“Frente a los peligros que enfrentan nuestras sociedades interdependientes, es tiempo de acción, de participación, de no resignarse”, Stéphane Hessel (1917-2013) Escritor y militante político francés.

RESILIENCIA

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha atravesado en los últimos años un periodo complejo, marcado por tensiones políticas internas, restricciones financieras y un entorno social que demanda cada vez más de sus instituciones educativas.

En este contexto, la figura de Jesús Madueña Molina se ha distinguido por un elemento central de su liderazgo: la resiliencia.

La reciente reelección de Madueña Molina, con un respaldo mayoritario de la comunidad universitaria, no solo refleja la confianza depositada en su gestión, sino también el reconocimiento a un estilo de conducción que ha logrado mantener la estabilidad de la UAS frente a adversidades externas e internas.

Los resultados obtenidos en su administración son palpables: la gestión presupuestal que asegura un incremento para 2025, la entrega de titularidades docentes, la obtención de acreditaciones institucionales y la modernización de infraestructura académica son ejemplos concretos de avances que fortalecen la calidad educativa y la seguridad laboral de los docentes.

El rector ha consolidado su liderazgo también en la defensa de la autonomía universitaria, manteniendo una posición firme frente a reformas legales que generaron debate en el ámbito estatal.

Su capacidad para convocar a la unidad de la comunidad universitaria ha sido un factor clave para mantener cohesión en torno a la misión de la UAS, incluso en momentos de tensión política.

Este liderazgo ha permitido que la institución no solo resista los embates externos, sino que avance en su fortalecimiento institucional.

Más allá de los desafíos administrativos y políticos, la rectoría de Madueña Molina ha trabajado de manera sostenida para garantizar la continuidad académica, ampliar la cobertura educativa y apoyar de manera integral a estudiantes y docentes.

La promoción de la investigación, la innovación y el deporte, así como la entrega de estímulos a deportistas universitarios y la actualización de equipamiento académico, evidencian un compromiso con la diversificación de oportunidades que la UAS ofrece a su comunidad.

La resiliencia que ha mostrado Madueña Molina no se limita a enfrentar dificultades, sino que se traduce en la capacidad de sostener la vida universitaria con proyectos concretos que refuerzan la identidad institucional.

Su segundo periodo al frente de la rectoría representa una oportunidad para consolidar los logros alcanzados y proyectar a la UAS hacia un futuro más sólido, con mayor reconocimiento académico y social tanto a nivel estatal como nacional.

En suma, Jesús Madueña Molina ha demostrado que la resiliencia puede convertirse en un factor determinante de liderazgo.

La confianza que hoy le otorga la comunidad universitaria lo compromete no solo a mantener la fortaleza institucional, sino a transformarla en un motor de crecimiento y consolidación, asegurando que la UAS siga siendo una institución referente en la educación superior del país.

Su liderazgo marca un camino de estabilidad, unidad y proyección académica que puede servir como modelo para otras universidades en circunstancias similares.

CUERDA FLOJA

La administración de la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya enfrenta un serio llamado de atención por parte de la Auditoría Superior del Estado quien ha establecido un plazo de 20 días naturales para que el Ayuntamiento solvente las observaciones sobre la compra de 10 patrullas sin licitación pública, un señalamiento que pone en evidencia la urgencia de reforzar la transparencia y el apego a la normatividad en el ejercicio del gasto público.

El emplazamiento de la ASE no es menor: de no atenderse debidamente, el expediente será remitido al área jurídica para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas, con la posibilidad de llegar al Tribunal de Justicia Administrativa o al Órgano Interno de Control.

Este escenario coloca a la administración municipal ante un riesgo real que trasciende la simple corrección administrativa y amenaza con afectar la credibilidad de su gestión ante los ciudadanos.

Más allá del contexto legal, la observación refleja una problemática estructural: adquisiciones relevantes como la de patrullas, que por su monto debieron realizarse mediante licitación pública, se resolvieron a través de cotización de solo tres proveedores, generando cuestionamientos sobre la eficiencia, la equidad y la transparencia del gobierno local.

La ASE, con su emplazamiento, está señalando la necesidad de que el municipio cumpla con los procedimientos que garantizan integridad en el manejo de los recursos públicos.

La alcaldesa Ramírez Montoya enfrenta así un doble desafío: por un lado, atender de manera oportuna y convincente las observaciones de la ASE; por otro, demostrar que su gobierno puede operar con transparencia y responsabilidad, evitando que este tipo de señalamientos se conviertan en un patrón que debilite la confianza ciudadana.

La oportunidad está sobre la mesa: el tiempo para actuar es limitado, y la respuesta marcará el tono de la administración para los meses y años por venir.

En síntesis, el emplazamiento de la ASE no solo es un llamado a cumplir con la ley; es una advertencia sobre la necesidad de consolidar la gobernanza, reforzar los controles internos y garantizar que el ejercicio de los recursos públicos en Guasave se mantenga bajo los estándares de legalidad, eficiencia y transparencia que la ciudadanía espera y merece.

OTRO REVÉS

La resolución de un juez de Control que declaró improcedente la solicitud de suspensión definitiva de los procesos en contra del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y ocho exfuncionarios, marca un nuevo capítulo en la judicialización de casos vinculados con la gestión municipal 2021-2024.

La decisión reafirma la continuidad de las investigaciones por presunto desempeño irregular de la función pública, ejercicio indebido del servicio público y, en el caso específico de Vargas Landeros, abuso de autoridad.

Durante la audiencia especial celebrada este jueves, la defensa de Vargas Landeros argumentó la existencia de fundamentos legales que permitirían la suspensión definitiva de los procesos, con la intención de que el exalcalde y su equipo pudieran retomar sus cargos en el Ayuntamiento.

Sin embargo, el juzgador determinó que no existen bases legales que hagan procedente tal medida, considerando que las acciones legales correspondientes se ejecutan en Sinaloa y no en otras entidades federativas.

El proceso judicial está vinculado al arrendamiento de 131 vehículos destinados a conversión en patrullas, presuntamente realizado con irregularidades que habrían generado un daño económico a las arcas municipales superior a 161 millones de pesos.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción ha documentado múltiples intentos de suspensión de los procesos mediante juicios de amparo en distintos estados del país, todos los cuales han sido declarados improcedentes. Esto evidencia la insistencia de la defensa en buscar medidas cautelares, pero también la consistencia de la argumentación jurídica de la Fiscalía.

Adicionalmente, la Fiscalía obtuvo una prórroga de tres meses para la investigación complementaria relacionada con los delitos de abuso de autoridad y otros cometidos por servidores públicos, que tendrá como fecha límite el 8 de diciembre de 2025.

Esta ampliación permitirá reunir información adicional, realizar diligencias complementarias y fortalecer la carpeta de investigación para asegurar que los procesos continúen con pleno respeto a los derechos de los involucrados y a los procedimientos legales.

El caso de Vargas Landeros y su equipo refleja la complejidad de la fiscalización del ejercicio público y la importancia de los mecanismos legales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

La determinación judicial de mantener vigentes los procesos subraya que, a pesar de las estrategias de defensa, la justicia local mantiene firme su competencia y el seguimiento de los casos dentro del marco legal establecido.

En síntesis, la resolución de este jueves refuerza la continuidad del proceso judicial y pone de relieve la importancia de que los servidores públicos respondan de manera responsable ante las autoridades, mientras que la prórroga concedida asegura que las investigaciones se completen de forma integral, garantizando que cualquier resolución futura se fundamente en evidencia sólida y procedimientos debidamente respetados.

LA GIMNASIA Y LA MAGNESIA

El anuncio sobre el avance en la construcción del nuevo Hospital General IMSS-Bienestar en Guamúchil debería ser motivo de optimismo para la región; sin embargo, recientes actuaciones han generado cuestionamientos sobre la claridad en los procedimientos.

Durante la visita al terreno, se destacó la presencia de Armando Camacho, exalcalde de Salvador Alvarado y actual funcionario estatal, mientras que la presidenta municipal, Guadalupe López González, su esposa, no acudió personalmente.

Si bien López González aclaró que los trámites son competencia exclusiva de IMSS-Bienestar, la participación de Camacho en un acto de supervisión que corresponde al ámbito federal y municipal deja entrever que, a través de vínculos personales, el exalcalde podría seguir ejerciendo influencia sobre decisiones municipales.

Esta situación genera dudas legítimas sobre los límites de la participación de servidores públicos y sobre la independencia del gobierno local en asuntos que no corresponden a su ámbito de gestión estatal.

El proyecto del hospital traerá beneficios importantes para la comunidad, pero el episodio resalta la necesidad de que los funcionarios respeten los roles institucionales y eviten cualquier percepción de intervención indebida.

La transparencia y la delimitación clara de competencias son fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública y asegurar que proyectos de infraestructura de esta magnitud se desarrollen con orden y claridad administrativa.

RESPALDO

La atención a damnificados por las recientes lluvias en el norte de Sinaloa demuestra la importancia de una coordinación efectiva entre dependencias estatales y organismos como el DIF.

La presidenta del Sistema DIF, Eneyda Rocha Ruiz, subrayó que la cobertura se concentra en Guasave, Juan José Ríos y Ahome, con despensas, colchonetas y asistencia médica inmediata, apoyada en un censo que permite evitar duplicidades.

Más allá de la entrega de apoyos materiales, la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya en las comunidades refuerza la idea de atención directa, reduciendo la posibilidad de intermediarios que puedan obstaculizar la ayuda.

Sin embargo, este tipo de emergencias también evidencia la necesidad de fortalecer la prevención y la infraestructura municipal y estatal, para disminuir la vulnerabilidad de las familias ante fenómenos climáticos recurrentes.

La experiencia de estas lluvias debe servir no solo para atender la emergencia, sino para mejorar la planificación y coordinación institucional, de manera que la respuesta sea más eficiente y equitativa, garantizando que ninguna familia quede desprotegida en futuras contingencias.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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