En México ya no basta con tener un CFDI timbrado, un contrato firmado y una transferencia bancaria. La autoridad fiscal —con fundamento en el artículo 5-A y el 69-B del Código Fiscal de la Federación— ha elevado el estándar: hoy exige sustancia económica. Es decir, que las operaciones tengan razón de negocios real, capacidad material y evidencia verificable.

Durante años, muchas empresas se movieron en la zona gris de la forma sobre el fondo. Estructuras sofisticadas, triangulaciones, servicios intangibles difíciles de probar, honorarios “estratégicos” sin entregables claros. Todo legal en apariencia. Todo débil en esencia. La sustancia económica vino a cerrar esa puerta.

El mensaje es claro: si el principal propósito de una operación es obtener un beneficio fiscal y no un beneficio económico razonablemente esperado, la autoridad puede recaracterizarla. Y si el proveedor no tiene activos, personal o infraestructura para prestar el servicio, la operación puede presumirse inexistente. No es un tema técnico menor; es un cambio de paradigma.

Ahora bien, hay que decirlo sin rodeos: la sustancia económica es necesaria. El combate a las empresas factureras, a la simulación y a los esquemas agresivos era urgente. El problema no es el principio; el problema es su aplicación.

Cuando el criterio se vuelve excesivamente discrecional, se genera incertidumbre. ¿Qué es exactamente una “razón de negocios suficiente”? ¿Quién define qué beneficio económico era “razonablemente esperado”? El riesgo es que la línea entre combatir el abuso y castigar decisiones empresariales legítimas se vuelva difusa.

En la práctica, esto ha cambiado la forma de operar. Hoy las empresas que quieren dormir tranquilas deben documentar desde el origen: memorandos de decisión, análisis comparativos, evidencia de ejecución, trazabilidad financiera, entregables técnicos. La defensa ya no empieza en la auditoría; empieza antes de firmar el contrato.

Para el empresario disciplinado, esto no debería ser una amenaza, sino una oportunidad. La sustancia económica obliga a profesionalizar la toma de decisiones. Obliga a preguntarse:

—¿Esta operación realmente agrega valor?
—¿La necesito o solo optimiza impuestos?
—¿Podría explicarla con claridad frente a un tercero independiente?

Si la respuesta es sólida, la defensa también lo será.

Pero también debemos ser firmes en algo: la fiscalización no puede convertirse en una cacería basada en sospechas. La seguridad jurídica es un pilar del Estado de Derecho. La autoridad tiene derecho a cuestionar; el contribuyente tiene derecho a certeza.

La sustancia económica no es el enemigo. El enemigo es la simulación. Y del otro lado, el exceso.

Estamos en una nueva etapa fiscal en México. Ya no gana el más creativo en el papel; gana el más disciplinado en la operación. Quien entienda esto no solo evitará contingencias, sino que construirá empresas más sólidas, más transparentes y más defendibles.

La pregunta no es si la sustancia económica llegó para quedarse. La pregunta es si las empresas mexicanas están listas para operar con verdadera sustancia.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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