Hace ya 27 años que las cuentas públicas del estado, los municipios y todos los organismos públicos que administran dinero del erario público tienen la obligación de rendir cuentas cada tanto tiempo, antes era cada tres meses, luego pasó a 6 meses y ahora es cada año (y no faltará quien esté pensando en que se haga en un periodo más largo aún), rendición de cuentas que desde hace por lo menos diez años vive una trifulca permanente después de que se creó la ASE (Auditoría Superior del Estado) en 2009, y peor ahora que el PRI quedó en minoría y sus gobiernos (el estatal y unos municipios) están en manos de MORENA.
Y tiene razón el PRI en el pánico que vive, porque pueden ocurrir dos cosas: que los gobiernos dejen de ser la cueva de Alí Babá y que algunos personajes de ese partido vayan a la picota.
Por desgracia, esta lucha de casi tres décadas que llevó a la primera y única huelga parlamentaria en Sinaloa, en junio de 1993 y que duró 19 días, ha batallado siempre contra el PRI y sus gobiernos, pretendiendo siempre negar la transparencia y la legalidad, así como combatir la corrupción.
Fueron muy duros los primeros años que llevó grandes riesgos, donde en un principio los diputados eran auditores checando obras para ver si existían, como también se convirtieron en los pioneros del SAT al investigar los archivos de facturas apócrifas que rellenaban expedientes o en el mejor de los casos para inflar los precios de las obras.
Fue titánico documentas y comprobar que habían obras fantasmas en todos los municipios, porque simplemente no existían, para luego aquello convertirse en “risión” (como decían nuestros viejos) de parte de los priistas que les importaba un pito las pruebas que se presentaban.
Eso provocó aquella huelga parlamentaria de junio de 1993, lo que trajo como consecuencia la creación de una comisión técnica de diputados para la supervisión de la obra pública que luego evolucionaría hasta constituir la ASE en el 2009, provocado por las derrotas del PRI en el 2000 y luego en el 2006.
Por ello no es raro ver al diputado Sergio Jacobo dar gritos y patalear para tergiversas la ley y pretender, primero, que la comisión de fiscalización no fiscalice el trabajo de la auditoría y, segundo, no califique las cuentas públicas en sus dictámenes cuando es su absoluta facultad.
Y todo en aras de defender al gobernador y sus gobiernos municipales, que sufrirán la prueba del acido con las cuentas públicas en las próximas semanas hasta llegar al 31 de julio, plazo máximo para calificar dichas cuentas.
Ojalá y los diputados exigieran a la ASE auditara los grandes negocios paraestatales y paramunicipales, como la carretera “Benito Juárez”, la caseta “San Miguel” y las juntas de agua potable de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
