Hoy, nuevamente, se reanuda la discusión sobre el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN), un organismo creado en 1996 en el gobierno del entonces gobernador Renato Vega. Este consejo fue concebido como el pivote del diseño industrial de Sinaloa, una idea nacida inicialmente en 1987 por el gobernador Francisco Labastida Ochoa, quien soñaba con transformar a Sinaloa de un productor agrícola y ganadero a un Estado capaz de agregar valor a sus materias primas. Sin embargo, tras tres décadas, la realidad es que CODESIN ha fallado estrepitosamente en cumplir con dicha misión.

En este periodo, el gobierno ha destinado cerca de 1500 millones de pesos a una oficina que ha generado escasos resultados tangibles, limitándose a elaborar diagnósticos y pronósticos económicos cuyos impactos siguen siendo inciertos. Esta situación invita a cuestionar la verdadera función de CODESIN: ¿ha sido realmente una herramienta para el desarrollo o simplemente un refugio para la burocracia política? En su trayecto de 30 años, parece que su principal logro ha sido crear un espacio para que ciertos grupos económicos, que rotan en su dirección, realicen viajes turísticos en lugar de enfocarse en negociaciones productivas que beneficien a la economía del Estado.

La reciente aparición del secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro, junto a CODESIN, refleja una fe casi ingenua en el potencial de este organismo. La creencia de que  puede reimpulsar la economía de Sinaloa muestra una desconexión alarmante de la realidad. La ineficacia estructural del consejo, atada a la falta de dirección y a los intereses particulares de quienes lo administran, convierte las expectativas en meras ilusiones. La historia de este organismo es un claro ejemplo de cómo un grupo puede utilizar recursos públicos sin rendir cuentas ni generar un impacto real en la política pública local.

La actual administración de la Cuarta Transformación (4T) se encuentra en una situación complicada al intentar reconciliarse con los sectores empresariales después de años de hostigamiento. Desde 2018, estos grupos han enfrentado una persecución sistemática, marcada por el uso indiscriminado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presionar a empresarios al pago de supuestas deudas fiscales, además de acusaciones infundadas que han amenazado la viabilidad de sus operaciones. A partir de esta hostilidad, el giro hacia una estrategia más conciliadora parece más bien una táctica electoral para asegurar votos en 2027, que un compromiso genuino por el desarrollo económico de Sinaloa.

El intento de acercamiento a los empresarios es una jugada que carece de sustento si no va acompañada de propuestas concretas que vayan más allá de ofertas superficiales. La entrega de recursos públicos a cambio de beneficios privados no es más que un gesto que perpetúa la misma dinámica que ha fracasado durante años. De hecho, la promesa de «dádivas» para resolver problemas históricos es una solución temporal que no aborda las raíces del subdesarrollo que enfrenta Sinaloa.

La capacidad de Sinaloa para transformarse en una economía robusta y diversificada depende de una reestructuración profunda y honesta de las políticas públicas. El modelo actual, centrado en el gasto indiscriminado y en la protección de intereses ajenos al desarrollo regional, está condenado al fracaso. Para revertir esta situación, es imperativo que se generen verdaderas oportunidades de negocio, se fomente la inversión en infraestructura y se impulse la educación técnica que permita a la fuerza laboral adaptarse a las demandas del mercado.

En conclusión, el futuro económico de Sinaloa no se puede construir sobre la ilusión de un organismo burocrático como CODESIN. Es necesario un cambio radical de enfoque y un compromiso auténtico con el desarrollo sostenible que priorice el bienestar de la población por encima de intereses políticos y económicos reducidos. Solo así podrá Sinaloa romper el ciclo de dependencia y lograr el progreso que tantos anhelan.