En este rincón del noroeste mexicano llamado Culiacán, donde las balas parecen tener más eco que la razón, la política se convierte en un campo de batalla, no solo por el control del poder, sino también por la defensa de unos ideales que, en los últimos tiempos, parecen eclipsarse ante la sombra de la violencia. La figura de la regidora por Culiacán, Erika Sánchez, emerge como una potencial figura clave en el tablero político que se juega malamente entre exabruptos y descalificaciones.

No se puede ignorar que los sistemas de inteligencia del «rochismo», ese fenómeno político de poder absoluto, está operando con una astucia que parece diseñada para cazar a sus adversarios. Y en este escenario, Erika Sánchez y su colega, la regidora Guillermina López, han tomado la valiente decisión de exigir al presidente municipal, Juan de Dios Gámez, un enfoque serio en las medidas de seguridad que vayan más allá de simples convenios que no resuelven la crisis que asola a Culiacán. Lo que se necesita es acción, no palabras vacías.

El ruido mediático que ha rodeado a estas dos funcionarias es notable. Se les acusa de insensibles y miopes, como si su llamado a abordar la inseguridad con la urgencia que amerita fuera un capricho y no una necesidad esencial.  Sin embargo, tal vez el mismo sistema que cuestiona estos llamados está tan aturdido por el estruendo de la violencia que prefiere atacar a quienes alzan la voz en lugar de responder a sus demandas legítimas.

La escena es desoladora: Culiacán enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes, reminiscentes de escenarios distópicos donde el miedo se ha convertido en el cotidiano de más de 4000 familias que han perdido a un ser querido, más de 7000 propietarios despojados de sus vehículos y más de 100,000 habitantes que han optado por emigrar en busca de un futuro más seguro. Esta debacle económica y social no solo deja cicatrices visibles, sino que plantea un desafío estructural que tardará en sanar más de una década.

¿Es demasiado pedir un acto de solidaridad por parte del edil hacia los policías caídos en el deber? ¿Es tanto el horror que ni siquiera un mínimo reconocimiento se otorga a quienes han sido sacrificados en esta lucha? Desde luego, no pretendo aquí clamar por un espectáculo de lágrimas o discursos emotivos, sino que se visualice la urgencia de atender la herida abierta de la violencia en nuestra capital. Hoy, lo que necesitamos son recursos, estrategias concretas, agua que apague el incendio de la inseguridad.

Erika Sánchez, a quien algunos ven como una prospecto para las elecciones del 2027, se encuentra en la mira de un ataque orquestado. ¿Por qué deslegitimar su labor? Porque en medio de un caos generalizado, aquellos que tienen el poder se sienten amenazados por voces que demandan cambios reales. Los ecos del debate sobre la seguridad son así una señal de que las cosas deben cambiar, no de que las regidoras deben ser silenciadas.

El fuego que consume Culiacán reclama atención inmediata. La cultura y la educación pueden aguardar su turno en la agenda pública, pero ahora el momento es para confrontar la violencia con el compromiso de quienes conducen la ciudad. La mirada crítica que lanza Erika Sánchez no es un ataque, sino un llamado de alerta ante una realidad que no se puede seguir ignorando. En un país donde la política se convierte en un juego de poder a costa de la vida de millones, la valentía de exigir responsabilidad es el primer paso hacia la reconstrucción de un futuro donde la paz sea más que un ideal; volver realidad el mandato constitucional de que es un derecho de cada ciudadano.