“Los hombres de Estado son como los cirujanos: sus errores son mortales”, François Mauriac (1905-1970) Escritor francés.

INFORME DE GOBIERNO

Claudia Sheinbaum Pardo llega a rendir su primer informe con números favorables.

La primer mandataria arribará a dar su informe con una colección de indicadores que, a primera vista, dibujan un panorama económico sólido: la inversión extranjera se encuentra en niveles sin precedentes, las exportaciones mexicanas crecen a pesar de los embates comerciales de Donald Trump, el empleo formal alcanza cifras récord, la inflación se aproxima al 3 %, las tasas de interés se sitúan en 7.50 % —por primera vez en la historia contemporánea, menos de tres veces la tasa estadounidense— y el peso mexicano no solo ha resistido los pronósticos de devaluación, sino que se mantiene en 18.65 por dólar, un peso menos que cuando Sheinbaum asumió el cargo.

Si uno se quedara en la superficie, podría afirmar que la economía mexicana “camina por el rumbo correcto”, como ya repiten en Palacio Nacional.

Y ojo con este dato: Las reservas internacionales suman 243 mil 353 millones de dólares, con un incremento histórico de más de 17 mil millones en menos de un año, superando los registros de Calderón y Peña Nieto en periodos comparables.

A simple vista, este es un gobierno que presume estabilidad, resiliencia y orden macroeconómico.

Sin embargo, la economía de un país no es una planilla contable ni una lámina de PowerPoint que se presenta en la mañanera.

Es un organismo vivo donde las cifras macro son apenas la piel que cubre tejidos más complejos: la productividad real, la redistribución de la riqueza, la solidez del mercado interno y la confianza que genera el propio modelo económico.

Y aquí es donde comienzan las preguntas incómodas: ¿de qué sirve acumular reservas récord si el crédito al ciudadano y a la pequeña empresa sigue sin fluir con la fuerza necesaria?

¿Es sostenible esta bonanza si depende en gran medida de la inversión extranjera, mientras la inversión privada nacional permanece a la expectativa? ¿Puede un país apostar al nearshoring como motor principal mientras posterga la diversificación de su base industrial y su transición tecnológica?

El reciente anuncio de proteger industrias sensibles —calzado, textil, azúcar— mediante la prohibición de importaciones temporales es una señal de que el gobierno empieza a reconocer la fragilidad estructural de ciertos sectores.

Pero esta política, que llega tras décadas de desprotección y contrabando técnico, corre el riesgo de quedarse en un parche defensivo más que en una estrategia de reindustrialización de largo aliento.

¿Se está gestando un modelo que fomente la competitividad interna, o simplemente se levantan muros arancelarios para ganar tiempo?

Sheinbaum ha heredado, y en parte continúa, un modelo que combina la ortodoxia macroeconómica —disciplina fiscal, control inflacionario, respeto a la deuda— con una narrativa social que busca no repetir los excesos del neoliberalismo clásico.

Sin embargo, el país sigue atrapado en una tensión histórica: crecer hacia afuera mientras adentro se administran carencias.

México ha sido, por décadas, un exportador eficiente y un consumidor débil. Este gobierno parece decidido a no abandonar a “los de abajo”, pero la pregunta es si bastan los programas sociales y las transferencias directas para reconstruir el poder adquisitivo de la clase media y la capacidad de innovación de la industria nacional.

El verdadero examen no se mide solo en reservas o en el tipo de cambio, sino en la capacidad de generar cadenas de valor sólidas, empleo de calidad y un mercado interno vigoroso.

Porque si las cifras macro son luminosas pero la estructura productiva sigue dependiendo de factores externos —la política comercial de Washington, el vaivén de las remesas, la volatilidad de las materias primas—, entonces la aparente fortaleza es apenas un castillo de arena que la próxima marea puede arrastrar.

La oposición, carente de un proyecto serio, recurre a la estridencia y a la violencia discursiva.

Pero esa debilidad no debe ser excusa para el triunfalismo. Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de ir más allá de la continuidad y demostrar que México puede transitar hacia un modelo económico que deje de ser dependiente y frágil.

Proteger la industria es un paso, pero no es suficiente sin innovación, financiamiento interno y una verdadera estrategia de competitividad nacional.

El tiempo corre.

Las cifras hoy aplaudidas pueden ser mañana el espejo que revele las deudas del presente.

Porque la economía, como la historia, rara vez perdona la complacencia.

SIN ACUERDO

La Cámara de Diputados vuelve a ser escenario de la política del aplazamiento. Este domingo, las bancadas no lograron un acuerdo para integrar la nueva Mesa Directiva, y optaron por extender la permanencia de Sergio Gutiérrez Luna —de Morena— por cinco días más, en lo que llaman “periodo de diálogo”.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, lo dijo con optimismo: “No hay crisis política… la crisis empieza después del quinto día”. Es decir, el reloj ya comenzó a correr.

Este episodio no es menor. El segundo año legislativo corresponde, por reglamento, a la oposición, en este caso al Partido Acción Nacional (PAN), que ya puso sobre la mesa nombres de peso: Margarita Zavala, Kenia López, Germán Martínez y Federico Döring.

Pero más allá de la lista, la pregunta es si Morena y sus aliados están dispuestos a ceder un espacio que, aunque protocolario, representa un contrapeso simbólico y político en la Cámara.

El problema de fondo es que la negociación parlamentaria se ha convertido en una simulación recurrente: se estira la cuerda, se administran los tiempos y se juega a la resistencia, para que al final, el acuerdo llegue desgastado y con costo político.

Este mecanismo erosiona la confianza pública en el Congreso y exhibe una vez más la dependencia de la gobernabilidad a los cálculos de coyuntura.

Monreal habla de estabilidad y gobernabilidad, pero la verdadera estabilidad no se construye con prórrogas, sino con la voluntad de respetar los equilibrios institucionales.

Cada día que pasa sin un acuerdo real es un día que profundiza la percepción de que el Legislativo es rehén de las mayorías circunstanciales y de su temor a perder espacios que consideran propios.

¿Quién pierde con esta prolongación? No es solo el PAN, que ve retrasado su turno en la presidencia de la Mesa Directiva, sino la Cámara en su conjunto, que debería ser ejemplo de acuerdos republicanos y no de tácticas dilatorias. Si en cinco días logran el consenso, no será por virtud política, sino por la presión de un calendario que no perdona la indecisión.

En política, postergar lo inevitable suele salir más caro que enfrentarlo a tiempo.

La pregunta es si Morena apuesta a desgastar a la oposición para imponer condiciones, o si está dispuesto a honrar los acuerdos que dan sentido al equilibrio democrático.

Porque de no hacerlo, la crisis que Monreal minimiza hoy podría estallar al sexto día, y entonces no habrá prórroga que la contenga.

LA NUEVA JUSTICIA

Este 1 de septiembre de 2025, el Senado de la República se convierte en escenario de un hecho sin precedentes: la toma de protesta de 881 nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito, en lo que se ha presentado como la primera elección popular de jueces en la historia de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum estará presente, mientras el país observa si la democracia judicial mexicana da un paso histórico o un salto al vacío.

La renovación es, en apariencia, un acto de legitimación: según el Senado, responde a la demanda ciudadana de “otorgar mayor legitimidad a los órganos jurisdiccionales y democratizar la selección de las personas juzgadoras”. Sin embargo, los números cuentan otra historia.

Apenas un 13 % de participación, con más del 10 % de votos nulos, muestra que la ciudadanía, lejos de ser protagonista, fue espectadora de un proceso que promete cambiar la forma en que se administra la justicia. ¿Puede considerarse legítima una elección donde nueve de cada diez mexicanos se abstuvieron?

La reforma, impulsada por López Obrador y respaldada por Sheinbaum, no solo reduce de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte, sino que crea un Tribunal de Disciplina Judicial para vigilar a todos los jueces del país.

Una promesa de depuración y transparencia que, paradójicamente, concentra poder y abre la puerta a interpretaciones sobre quién controla realmente la justicia.

Los riesgos son claros.

La independencia judicial no se construye únicamente con urnas: requiere filtros rigurosos, evaluaciones de trayectoria y sistemas de control imparcial. El apuro del proceso y la falta de mecanismos que permitan evaluar de fondo a los candidatos deja margen para que la política partidista influya indirectamente en un poder que debería estar blindado.

El espectáculo de hoy, con su pompa solemne y la presencia de la presidenta, no puede ocultar la realidad: la verdadera legitimidad se gana con confianza ciudadana y transparencia, no solo con votos simbólicos.

Y cuando la participación es minoritaria y los filtros laxos, la independencia judicial queda en entredicho.

La pregunta que debe resonar durante y después de esta sesión es si México está construyendo un Poder Judicial fuerte o si simplemente asiste a un acto protocolario que consolida la narrativa democrática, mientras el control y la politización siguen latentes.

Hoy se toma protesta, pero la verdadera prueba vendrá en los años siguientes: en cómo estos jueces y magistrados resistan presiones, administren justicia y logren que los ciudadanos perciban que las urnas no solo sirvieron para un acto simbólico, sino para fortalecer la confianza en el sistema judicial.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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