En el contexto político mexicano, resulta imprescindible confrontar la línea temporal del régimen priísta con los capítulos recientes de la Cuarta Transformación (4T). Durante las últimas décadas del PRI, especialmente a partir de 1977 con la legalización del Partido Comunista, se vislumbró un camino hacia la apertura política, aunque este fuera lento y limitado. La inclusión de diversas voces y la búsqueda de consensos eran características que, aunque imperfectas, permitían instaurar un protocolo de diálogo dentro del andamiaje institucional.
Sin embargo, lo que antes fue un proceso de apertura se ha transformado ahora en una etapa de retroceso. La actual administración, liderada por Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, ha comenzado a cerrar espacios políticos en lugar de expandirlos. Sin disimulo, se ha excluido tanto a los opositores como a sus eternos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, mostrando una voluntad de poder que prioriza las ambiciones personales sobre los principios democráticos que alguna vez proclamaron.
Recientemente, ha quedado expuesto el desdén con el que trata a sus compañeros de viaje, que no solo son ignorados, sino que también son estigmatizados y, si es necesario, comprados con sobornos a cambio de sustanciales apoyos económicos. Se reporta que el gobierno ha desembolsado 550 millones de pesos para las «escuelitas» del PT, una estrategia que busca asegurar la lealtad de este partido y su complicidad en una serie de reformas que laceren aún más el sistema político.
La corrupción y el nepotismo, banderas levantadas por la administración actual, parecen volverse convenientes cuando se trata de mantener el control. La falta de congruencia en las decisiones de Sheinbaum es evidente; su discurso contra el nepotismo se desdibuja cuando se trata de asegurar la permanencia de un sistema que le favorece. Con la presente gestión, el mito de una democracia participativa se desmorona, quedando al descubierto un esquema donde solo existe espacio para quienes comparten el mismo interés del poder.
Un aspecto crucial en esta discusión es el controvertido «Plan B», una serie de reformas que afectan el ámbito electoral sin requerir modificaciones constitucionales. Este plan, que busca afianzar el control federal sobre las decisiones locales, plantea interrogantes preocupantes sobre el respeto a la autonomía de los estados y municipios. Es fundamental preguntarse quién le otorga a la presidencia la autoridad para decidir cómo deben gobernarse territorios que presentan condiciones políticas y sociales tan diversas. Al imponer medidas que limiten la capacidad de acción de partidos no mayoritarios, la 4T incurre en una centralización peligrosa que amenaza los cimientos de nuestra democracia.
La intención de reducir el número de partidos y la reestructuración del sistema electoral bajo el pretexto de eficientar la democracia podría interpretarse como una jugada maestra en el ajedrez político; sin embargo, el costo puede ser la erosión de un sistema plural que ha tardado años en consolidarse. Los pasos de cangrejo a los que se hace referencia en esta administración no solo reflejan un deterioro en la calidad de la política, sino que también ensombrecen el legado de la izquierda en México, llevándola a una senda similar a la de regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua.
En conclusión, el panorama actual bajo el mando de la 4T sugiere un regreso a prácticas antiguas donde la exclusión y el control sustituyen al diálogo y la colaboración. Es imperativo que como ciudadanos exijamos un retorno a los principios democráticos que fomenten la participación efectiva y la pluralidad en el escenario político, así como la vigilancia constante sobre aquellos que buscan abusar de su poder en detrimento de todos. Ciertamente, “cosas veremos” a medida que este juego de poder continúe desenlazándose, pero la esperanza radica en que la voz del pueblo no sea silenciada.
