Nuestros mejores deseos porque el diputado Sergio Torres
recupere completamente su salud.
El sur de Sinaloa concentra ahora nuestros dolores de cabeza. Sí, eventos muy lamentables están pasando revista en estos días en Concordia, Mazatlán y Escuinapa. La desaparición de 10 trabajadores de la Minera Vizla Silver Corporation en las cercanías de la comunidad El Verde, Concordia, la tierra que tanto amó Domingo Rubí, y de los cuales cinco fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina en ese lugar. En Mazatlán se registró la desaparición de seis turistas originarios del Estado de México, en los días siguientes se informó que dos de ellos: una mujer y un menor de edad, fueron liberados, mientras el resto continúa en calidad de desaparecidos. Y de la otrora pacífica Escuinapa, se siguen registrando enfrentamientos, despojos de vehículos y ataques contra instalaciones de la policía local.
Concordia seguirá dando materia de qué hablar. Lo decimos porque la violencia en sus ricos y hermosos montes no surgió en la última temporada. Desde que registramos la primera diáspora de desplazados de este siglo, Concordia es teatro de este problema. Sin dejar de reconocer que la violencia estuvo presente en los años setenta del siglo pasado y que obligó a cantidades importantes de población de la sierra a que marcharan en busca de algún lugar donde la tranquilidad y el trabajo no faltaran. Pero ahora hablemos de las fosas clandestinas que salen a descubierto y al conocimiento público. No es una, hasta el momento de escribir la columna se habían contabilizado seis; pero entre los colectivos de buscadoras se habla de que desde hace tiempo la información anónima que les había llegado refería al menos a poco más de 20 fosas clandestinas y la cantidad de restos humanos en número tan grande que duele anotar aquí.
Más allá de versiones sobre los hechos alrededor de la desaparición de los ingenieros mineros, de la empresa minera, de los grupos delincuenciales y de omisiones de parte de la autoridad todo ello nos deja muy claro lo siguiente: la violencia no era ajena desde mucho antes a diversas localidades de Concordia, la misma mina había suspendido labores en alguna ocasión por razones de violencia, en la temporada de secas anterior hubo incendios de bosques que las comunidades aledañas denunciaron como intencionales, los desplazamientos no se hicieron esperar y varias rancherías lanzaron un SOS pidiendo urgente ayuda para sobrevivir. Las autoridades de salud, pero también organismos de la sociedad civil con apoyo de la CEDH hicieron llegar brigadas médicas y medicinas.
En reuniones de desplazados en la zona sur del estado, escuché con interés la denuncia que una distinguida dama presentaba ante los medios de comunicación estando presentes funcionarios de gobierno. Esa ciudadana afirmó que su familia es dueña de una mina muy importante en Concordia y que recibieron amenazas para que abandonaran la empresa; continuaron trabajando y le mataron a un hijo. La mina era su patrimonio y, a pesar de los riesgos, continuaron al frente del negocio. Las amenazas subieron de tono y luego atentaron contra otro de sus hijos y de su esposo. La delincuencia se hizo de la mina. No hubo justicia.
Antes y durante los incendios en los bosques de la tierra de don Clemente Vizcarra, varias comunidades ocurrieron ante Sebides, organismos de la sociedad y la CEDH para conseguir apoyo en despensas y ayuda médica. La ayuda fluyó para aliviar la situación de desabasto que provocaba la presencia de personas ajenas a la zona en actitud violenta.
Y de Mazatlán, digamos que sufre por la desaparición de turistas y de vecinos de la región, entre otras personas: Carlos Emilio de Torreón, David y su pareja también de Torreón, los cuatro ciudadanos del Estado de México. Y en todos los casos registrados, contando las personas que reaparecieron con vida o sin ella, las investigaciones no resuelven los casos. Lo triste de estas historias es que, resignadas a los tiempos difíciles, las familias ruegan por encontrar a sus seres queridos, vivos o muertos, declarando que no buscan el castigo de los responsables. Podemos entender que en su dolor los familiares sólo deseen encontrar a quienes desaparecieron, pero al tratarse de delitos de lesa humanidad la autoridad no tiene excusa para buscar la justicia plena para dichos casos.
Escuinapa vive una encrucijada difícil de resolver: se ubica en un triángulo cuyos otros vértices están en esa sierra que se comparte con Durango y Nayarit. La zona es de alarma, pues la orografía de ese triángulo se vuelve santuario para las bandas que se dedican a delinquir. La situación de esa zona urge a que el Estado mexicano aplique las medidas que demanda la coyuntura actual, sin dejar de observar de manera puntual el respeto a los derechos humanos.
Todo el entorno y los puntos centrales que identifican el complicado momento que vivimos nos invitan a reflexionar sobre las deudas de la autoridad en su actuar: en primer lugar hablemos de la transparencia que debe prevalecer en todas sus actuaciones, la buena relación que debe existir con los colectivos de familiares con desaparecidos, la fluidez de la información hacia la sociedad lo que permite una mayor confianza pública y una mejor percepción sobre las tareas de seguridad y que se entienda que lo que se busca en las movilizaciones es un acercamiento no la distancia con la autoridad. Hay críticas y también se busca que se corrijan errores, pero no el distanciamiento.
No nos cansaremos de ¿Por qué la situación demanda cambios en la estrategia? Hacer los cambios ayuda a alcanzar la postcrisis.
