En un rincón de la memoria, se sitúa un día de 2007. Ese año, el buen amigo Ramiro Gámez Sepúlveda, exdiputado local y exdirigente del PRI en el estado, participamos juntos en una mesa de discusión política llamada «Controversias». En ese escenario, donde la política se debatía con pasión y nervio, Ramiro lanzó una propuesta que, en su momento, fue desechada por la mayoría: sustituir la ley electoral por una ley de partidos políticos.
Era el periodo de la postelección más reñida y controversial de la historia reciente de México, la del 2006, con Felipe Calderón asumiendo la presidencia en medio de un clima de incertidumbre y descontento. Los ecos de las protestas aún resonaban y en el aire flotaba la pregunta de si la democracia era genuina o simplemente un decorado. Gámez resaltó que más allá de reformas superficiales, lo crucial era establecer reglas equitativas para todos los partidos, un planteamiento que resonaba con fuerza, pero que se desvaneció rápidamente entre los gritos de quienes defendían la reforma a la ley electoral.
A medida que el tiempo ha avanzado, lo que parecía un mero comentario en la radio con todo y su alcance ha cobrado una urgencia inquietante. El desgaste y la corrupción han erosionado la estructura de los partidos políticos, llevándolos a un estado de burocratización y centralismo que los hace vulnerables a la manipulación. La idea de Ramiro ha cobrado nueva vida: una ley de partidos políticos que someta a todas las agrupaciones a las mismas reglas, asegurando que sean los ciudadanos quienes elijan a sus representantes y no las élites partidarias que, como un club privado, operan en la sombra.
Este concepto de “ciudadanización” es crucial para combatir la partidocracia que ha dominado nuestro sistema político. Bajo su prisma, cada candidato debería ser un reflejo de la voluntad popular, elegido por sus coterráneos y no impuesto desde las cúpulas de los partidos. En un país donde los distritos y municipios parecen ser meros cascarones vacíos de representación, la propuesta de Gámez se erige como un faro que vislumbra una democracia más robusta e inclusiva.
Sin embargo, la realidad se impone: las décadas han demostrado que las democracias en México son más una ilusión que una verdad tangible. Lo que antes eran órganos electorales ahora a menudo funcionan como títeres del poder. La simbiosis entre el gobierno y los partidos ha generado un fenómeno grotesco conocido como «autocracia política», donde el poder se convierte en un botín disputado por quienes están dispuestos a sacrificar la ética en el altar de la ambición.
Hoy, la relevancia de la propuesta de Gámez se manifiesta con una claridad aterradora. El miedo que embarga a la burocracia parasitaria no es más que un reflejo de su propia fragilidad. La reelección, que hoy se presenta como un símbolo de progreso, se ha transformado en una burla de la esencia democrática, convirtiéndose en un mecanismo para perpetuar el poder. A medida que un nuevo ciclo político se cierne sobre el país, las iniciativas de Morena y la Cuarta Transformación buscan nuevamente despojar a los órganos electorales de su incipiente autonomía, intentando recrear el oscuro legado del viejo PRI. ¿Acaso hemos olvidado que aquella “dictadura perfecta” es un fantasma que nunca se fue del todo?
La discusión que comenzó en aquel programa de radio parece más pertinente que nunca. La voz de Ramiro Gámez resuena en un contexto donde la lucha por una verdadera democracia es continua y desafiante. La pregunta persiste: ¿seremos capaces de aprender de nuestra historia, o nos resignaremos a repetirla? La respuesta está en nuestras manos, pero, sobre todo, en nuestra capacidad de exigir un cambio real, que inicie desde la raíz: esa ley de partidos políticos que, aunque olvidada, sigue esperando su oportunidad para renacer.
