La reciente reforma a la Ley de Amparo constituye, sin exageración, el mayor retroceso al control constitucional en México desde 1917. Bajo el argumento de combatir el “activismo judicial” y evitar que unos cuantos frenen las políticas públicas, el Estado mexicano ha reducido la capacidad del ciudadano para defenderse frente al ejercicio autoritario del poder. Es la paradoja perfecta: un gobierno que dice defender al pueblo, pero limita los instrumentos que permiten al pueblo defenderse del propio gobierno.

El elemento más grave de la reforma es la pérdida de la suspensión contra normas generales, lo que implica que:

• una ley inconstitucional,
• un reglamento excesivo,
• una reforma fiscal arbitraria,
• o un decreto autoritario,

podrán aplicarse de inmediato, aun cuando violen derechos humanos o resulten confiscatorios.

El ciudadano ya no podrá detener los efectos nocivos de disposiciones generales mientras un juez analiza el caso. Esto debilita el equilibrio de poderes: si el Poder Legislativo o el Ejecutivo abusan, la afectación correrá sobre millones… y el Poder Judicial solo podrá observar, sin detener el daño.

Una ley injusta que ayer podía frenarse con una suspensión, hoy se vuelve una imposición obligatoria, aunque destruya patrimonios, vulnere derechos o clausure libertades.

La reforma reduce el amparo a una especie de “denuncia administrativa de lujo”, restringida a actos concretos de autoridad: una multa, una clausura, una negativa de trámite, una detención. Pero lo que de verdad genera daño masivo —las leyes mal hechas, las reformas impositivas improvisadas, los decretos punitivos— queda prácticamente intocable.

Esto beneficia a un Estado que goza de amplias mayorías legislativas y que ahora puede aprobar leyes sin temor a un control judicial eficaz.

En términos claros:

México pasa de un Estado constitucional a un Estado legalista, donde las leyes pueden violentar la Constitución… y aun así ser aplicadas sin filtros.

Ante este escenario, el ciudadano deberá recurrir a:

• Juicios administrativos más lentos y técnicos
• Órganos autónomos debilitados por recortes
• Comisiones de derechos humanos sin fuerza vinculante
• Litigios penales contra autoridades que rara vez prosperan
• Sistemas internacionales que tardan años

No se trata de caminos inútiles, pero tampoco equivalen al amparo que México construyó por más de un siglo como pilar del Estado de Derecho.

Más preocupante aún: el mensaje político es claro. El gobierno desconfía de los contrapesos, prefiere la obediencia antes que la revisión, y concibe al ciudadano como destinatario de normas, no como titular de derechos.

El debilitamiento del amparo implica:

• Menos control judicial
• Más poder para las mayorías
• Menos transparencia en el diseño normativo
• Más riesgo para inversionistas, empresas y ciudadanos
• Mayor vulnerabilidad frente a abusos discrecionales

Un país donde el ciudadano no puede detener las arbitrariedades del Estado deja de ser un régimen constitucional y se acerca peligrosamente a un régimen hegemónico, donde el poder no se controla: se obedece o se soporta.

Frente a un amparo debilitado, la defensa jurídica deberá adoptar un enfoque múltiple:

• Amparos contra actos individuales
• Juicios contenciosos administrativos
• Acciones ante órganos autónomos
• Documentación para instancias internacionales
• Estrategias colectivas y mediáticas

El mensaje es contundente: si el Estado cierra las puertas internas, la defensa de los derechos deberá buscar salidas externas.

La reforma a la Ley de Amparo no elimina los derechos, pero debilita los instrumentos para protegerlos. Y un derecho sin protección efectiva es apenas una aspiración.

En una democracia madura, el control judicial limita al poder.

En un sistema autoritario, el poder limita al control judicial.

México debe decidir dónde quiere estar.

Por ahora, el ciudadano queda más solo frente al Estado: con menos herramientas, con más obstáculos y con un amparo que ya no ampara como solía hacerlo.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltran

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