La Suprema Corte de Justicia de la Nación se reúne hoy martes para votar si la ley de la industria eléctrica, decretada hace un año, es constitucional o no, lo que a todas luces reflejará el error que cometió AMLO cuando envió la iniciativa de ley en febrero del 2021, cuando creyó que podría modificar los fundamentos legales de la industria eléctrica sin modificar la constitución, como se evidenció en la imposibilidad de aplicarla por el rechazo de los jueces al aprobar los amparos que promovieron las empresas, que ganaron casi todos.

Hasta hoy, la Suprema Corte aborda, un año después, la demanda de inconstitucionalidad que promovieron los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, y para declararla inconstitucional requiere 8 de los once ministros, cosa que se ve difícil, pero si se recogen los fallos de los jueces a los amparos (más de 200), es de suponer que esa es la lógica jurídica y que no debiera haber problema al respecto.

El proyecto de resolución que elaboró la ministra Loretta Ortiz viene porque se declare constitucional la ley de la industria eléctrica, y hay mucha incertidumbre sobre el fallo final.

En lo personal, seguí desde febrero del año pasado las discusiones de la nueva ley de la industria eléctrica y escribí que había sido un error garrafal del presidente López Obrador, porque su iniciativa violentaba los artículos 25, 27 y 28 de la constitución general de la república y que sería combatida la nueva ley en los tribunales, como efectivamente ocurrió, y prácticamente obtuvo un fallo unánime en contra, lo que provocó que en septiembre el presidente de la república enviara las reformas constitucionales en materia eléctrica y petrolera, que incluían las reformas constitucionales que había omitido en la ley de la industria eléctrica.

Hoy, después de la decisión del PRI del día de ayer de ir a votar en contra de esas reformas constitucionales, prácticamente le cierra toda posibilidad y de ahí que la decisión de la Suprema Corte pueda ser la salvación.

Es cierto que la corte ha sido teatro de muchos fallos inverosímiles y bajo sospecha de responder a intereses políticos, como bien pudiera ocurrir hoy con la ley de la industria eléctrica, pero no está tan fácil porque sobre la mesa no solo están los argumentos legales, también pesa el costo financiero del fallo a favor que costaría 80 mil millones de dólares en indemnizaciones y, lo más fuerte, la contraposición de los Estados Unidos y todos los acuerdos del T-MEC que se violarían, también quizá con un costo mayor. El juego no está cuichi.

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