En febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la Unión de una profunda reforma político-electoral. Entre sus ejes: reducción del Senado, cambio en el sistema de representación proporcional, recortes presupuestales al árbitro electoral y nuevas reglas en materia digital.
Y aquí está el punto incómodo que nadie quiere decir con claridad:
El pueblo de México nunca votó por esta reforma.
No fue parte central del debate presidencial.
No fue sometida a consulta.
No fue presentada como eje de campaña con el nivel de detalle que hoy se discute.
Y cuando se pretende modificar las reglas del juego democrático, el estándar debería ser más alto que la mayoría simple o la disciplina partidista.
Cambiar las reglas después del partido
Toda reforma electoral debe cumplir tres principios básicos:
- Legitimidad de origen
- Consenso amplio
- Neutralidad respecto al poder en turno
Cuando el Ejecutivo impulsa cambios que impactan directamente al árbitro, al tamaño del Congreso y al sistema de representación, la sospecha es inevitable:
¿Se busca eficiencia… o se busca ventaja estructural?
Reducir escaños puede sonar popular.
Eliminar listas puede venderse como “golpe a las cúpulas”.
Recortar presupuesto puede parecer austeridad.
Pero democracia barata no significa democracia fuerte.
El argumento de la austeridad
Se habla de reducir hasta 25% el costo electoral.
Perfecto. La eficiencia es deseable.
Pero la pregunta es otra:
¿A qué precio institucional?
Un árbitro debilitado, menos recursos para fiscalización y menos representación proporcional pueden traducirse en:
- Mayor concentración del poder
- Menor pluralidad
- Menos contrapesos
- Mayor litigiosidad postelectoral
Las democracias no se fortalecen debilitando a sus árbitros.
El verdadero debate: representación vs. Mayoría
Eliminar o modificar la representación proporcional no es un ajuste técnico; es una decisión política profunda.
México no es un país homogéneo.
Es un país plural, regional, diverso y fragmentado.
La representación proporcional nació precisamente para evitar que una mayoría circunstancial aplaste permanentemente a las minorías.
Reducir ese mecanismo sin un consenso amplio puede alterar el equilibrio que costó décadas construir.
Lo que no se puede ignorar
La reforma puede tener argumentos válidos.
Puede contener ajustes necesarios.
Puede incluso modernizar ciertos aspectos.
Pero eso no sustituye una verdad incómoda:
No existe un mandato explícito ciudadano para rediseñar el sistema electoral.
Y cuando las reglas del poder se modifican desde el poder mismo, la prudencia no es opcional; es obligatoria.
Democracia no es solo ganar elecciones
Ganar una elección no es un cheque en blanco para rediseñar el sistema electoral completo.
La legitimidad democrática no solo se mide en votos;
se mide en límites, consensos y respeto a las reglas que garantizan competencia equitativa.
Si el gobierno quiere reformar el sistema electoral, que lo haga.
Pero que lo haga con apertura real, con diálogo auténtico y, sobre todo, con la humildad de reconocer que el pueblo nunca votó específicamente por este rediseño.
Porque la democracia no se fortalece cuando una mayoría cambia las reglas.
Se fortalece cuando las reglas protegen a todos, incluso a quienes hoy no están en el poder.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
X: @gilsoto70
Facebook: Gilberto Soto
Instagram: gilberto.soto.392
