta operación, lejos de proporcionar una solución, tuvo consecuencias devastadoras para las comunidades locales. La destrucción de los cultivos, que constituían el único sustento para muchas familias, provocó una diáspora hacia los pueblos costeros y, en consecuencia, un aumento del tráfico de drogas hacia otros Estados, como Jalisco, donde surgieron cárteles que hoy son emblemáticos de la violencia actual.
El cierre de fronteras por parte de Ronald Reagan en 1985, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, marcó un nuevo hito en la consolidación del narcotráfico como poder fáctico en México. La conexión entre el narcotráfico y la CIA en su intervención en Centroamérica reveló la fragilidad del Estado mexicano; la corrupción y la infiltración del crimen organizado en todas sus estructuras, desde las instituciones religiosas hasta las fuerzas armadas, se hicieron evidentes. Este proceso de descomposición ha sido como una humedad que, lentamente, ha ido minando los cimientos del país.
Hoy, el panorama en Sinaloa es desolador. La política, el último bastión de resistencia que quedaba, ha cedido ante el poder del narcotráfico. La simbiosis entre los grupos criminales y ciertos sectores de la política ha generado un ciclo vicioso donde la violencia es la norma y el miedo, el hilo conductor de la vida cotidiana. La estrategia de la administración anterior, basada en abrazos en lugar de balazos, había sido ampliamente criticada por su falta de efectividad y por parecer más un intento de evadir el problema que de enfrentarlo.
Es preciso que la discusión sobre la crisis de inseguridad en Sinaloa y el resto del país trascienda más allá de diagnósticos superficiales y soluciones momentáneas. Necesitamos un enfoque integral que no solo aborde la violencia de manera reactiva, sino que también considere las condiciones socioeconómicas que han propiciado el crecimiento del narcotráfico y la corrupción. Esto implica fortalecer las instituciones, promover el desarrollo económico y social en las regiones más vulnerables, y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado.
La lucha contra la inseguridad y la violencia en Sinaloa es, sin duda, un reto monumental. Sin embargo, ignorar su complejidad y sus raíces históricas solo perpetuará un ciclo de fracaso e impunidad. Es hora de mirar la realidad de frente y buscar soluciones que realmente enfrenten la magnitud de la crisis que vivimos
