“Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide”, Auguste Comte

 

INCREMENTO

 

Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) reporta un incremento del 12 por ciento en el pago del Impuesto Sobre Nómina, en comparación con el mismo periodo de 2024.

 

Esta cifra, desde la perspectiva gubernamental, es un indicio de que los empleos formales se mantienen, y que la actividad económica de las empresas sigue en marcha.

 

El razonamiento es claro: si las empresas están cumpliendo con esta obligación fiscal, es porque tienen trabajadores registrados, lo que implicaría que no se están dando despidos masivos ni cierres generalizados.

 

En ese marco, el mandatario estatal agradeció a los empresarios por su responsabilidad fiscal, señalando que esto no solo representa ingresos para el estado, sino también estabilidad para las familias sinaloenses que dependen de un ingreso formal.

 

Sin embargo, junto con este dato alentador, Rocha Moya también abordó otro aspecto que plantea una lectura distinta: la necesidad de seguir apoyando a micro y pequeños negocios con recursos directos no reembolsables.

 

Desde septiembre del año pasado, reconoció el gobernador, la situación económica se ha visto afectada en ciertas zonas del estado, particularmente en Culiacán, y por ello el Gobierno del Estado ha entregado apoyos de entre 5 mil y 20 mil pesos a microempresarios, como comerciantes y restauranteros con plantillas de entre cinco y diez empleados.

 

Además, el programa “Equipa Sinaloa”, que contempla la entrega gratuita de mobiliario y equipo a negocios como estéticas, taquerías y carritos de hotdogs, ya ha beneficiado a cerca de 50 mil personas, según datos de la Secretaría de Economía.

 

Ambos anuncios, aunque orientados a resaltar acciones positivas, proyectan un escenario dual.

 

Por un lado, se insiste en que hay estabilidad en el sector formal y que las empresas siguen operando; por otro, se reconoce que miles de microempresarios requieren apoyo para sostener sus actividades diarias.

 

Esta combinación refleja que la economía sinaloense, si bien muestra signos de dinamismo en algunos sectores, todavía enfrenta dificultades estructurales, especialmente en los niveles más bajos del tejido productivo.

 

En este contexto, es válido reconocer que los esfuerzos gubernamentales apuntan a mitigar los efectos de una situación compleja, pero también es necesario observar con cautela las cifras optimistas.

 

El aumento en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina puede interpretarse como un signo de fortaleza, pero no debe ocultar las necesidades de miles de pequeñas unidades económicas que requieren apoyo estatal para sobrevivir.

 

Los indicadores macroeconómicos deben dialogar con la realidad de los pequeños negocios. Solo así se podrá tener una imagen completa y honesta de cómo avanza la economía de Sinaloa en un entorno que sigue siendo, por momentos, incierto.

 

LLAMADO

 

La presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, lanzó un llamado claro: los municipios no pueden seguir siendo ignorados en la creación de leyes que los afectan directamente.

 

Frente a diputados locales, exigió reformas construidas desde el territorio y no desde escritorios alejados de la realidad que viven los gobiernos locales.

 

En un encuentro con diputados de la 65 Legislatura, encabezado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, la alcaldesa de Guasave planteó la necesidad de construir una agenda legislativa con visión municipalista.

 

Su propuesta no es nueva en el discurso, pero sí cobra fuerza al surgir desde la experiencia directa de gobierno local, donde se enfrentan las limitaciones normativas y presupuestales que impiden una gestión pública eficiente.

 

Ramírez Montoya señaló con claridad los vacíos, contradicciones y obstáculos que enfrenta el marco legal actual, muchos de los cuales, aseguró, ya no responden a la realidad del municipio.

 

Puso como ejemplo la tardía desindexación del salario mínimo, aprobada a nivel nacional desde 2016, pero aplicada en Guasave apenas este año, lo que evidencia el rezago normativo en el ámbito local.

 

La presidenta municipal propuso iniciar una serie de reformas desde el enfoque territorial. Entre ellas destacó la necesidad de modificar la Ley de Gobierno Municipal, particularmente en materia de fiscalización, así como la Ley de Obras Públicas para adecuarla a las necesidades de seguridad, servicios básicos e infraestructura local. Además, consideró urgente una reforma a la Ley de Hacienda Municipal que permita actualizar el catastro y fortalezca la recaudación propia de los municipios.

 

En su mensaje, subrayó que los ayuntamientos no pueden seguir siendo considerados como el último eslabón del sistema institucional ni ser tratados como simples operadores de decisiones tomadas desde el nivel estatal o federal.

 

“El municipio es el primer contacto del Estado con la ciudadanía y, por tanto, debe tener voz en la construcción de las reglas del juego”, sostuvo.

 

Durante la reunión también se abordó la situación de la municipalización de Juan José Ríos, proceso que requiere resolverse no solo en el aspecto urbano, sino también en el fiscal, lo que exige una coordinación más efectiva entre los distintos niveles de gobierno.

 

Por su parte, la diputada Guerra Ochoa propuso establecer un mecanismo de reuniones periódicas —cada dos meses— para mantener el diálogo con los municipios y canalizar las propuestas directamente al gobernador Rubén Rocha Moya, con el objetivo de darles seguimiento puntual.

 

Con un enfoque institucional más que partidista, Ramírez Montoya cerró con una afirmación contundente: “La Cuarta Transformación no solo es federal, también es municipal”.

 

Con ello, dejó en claro que los cambios de fondo en la vida pública no serán posibles si los municipios siguen sin fuerza legal ni capacidades reales. Su intervención no fue un reclamo aislado, sino una propuesta para iniciar una reforma de fondo que tome en cuenta a quienes están en el terreno, resolviendo problemas todos los días.

 

ENCUENTRO

 

La visita de la senadora Imelda Castro a Mazatlán no fue solo parte de su informe de actividades, sino un ejercicio de diálogo directo con los sectores productivos clave del estado. Más allá del protocolo, su presencia dejó claro que legislar también implica escuchar en el territorio y construir desde la realidad de quienes sostienen la economía local.

 

En su encuentro con integrantes de la Unión de Armadores, la senadora escuchó las preocupaciones y propuestas del sector pesquero de alta mar, clave no solo para la economía local sino también para la seguridad alimentaria nacional.

 

Reconocer a la pesca como un sector estratégico no es un gesto menor, sobre todo en un contexto donde la regulación, el ordenamiento pesquero y el combate a la ilegalidad son temas pendientes.

 

Por otro lado, la reunión con la Asociación Ganadera Local sirvió como espacio para discutir la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, y subrayar la relevancia de la ganadería en un sistema alimentario justo y soberano.

 

Más allá del intercambio de ideas, este acercamiento representa un puente entre el campo y el Senado, donde la legislación puede tomar cuerpo a partir de las realidades que se viven día a día en el territorio.

 

También se hizo énfasis en la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía.

 

En una dinámica donde a menudo el ejercicio legislativo se percibe lejano o burocrático, esta visita pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer el vínculo entre representantes y representados, no como acto simbólico, sino como base para una democracia funcional.

 

Más que una gira de cortesía, la presencia de la senadora en Mazatlán da señales de un enfoque territorial del quehacer legislativo, que busca nutrirse de la experiencia directa de los sectores productivos.