Desde enero, cuando el presidente López Obrador presentó su iniciativa de reformas a la ley de la industria de energía eléctrica, con carácter preferente ante el congreso de la unión, quedó evidenciada su debilidad y desesperación, cuando a todas luces se requería una reforma constitucional para poder reformar la ley de la industria eléctrica para modificar las condiciones de la relación entre CFE y los productores particulares.

Desde 2014, que se modificó la constitución y estableció categórica y específicamente la inexistencia de monopolios en el país de ningún tipo, fue radical y puntual en lo que se refería a energía y telecomunicaciones, abatiendo los monopolios privados de TELMEX, TELEVISA y TV AZTECA al quitar la preponderancia a la telefónica y abrir el espectro radioeléctrico para las televisoras, así como estableciendo el apagón analógico y colocando al país en la ruta de la digitalización.

En el mismo sentido, ocurrió para PEMEX y CFE al modificar su estatus de empresas del estado y convertirse en empresas productivas del estado, otorgándoles autonomía de gestión y modificar su sistema de tributación a la hacienda pública, para que así se transformaran en empresas de libre competencia.

Para 2018 apenas habían transcurrido tres años cuando se detuvo ese proceso de transición y paralizó la libre competencia en el mercado de la energía, sobre todo en electricidad, que había sido el terreno que desde los años noventa ya el gobierno, ante el déficit de abasto eléctrico que empezó a acumular, después de las últimos dos grandes obras hidráulicas, la de Huites en Sinaloa y Aguamilpa en Nayarit, que integraron dos grandes hidroeléctricas para CFE, a tal grado que múltiples empresas particulares autogeneraron su electricidad y los remanentes los empezaron a vender a CFE.

PEMEX y CFE, en el marco del TLC entonces, comenzaron a tener más desventaja paulatinamente y dificultades, de tal manera que la reforma energética se hizo indispensable precisamente para ordenar los mercados y otorgarle a la CFE autonomía indispensable que la competencia le exigía.

Ocurría como en aquellos matrimonios que se decía “no pierdes una hija, ganas un hijo”, a propósito del trabajo conjunto de la empresa pública y la empresa privada.

La reforma energética ya tenía 20 años de retraso y por puros atavismos y prejuicios ideológicos, sin la más mínima visión empresarial que requiere toda empresa, sea propiedad de quien sea, porque lo que necesita es mantener y elevar su productividad permanentemente al grado de ser líder en los mercados y sus ganancias sean suficientes para todos.

Se perdió de vista por parte del gobierno de la república que el artículo 28 constitucional es garante de esta reforma energética y que requería modificarlo si pretendía regresar las condiciones de CFE y PEMEX a las de 2013.

Creyeron que con esa reforma sería suficiente y se han equivocado, como también la premura al ideologizar un tema económica y de empresa que requiere otra visión. Ahí están las consecuencias.