“Nadie puede librar a los hombres del dolor, pero le será perdonado a aquel que haga renacer en ellos el valor para soportarlo”, Selma Lagerlöf (1858-1940) Escritora sueca.

SE ACABÓ

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo cierra un expediente jurídico. Cierra, en los hechos, un capítulo político que durante meses mantuvo en tensión a Ahome y, en menor medida, al tablero político de Sinaloa. El caso de Gerardo Vargas Landeros deja una lección clara: en política, el margen de maniobra no solo se mide en argumentos, sino en el momento en que estos se presentan.

Siete votos en contra bastaron para desestimar la controversia constitucional 206/2025. No se entró al fondo. No se debatió la legitimidad política del regreso. El criterio fue técnico: extemporaneidad. Y ahí, en ese detalle aparentemente frío, se definió todo.

Porque en el derecho —y más aún en el constitucional— los tiempos son tan importantes como los hechos. Vargas Landeros apostó a una vía jurídica que terminó por cerrarse no por falta de narrativa política, sino por una falla en la oportunidad procesal. Y eso, en términos prácticos, es definitivo.

El mensaje de la Corte es contundente sin necesidad de estridencias: el procedimiento legislativo que derivó en su separación del cargo no solo se mantiene firme, sino que queda blindado por la validación del máximo tribunal del país. No hay margen para reinterpretaciones.

Aquí es donde el análisis político cobra relevancia.

El Congreso de Sinaloa, a través de su Junta de Coordinación Política, encabezada por la diputada María Teresa Guerra Ochoa no solo defendió su actuación, sino que hoy la ve reforzada. La narrativa de que el proceso fue legal, que existió notificación formal y que se respetó el marco constitucional, ya no es un argumento político: es una resolución judicial firme.

Y eso cambia completamente el escenario.

Para el grupo político de Vargas Landeros, esta decisión representa el cierre de una ruta institucional. No hay regreso por la vía legal. Lo que sigue, si acaso, es la reconstrucción política, pero ya desde otra posición, sin el respaldo del cargo ni la expectativa de restitución.

Mientras tanto, en Ahome, el mensaje institucional ha sido claro: hay que pasar página.

Antonio Menéndez De Llano lo entendió con rapidez. Su postura no es menor. Al asumir el fallo con respeto y enfocarse en la gobernabilidad, envía una señal de estabilidad que el municipio necesitaba. Después de meses de incertidumbre, el discurso cambia de la confrontación a la administración.

Y ese cambio no es casual.

En política municipal, la gobernabilidad no se sostiene en tribunales, sino en la percepción de certeza. La resolución de la Corte elimina el último elemento de duda. Ya no hay disputa abierta. No hay doble narrativa. Hay un solo gobierno reconocido.

Pero más allá de Ahome, el caso deja implicaciones más amplias.

Primero, marca un precedente sobre los límites de las controversias constitucionales cuando los plazos no se respetan. No basta con tener argumentos; hay que saber cuándo utilizarlos.

Segundo, fortalece al Poder Legislativo local. No es común que un Congreso estatal vea validado su actuar en un caso de alto perfil político con tanta claridad. Esto le da margen y confianza en futuras decisiones de carácter similar.

Y tercero, redefine el peso de los actores políticos en Sinaloa.

Vargas Landeros, que durante años fue un operador con influencia, entra ahora en una etapa distinta. No desaparece del mapa, pero su capacidad de incidencia cambia. Ya no juega desde la institucionalidad, sino desde la reconfiguración.

En política, eso es empezar de nuevo… pero sin las mismas condiciones.

Porque hay algo que este episodio deja claro: el poder no se pierde solo cuando se deja el cargo, sino cuando se agotan las rutas para recuperarlo.

Y en este caso, esa puerta ya se cerró.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

El proceso rumbo a la gubernatura de Sinaloa en 2027 aún no arranca formalmente, pero hay algo que ya es evidente: la contienda no está pareja… ni siquiera ha comenzado en los mismos términos para todos.

La encuesta de EQUUS Analítica no revela quién va ganando —eso sería una lectura superficial—, sino algo más profundo: quién ya existe en la mente del electorado y quién sigue intentando ser visto.

Y ahí está la primera gran diferencia.

Morena no solo lidera, ocupa el espacio público.

Juan de Dios Gámez, Enrique Inzunza, Imelda Castro, Tere Guerra y Graciela Domínguez no están en una competencia cerrada, sino en una disputa interna que ya es reconocida por la ciudadanía. Sus porcentajes, relativamente cercanos, no reflejan debilidad… reflejan presencia compartida.

Ese 24.5 por ciento de “no sabe o no responde” dentro de Morena no es un problema, es una señal de consolidación. Significa que hay opciones visibles, que el electorado identifica nombres, que existe una conversación política activa dentro del partido en el poder.

En otras palabras: Morena ya está jugando.

Del otro lado, la historia es distinta.

Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PAN y PRI no enfrentan una competencia interna… enfrentan el vacío. Más del 70 por ciento de los encuestados no identifica a sus posibles candidatos. No es que estén perdiendo; es que no están en la conversación.

Y eso, en política, es más grave.

Porque una elección no se gana únicamente con estructura o discurso, se gana con presencia. Y hoy, la oposición en Sinaloa tiene un problema de origen: no está posicionada en la percepción ciudadana.

El caso del PRI podría parecer distinto con Mario Zamora al frente de las menciones, pero incluso ahí el dato duro es otro: siete de cada diez sinaloenses no tienen una preferencia dentro de ese partido. Es un liderazgo que existe en el papel, pero que aún no logra romper la barrera del reconocimiento masivo.

El PAN, por su parte, refleja dispersión. Tiene perfiles, tiene trayectoria, pero no tiene claridad. Y en política, la falta de definición suele traducirse en irrelevancia.

Movimiento Ciudadano y el Partido Verde enfrentan un escenario aún más complejo: sus aspirantes no solo compiten entre sí, compiten contra el desconocimiento.

Aquí es donde el análisis se vuelve más interesante.

La elección de 2027 no será, al menos por ahora, una disputa entre proyectos políticos consolidados, sino entre niveles de visibilidad. Morena no solo parte con ventaja; parte con terreno ganado.

Pero esa ventaja no es definitiva.

Hay un dato que muchos pasan por alto: el alto porcentaje de ciudadanos que aún no define una preferencia fuera del oficialismo. Ese “no sabe” no es necesariamente apoyo a Morena, es un espacio vacío. Un terreno disponible.

La pregunta es quién será capaz de ocuparlo.

Porque si algo demuestra esta medición es que la oposición no necesita primero convencer… necesita aparecer. Construir identidad, generar narrativa, posicionar rostros. Sin eso, cualquier estrategia electoral será insuficiente.

Mientras tanto, Morena enfrenta otro tipo de reto.

Cuando hay muchos perfiles posicionados, el riesgo no es la derrota externa, sino la fragmentación interna. La competencia entre Gámez, Inzunza, Castro, Guerra y Domínguez no solo definirá una candidatura, definirá equilibrios de poder dentro del movimiento.

Y ahí, la unidad será clave.

Porque en política, llegar primero no garantiza ganar… pero sí obliga a no equivocarse.

Sinaloa, a dos años de la elección, no está definiendo aún quién será su próximo gobernador. Está definiendo algo más básico: quién tiene derecho a ser considerado.

Y hoy, esa lista es corta.

Morena ya está en la boleta.

La oposición, todavía no.

AVANZA EL PLAN B

El llamado “Plan B” en materia electoral dio un paso clave en el Senado. Con 24 votos a favor en comisiones unidas, Morena y el Partido Verde lograron aprobar el dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando en claro que la mayoría legislativa sigue marcando el ritmo de la agenda nacional.

La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— votó en contra, manteniendo una postura crítica frente a una reforma que, más allá de su contenido técnico, tiene un fuerte trasfondo político. La ausencia del PT no pasó desapercibida: revela que, incluso dentro del bloque afín, hay matices y reservas, particularmente en el tema de la revocación de mandato.

El senador Enrique Inzunza fue el encargado de confirmar los números: mayoría suficiente, trámite superado.

La reforma plantea cambios a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con el argumento de hacer más eficiente el sistema electoral. Sin embargo, el punto de mayor debate sigue siendo la revocación de mandato. Desde el oficialismo se insiste en que no forma parte estricta de la materia electoral y que su activación dependerá de la ciudadanía, en 2027 o incluso 2028.

Ahí está el fondo del debate.

Porque mientras el discurso habla de eficiencia y participación, la oposición advierte riesgos en la equidad del sistema. No es una discusión nueva, pero sí una que marcará el tono rumbo a los próximos procesos electorales.

El Plan B avanza.

La pregunta no es si se aprobará en definitiva, sino bajo qué condiciones impactará el equilibrio democrático del país.

FACTOR DECISIVO

Mazatlán se declara listo para la Semana Santa 2026. La alcaldesa Estrella Palacios asegura un operativo con más de 2 mil 500 elementos de los tres órdenes de gobierno, reforzado en carreteras clave y zonas turísticas.

El mensaje es claro: hay condiciones para recibir visitantes y mantener la actividad económica, con una expectativa hotelera que ronda entre el 85 y 90 por ciento.

Sin embargo, el reto no es menor. Más allá del despliegue, la confianza sigue siendo el factor decisivo. En un contexto marcado por la percepción de inseguridad, el éxito del puerto no dependerá solo de cifras, sino de la capacidad de garantizar tranquilidad real.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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