En el contexto de la escalada de violencia que ha azotado a Culiacán y, en general, a Sinaloa, resulta imposible no mencionar como han sido expuestos a múltiples riesgos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). La guerra desatada tras el secuestro de Ismael Zambada y el asesinato de sus escoltas ha arrastrado a nuestra sociedad hacia un abismo de inseguridad y temor. Se habla de casi 18 meses de infierno; un periodo que ha dejado huellas profundas en la colectividad, incluyendo a quienes trabajan para mantener el suministro eléctrico, fundamental para cualquier actividad económica y social.
El saldo de esta crisis es escalofriante. Alrededor de 30 situaciones de riesgo han afectado directamente a los trabajadores de la CFE, quienes han sido despojados, levantados y baleados. Esta violencia no es aislada; es un reflejo del contexto que viven otros sectores, como el de la salud, donde médicos, enfermeras y socorristas también enfrentan su propia lucha diaria, expuestos al sufrimiento y al miedo. El reciente y terrible asesinato de un médico en Costa Rica resuena con fuerza, simbolizando la fragilidad de la vida profesional en un entorno hostil.
Frente a esta descomposición social, el pánico se ha apoderado de Culiacán, especialmente en estos días en que circulan rumores alarmantes en redes sociales, llamando a la población a permanecer en sus casas. La incertidumbre se agrava con la desaparición de la joven influencer Nicole Pardo Medina, lo que alimenta un clima de miedo que ya es una constante en la vida cotidiana de los sinaloenses. No se puede minimizar ni ser irresponsable ante esta situación que afecta gravemente la estabilidad emocional y económica de la población.
Los daños causados son devastadores: pérdidas de vidas, bienes, y una estabilidad económica virtualmente colapsada. La impotencia se hace sentir en cada rincón de la ciudad. Este panorama sombrío deja a las generaciones actuales con un estigma que difícilmente podrá borrarse. El fracaso de las instituciones y del gobierno resulta innegable, y la falta de acción efectiva por parte de las fuerzas del orden acentúa la percepción de una sociedad abandonada a su suerte.
Lo más preocupante es la ausencia de una respuesta clara y contundente por parte del gobierno. En lugar de asumir la responsabilidad, ofrecer disculpas y presentar soluciones viables, se ha optado por el silencio. Encargaron a una fiscalía contaminada la resolución de un problema que exige transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, el tiempo avanza y la crisis se profundiza sin que se tomen acciones efectivas para mitigar el sufrimiento diario de los ciudadanos.
La discusión sobre la situación en Sinaloa no debe ser trivializada ni utilizada como herramienta política. El gobierno debe hablar claramente con la sociedad y explicar la gravedad de la situación. Ignorar el diálogo solo perpetúa la angustia de una población que, frente a una crisis de tal magnitud, necesita vislumbrar un atisbo de esperanza. El daño infligido a la economía, al empleo y a la canasta básica es palpable y urgente, lo que debería obligar a nuestros líderes a actuar en lugar de debatir y politizar la crisis.
Hemos alcanzado un momento crítico en Sinaloa, una realidad que no se había visto en décadas. La reconstrucción de lo que se ha perdido tomará años, y los muertos quedarán como un luctuoso recordatorio de la urgencia de acciones decididas. Culiacán es una región profundamente herida, y para sanar, se requiere de empatía, diálogo y acciones concretas. Abordar el problema es un imperativo que no se puede evadir; se necesita apertura y disposición para enfrentar la cruda realidad con valentía y responsabilidad.
