“Todo está en la infancia, hasta aquella fascinación que será porvenir y que sólo entonces se siente como una conmoción maravillosa”, Cesare Pavese (1908-1950) Poeta y novelista italiano.

ASPAVIENTOS

Los cambios anunciados por el gobernador Rubén Rocha Moya en la Secretaría de Transparencia y en la Tesorería del Estado se presentan, en apariencia, como ajustes administrativos propios del arranque de año.

Sin embargo, colocados en perspectiva política, abren interrogantes sobre los equilibrios internos del gobierno, la narrativa de control institucional y las dinámicas que se activan en un contexto previo a restricciones electorales.

¿Son simples movimientos técnicos o forman parte de una estrategia más amplia de cohesión y blindaje institucional?

El relevo en Transparencia no ocurre en cualquier área ni en cualquier momento. La salida de María Guadalupe Ramírez Zepeda, acompañante del proyecto desde 2021, y la llegada de Sandra Guadalupe Angulo Cázarez —un perfil surgido de la propia estructura gubernamental— revela una decisión que privilegia la continuidad interna sobre la apertura a figuras externas.

El gobernador no habla de correcciones, sino de preservación: “no relajar al equipo” y mantener a Sinaloa dentro de los estados mejor evaluados por la Auditoría Superior de la Federación.

Aquí surge una primera pregunta: ¿el énfasis en la continuidad responde a una convicción técnica o a la necesidad política de no alterar equilibrios en un área especialmente sensible para la legitimidad pública del gobierno?

La transparencia no solo es un rubro administrativo; es un símbolo de credibilidad y un espacio donde cualquier fractura puede convertirse en signo de alerta.

La designación de Angulo Cázarez, con trayectoria previa en áreas operativas del gobierno, remite a un patrón frecuente en administraciones que entran a una fase de compactación: circulación de cuadros internos, fortalecimiento de círculos de confianza y blindaje de dependencias estratégicas.

Ello plantea otra interrogante necesaria: ¿se privilegia la especialización técnica o la cohesión política como principal criterio de continuidad institucional?

En paralelo, el movimiento en la Tesorería del Estado adquiere otra dimensión. La Tesorería es, en términos de operación gubernamental, el núcleo donde convergen decisiones financieras, prioridades presupuestales y márgenes de maniobra política.

El propio mandatario reconoce que los ajustes se realizan antes de que lleguen los “impedimentos electorales”. La frase no es menor: sugiere una intención de dejar los mecanismos financieros alineados y bajo conducción definida antes de que la dinámica electoral limite la capacidad de decisión.

Esto conduce a nuevas preguntas:

¿El ajuste financiero responde a una estrategia de eficiencia administrativa o a una necesidad de control presupuestal en un año políticamente delicado?

¿Se trata de garantizar estabilidad operativa o de asegurar gobernabilidad interna en un periodo de eventuales tensiones?

En su conjunto, los movimientos pueden leerse como parte de un proceso de ordenamiento y compactación gubernamental.

En este escenario, los gobiernos suelen revisar lealtades, depurar áreas clave y reforzar dependencias que inciden en la percepción pública: transparencia, finanzas, fiscalización.

La narrativa oficial apela a la estabilidad; sin embargo, toda estabilidad implica una correlación de fuerzas previamente discutida y redefinida.

Desde una lectura más profunda, emerge una última reflexión crítica:

¿estos cambios buscan consolidar una etapa madura del gobierno basada en continuidad institucional, o representan el inicio de una reconfiguración silenciosa del gabinete ante un entorno político en transformación?

La respuesta no está aún en los nombres ni en los anuncios, sino en los resultados y en la manera en que estas áreas operarán bajo nuevos liderazgos.

Será el tiempo —y la capacidad de los nuevos titulares para sostener indicadores, resistir presiones y fortalecer mecanismos de control público— lo que permitirá determinar si estamos ante ajustes administrativos… o frente a una verdadera realineación política al interior del gobierno estatal.

MEDICIÓN

La más reciente evaluación ciudadana de Mitofsky coloca a Juan de Dios Gámez Mendívil entre los alcaldes de capital mejor calificados del país, con un 52.5 por ciento de aprobación.

Más que un dato estadístico aislado, este resultado refleja un clima de confianza social hacia una administración que ha priorizado el trabajo territorial, la ejecución de obra pública estratégica y el fortalecimiento institucional del gobierno municipal de Culiacán.

El hecho de que su aprobación se mantenga estable e incluso registre una ligera mejoría respecto a octubre revela consistencia de gobierno. No se trata de picos coyunturales ni de popularidad circunstancial, sino de un respaldo construido a partir de acciones concretas y verificables.

La ciudadanía no evalúa promesas, evalúa desempeño —y los indicadores marcan una tendencia positiva.

En el contexto nacional, aparecer en el lugar 11 de entre 31 alcaldes capitalinos posiciona a Culiacán en una franja de reconocimiento público relevante, especialmente en un entorno urbano complejo y con altos retos de crecimiento, movilidad, infraestructura y seguridad.

Ello abre una lectura política clave:

La aprobación a Juan de Dios Gámez no descansa en discursos, sino en una agenda de gobierno con objetivos claros y avances tangibles.

Uno de los pilares de su administración ha sido la obra pública de impacto social. El compromiso de pavimentar mil calles no solo constituye una meta ambiciosa, sino una política pública focalizada en mejorar entornos, movilidad y conectividad urbana.

La ejecución de más de 200 calles y el arranque de nuevas etapas confirman que el programa no quedó en anuncio: se convirtió en realidad progresiva y planificada.

A esto se suma el fortalecimiento de la Policía Municipal mediante la próxima incorporación de 400 nuevos elementos y la instalación de sistemas de videovigilancia con botones de auxilio. En lugar de respuestas improvisadas, el gobierno municipal impulsa una ruta institucional de seguridad preventiva, basada en capacidad operativa y tecnología.

Sin embargo, quizá el rasgo más distintivo del actual gobierno municipal sea su apuesta por la infraestructura hidráulica, con la construcción de tres plantas potabilizadoras que beneficiarán a la zona sur, norte y región de El Salado.

Se trata de obras que trascienden la coyuntura administrativa:

son proyectos estructurales que garantizan agua, desarrollo y bienestar para las próximas generaciones.

En este sentido, la aprobación ciudadana no solo premia la gestión actual, sino que reconoce una visión de futuro.

La trayectoria electoral también explica parte del respaldo social. La votación histórica obtenida por Gámez Mendívil en 2024 no se ha diluido; por el contrario, se ha convertido en capital político transformado en gestión pública. La confianza depositada en las urnas hoy encuentra correspondencia en resultados de gobierno.

Las cifras de Mitofsky no sólo registran percepción: confirman que Culiacán cuenta hoy con una administración estable, consistente y orientada a resolver problemas reales.

La pregunta ya no es si el alcalde puede sostener su aprobación, sino cómo este respaldo social se convertirá en plataforma para profundizar políticas públicas de largo alcance.

En un contexto donde muchos gobiernos locales enfrentan desgaste, Juan de Dios Gámez Mendívil muestra una característica poco común en la política contemporánea: gobernar con resultados medibles, cercanía social y sentido estratégico. Y eso, más que cualquier otro factor, explica por qué su administración logra mantener un nivel competitivo de aprobación ciudadana en el país.

ENFOQUES

La toma de protesta de Elizabeth Chía Galaviz —exdiputada del Partido Sinaloense— como secretaria ejecutiva del SIPINNA en Ahome no solo representa un nombramiento administrativo dentro de la estructura municipal.

En el plano político, abre un espacio de reflexión sobre los procesos de reconfiguración de alianzas, la movilidad de cuadros entre fuerzas políticas y la manera en que los gobiernos locales integran perfiles con trayectoria previa en proyectos distintos al oficial.

El discurso institucional que acompañó su designación se centró en la responsabilidad social, la protección de derechos y el compromiso con la niñez y adolescencia.

Sin embargo, en la lectura política aparece una primera pregunta inevitable: ¿este nombramiento responde únicamente a la valoración técnica del perfil, o forma parte de una estrategia de acercamiento y cooptación de liderazgos provenientes de otras fuerzas políticas?

El Partido Sinaloense ha sido, históricamente, un actor con presencia territorial y capacidad de movilización en Ahome y en el norte de Sinaloa.

La incorporación de una figura identificada con ese espacio político al gobierno morenista plantea un escenario de convergencia pragmática, donde los límites entre oposición y oficialismo se vuelven más difusos.

En ese sentido, surge otra interrogante:

¿estamos frente a un proceso de integración institucional que busca fortalecer la gobernabilidad municipal, o ante una estrategia de absorción política de cuadros con capital local?

Desde el ángulo administrativo, la nueva titular de SIPINNA enfatiza la coordinación institucional y el trabajo conjunto con el organismo estatal.

El mensaje apela a la responsabilidad social y la cohesión en políticas públicas. No obstante, la dimensión política permanece latente:  ¿el fortalecimiento de SIPINNA es prioritario por convicción programática o porque su relevancia social lo convierte en un espacio estratégico de legitimidad gubernamental?

Por otro lado, el movimiento también invita a reflexionar sobre la trayectoria personal de los actores políticos en contextos de cambio de correlación de fuerzas. La pregunta es inevitable: ¿la transición de una exlegisladora del PAS hacia una función dentro de un gobierno morenista refleja evolución institucional o adaptación al nuevo mapa del poder?

En el discurso público, la narrativa del servicio y la protección de derechos aparece como eje rector. Pero toda narrativa pública contiene un trasfondo político. Incorporar cuadros provenientes de otros bloques puede interpretarse como apertura plural… o como un mecanismo de alineación progresiva bajo el paraguas del gobierno en turno.

En última instancia, será el desempeño institucional lo que permita responder las interrogantes de fondo.

¿Este nombramiento se traducirá en políticas públicas efectivas para la niñez y adolescencia o en un reacomodo político-administrativo sin impacto tangible?

¿Representa un signo de madurez democrática en el que perfiles transitan entre proyectos por vocación de servicio… o evidencia una dinámica de acercamiento político en tiempos de recomposición territorial?

El tiempo, los resultados y la manera en que el nombramiento se articule con la agenda pública del municipio permitirán definir si este movimiento es, ante todo, una decisión institucional al servicio de la niñez, o si forma parte de un proceso más amplio de realineamiento político en Ahome.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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