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Mi mas sentido pesar por la triste noticia de la partida de nuestra querida Claudia Morales Acosta, líder indiscutida de la lucha histórica por las mujeres y la democracia en Sinaloa. Descanse en paz, amiga Claudia, y toda nuestra solidaridad a su familia.
Feliz año nuevo a todas y todos los sinaloenses, y que el 2022 nos depare una vida mejor.
Es cierto que Rubén Rocha Moya cerró el año con dos espectaculares definiciones, como lo fueron el ejercicio para la definición del presupuesto y la transparencia intrínseca contenida en él, valores fundamentales para el cambio democrático, pero esos mismos, sin justicia, son valores perdidos, porque la justicia tardía, si la hubiera, sería injusticia y la repetición de un círculo perverso para la corrupción.
Fue un cierre de año que mostró un perfil novedoso para el diseño de la política pública, con la participación de múltiples actores políticos y sociales, que antes no contaban, o a lo sumo protestaban, por lo que vale la pena concluir ese esfuerzo con decisiones políticas para que todos este movimiento no quede en un gatopardismo.
Han transcurrido casi siete meses del triunfo de Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa, dos desde que gobierna y tres desde que empezó a recoger toda la información de la administración pública y es hora aún que a la sociedad sinaloense no se le rinden cuentas del estado en que quedan los recursos del gobierno con Quirino Ordaz y todos los presidentes municipales salientes.
No existe aún un corte de caja sobre los recursos, tanto que ya prescribieron algunos plazos para llamar a cuentas a responsables de esas administraciones, y lo peor es que no se sabe a ciencia cierta cómo quedaron las administraciones anteriores.
El gobierno de Rubén Rocha y la LXIV Legislatura están prácticamente convirtiendo a la filosofía de la 4T en un cero a la izquierda al no actuar en tiempo y forma sobre los recursos del gobierno de la administración anterior, dejándolos hacer y pasar.
El gobierno del estado, los nuevos presidentes municipales y la LXIV Legislatura están obligados a presentar un informe sucinto de la administración pública al nivel que le corresponde a cada quien, de tal manera que la sociedad sepa de inmediato cómo y con qué llegaron al gobierno ¿Fueron buenas las cuentas, bienes y patrimonio que entregaron las administraciones anteriores? ¿Cuál es el saldo? ¿Cómo lo debe conocer la población?
No es posible que el gobernador del estado nos diga que se pagaron obras sin concluir por 400 millones de pesos, pero que “ya se pusieron de acuerdo”, dice, y ya las van a concluir, cuando a todas luces hay en ello un montón de ilícitos y explicaciones que le deben dar a la sociedad, y el congreso del estado exigir al respecto.
Porque la primer pregunta que surge es ¿Esas nada más? ¿Cómo están las otras? ¿Por qué lo hicieron? ¿ De qué privilegios gozan las empresas y funcionarios? ¿Por qué el gobierno pagó algo que no se había hecho? Cuando existen procedimientos muy explícitos y regulados para que esto no pueda ocurrir.
Todo esto no puede quedar en una simple explicación del gobernador de que “ya lo están arreglando”, “ya se van a concluir”, lo que adolece de seriedad y responsabilidad institucional, por la simple razón que hubo un funcionario que dispuso de recursos públicos al margen de la ley. Y esos son solo algunos casos.
