No cabe duda que el arte de conseguir votos en los tiempos actuales ha alcanzado niveles de vergüenza inéditos. En contraste con los gobiernos anteriores, donde la compra del voto era, por lo menos, una práctica encubierta, hoy en día el partido Morena y su líder AMLO, con desparpajo absoluto, han elevado la mentira al status de estrategia política. En un ciclo interminable de promesas incumplidas, el pueblo mexicano ha sido testigo de cómo se amontonaron más de 150,000 falsedades en las famosas mañaneras durante el sexenio de AMLO, con la misma facilidad con la que se prometen soluciones a problemas que no dejan de crecer.

La situación en Sinaloa es un claro reflejo de la profunda crisis que atraviesa el campo mexicano. Tras tres años de fracasos agrícolas, el gobierno intenta vender ilusiones.

Desde el 29 de octubre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), liderada por el sinaloense Julio Berdegué, presentó lo que denominaron pomposamente el Sistema de Ordenamiento y Comercialización del País. Con este programa, se propone crear un mecanismo para definir precios de referencia al maíz, bajo la premisa de que esto ayudará a los productores y consumidores a tomar decisiones informadas, como si la multitud de estrategias fallidas no hubieran existido jamás.

El Secretario de Agricultura incluso se atrevió a afirmar que la presidenta es de la idea de que no podemos seguir en una situación donde el agricultor siembra sin conocer los precios de su cosecha. ¿En serio? Esta afirmación no sólo suena hueca, sino que se nos presenta como una solución vendida como nueva, cuando en realidad parece ser un simple reciclaje de programas neoliberales sobre precios de garantía y agricultura por contrato. Ahora, la 4T habla de «promover acuerdos directos de comercialización», un camuflaje que intenta disfrazar la falta de originalidad y de propuestas efectivas. Y para concluir, el establecimiento de reglas claras con un sustento jurídico adecuado, que de nuevo se traduce en las antes llamadas reglas de operación.

Es increíble observar cómo un gobierno que llegó al poder bajo la bandera de una transformación radical elude enfrentar los problemas estructurales que sus antecesores también ignoraron. Desde 2019, la narrativa de la 4T se ha centrado en el maniqueísmo de «primero los pobres», mientras demonizan a los agricultores que producen para el mercado, acusándolos, en un alarde de desconocimiento económico monumental, de ser «ricos». Como si la producción agrícola, aquella que alimenta a la nación y sostiene a millones de familias, fuera un acto de especulación o un juego de ricos y pobres.

La absurda lógica de el entonces presidente AMLO, que despojo a los productores de su realidad económica, ignora el hecho fundamental de que la agricultura es un pilar en cualquier economía. Aquellos que no producen para el mercado son los que no tienen excedentes; mientras que los que sí lo hacen, lejos de ser «ricos» son comerciantes que deben lidiar con el riesgo inherente del mercado. Si su habilidad para producir los hace acaudalados, ¿qué hay de malo en ello? ¿Acaso el trabajo no tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida, generar riqueza y sostener a la familia?

Aquí surge una pregunta crucial: ¿por qué, desde la implementación de este programa casi un mes atrás, el gobierno no ha dado respuestas tangibles a las demandas de los agricultores? El eco de las voces de quienes reclaman su derecho a un precio de garantía por su maíz resuena en un silencio administrativo que raya en la ineptitud. Los productores, con una perspectiva realista y mesurada, han señalado que un precio de 7,200 pesos por tonelada garantizaría una utilidad decente para vivir decentemente. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de la negativa del gobierno para establecerlo?

El miedo al conflicto social se siente en el aire. La obstinación por no reconocer errores evidentes termina convirtiendo un asunto de vital importancia en una bomba de tiempo. El despego entre la élite gobernante y la realidad de los productores campesinos refleja una incompetencia que resulta insultante. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es simplemente ineptitud o hay un interés más profundo en mantener esta narrativa de cambio mientras se perpetúan las viejas prácticas? Cada vez parece más probable que lo segundo sea la realidad.

Los ciudadanos merecen más que la burla de las promesas incumplidas y el desgaste de discursos vacíos. No se puede jugar con la subsistencia de quienes trabajan día a día para alimentar al país. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y la incertidumbre se afianza entre los agricultores, que ven cómo la traición a sus expectativas se convierte en la norma. ¿Quién verdaderamente se beneficia de este teatro político? La respuesta, aunque incómoda de aceptar, es un reflejo de la complejidad y la frustración del panorama agrícola actual.