Muy, pero muy difícil viene para los gobiernos estatales y municipales el manejo de su hacienda pública, porque será el último año de su gestión, que, de acuerdo a la ley de disciplina financiera, antes de tres meses de entregar la estafeta a su sucesor, todas las deudas de corto plazo deberán estar liquidadas.

Y pareciera que eso no debiera ser ningún problema para nadie si no debieran o tuvieran ingresos superiores al egreso o simplemente todo estuviera perfectamente planeado para que el corte de caja anual fuera exacto.

Pero como sabemos que ninguna de esas circunstancias existe, porque los ingresos se caerán en 30% para todos los gobiernos en el 2021, tanto de las participaciones federales como de las propias, también sabemos que no existe una real planeación y menos en el aspecto administrativo, como tampoco de que sean muy ordenados y no cometan excesos nuestros gobernantes.

Así las cosas, agregando los costos de la pandemia, los agobios de la economía que cada vez son mayores y demandan apoyos del gobierno y el problema de la pobreza que eleva la necesidad de apoyo alimentario para los más pobres, vale la pena valorar bien las condiciones que tienen el gobierno estatal y los gobiernos municipales de Sinaloa.

La situación es delicada más cuando se observan los números al mes de junio del 2020 que tienen el gobierno estatal y los municipios. El gobierno del estado debe 6247 millones de pesos de corto plazo y 4050 millones de pesos a largo plazo, es decid 10,297 millones; los municipios en su conjunto adeudan 2126 millones de pesos y una deuda de largo plazo de 1432 millones de pesos, mientras que las juntas de agua potable en su conjunto deben a corto plazo 1073 millones de pesos y 311 millones de pesos a largo plazo.

En conjunto hablamos de una deuda que se debe pagar a más tardar en junio del 2021 por un monto de 9,446 millones de pesos, además seguramente de un montón de deudas que se tienen con proveedores y empresas constructoras que nunca se atreven a protestar, contando solo con el antecedente de aquellos a los que les quedó a deber MALOVA del estadio “Ángel Flores” en Culiacán el 2016.

La pregunta que todos nos hacemos es ¿De dónde va a salir tal cantidad de dinero? ¿Cómo le van a hacer el gobernador y los presidentes municipales para cubrir semejante cuenta?

No lo podemos imaginar, pero el gobierno estatal, como los municipios y los diputados, debieran reunirse y diseñar una reingeniería financiera para atender estas deudas, sanear el erario público y transparentar todos esos manejos.

Ya lo dijo el secretario de hacienda, Arturo Herrera, en su comparecencia sobre el presupuesto federal que los 15 estados que tendrán elecciones en 2021, debían más de 29 mil millones en deuda a corto plazo (y yo digo que debe ser muchísimo más por todo lo que ocultan), que no sería fácil ayudarles, además porque los fondos para esos rubros ya se los agotó el gobierno federal, por lo que será más viable que el gobernador y los presidentes municipales no cumplan con la ley de disciplina financiera y quién sabe qué pasará con los nuevos que lleguen.