“Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”, Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa.

EN PUNTA

¿Los días como alcaldesa para Cecilia Ramírez están contados?

La polémica adquisición de 13 patrullas por más de 17 millones de pesos en el Ayuntamiento de Guasave abre una discusión que trasciende lo meramente administrativo.

Lo advertido por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, no es un simple comentario de trámite: es una llamada de atención que pone en evidencia el riesgo de que este caso termine en el mismo desenlace que han enfrentado otros alcaldes en Sinaloa, sometidos a procesos de desafuero por decisiones similares.

El argumento de la “urgencia” en materia de seguridad, esgrimido por la alcaldesa Cecilia Ramírez, puede ser políticamente rentable, pero jurídicamente débil.

La Ley de Adquisiciones no contempla la discrecionalidad como sustituto de los procesos legales.

Si bien la necesidad de patrullas puede ser incuestionable en un municipio golpeado por la violencia, la manera en que se realizan las compras es lo que determina si se trata de un acto legítimo o de un posible abuso del poder.

El antecedente de Ahome debería servir como advertencia suficiente. Ahí, la compra millonaria de unidades con conversión a patrullas terminó bajo investigación, no solo mediática, sino judicial.

Exfuncionarios enfrentan procesos y la administración municipal quedó marcada por un halo de opacidad.

El Congreso de Sinaloa ya ha demostrado que puede actuar en estos escenarios, y lo ha hecho con consecuencias políticas graves: tres alcaldes desaforados en los últimos años por situaciones vinculadas a adquisiciones irregulares.

En ese contexto, lo que ocurre en Guasave no puede minimizarse como un simple diferendo político entre un regidor opositor y la alcaldesa en funciones. Se trata de un asunto de legalidad, de respeto a los procesos, y sobre todo, de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Cuando un gobierno municipal decide saltarse la licitación bajo el pretexto de la premura, envía un mensaje preocupante: la ley se cumple solo cuando no estorba.

El llamado de Guerra Ochoa es contundente. Los municipios deben entender que no están por encima de la ley y que los atajos administrativos pueden convertirse en delitos.

La diputada, al traer a colación los casos anteriores, coloca sobre la mesa un escenario posible y nada deseable: que Guasave se convierta en el cuarto municipio en donde un alcalde se enfrente a un proceso de desafuero por no respetar las reglas básicas de transparencia.

En la raíz de este problema está una práctica recurrente en la política mexicana: justificar lo injustificable con el argumento de la necesidad.

Nadie discute la urgencia de patrullas para fortalecer la seguridad en Guasave, pero sí es cuestionable que se adquiera equipo con recursos públicos sin apego estricto a la normatividad.

El fin no puede justificar los medios, menos cuando se trata de dinero de los contribuyentes.

La lección es clara: la legalidad no admite atajos. Si la alcaldesa Cecilia Ramírez y su administración insisten en sostener que todo se hizo conforme a derecho, la única manera de demostrarlo es a través de la máxima transparencia.

De lo contrario, el riesgo de repetir los errores de Ahome y de otros municipios no solo es latente, sino inevitable. Y las consecuencias, como ya se ha visto, pueden marcar un destino político del que pocos logran recuperarse.

El asunto ahora tendrá que pasar a la Auditoría Superior del Estado, de encontrar algo que sugiera corrupción o no cumplimiento de los procesos especificados en la Ley de Adquisiciones, habría una seria acusación contra la doctora Cecy.

Ya veremos que sucede. Pero si le podemos decir que ‘vio la tempestad, y no se hincó’.

TRABAJO

La reunión entre el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, marca un paso importante en la búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta la máxima casa de estudios.

Lejos de la confrontación y con una perspectiva de cooperación, el encuentro reflejó la voluntad de fortalecer la institución a través de la transparencia, la rendición de cuentas y una agenda de trabajo compartida.

El rector Madueña presentó un informe detallado de las acciones emprendidas, subrayando la importancia de mantener el rumbo académico y administrativo de la UAS con apego a la legalidad.

En un contexto donde las universidades públicas atraviesan dificultades financieras y de gobernabilidad, el mensaje de certidumbre enviado a la comunidad universitaria resulta fundamental para garantizar la estabilidad institucional.

El reconocimiento por parte del subsecretario Villanueva al esfuerzo de la UAS no es menor.

Destacó la necesidad de impulsar una reingeniería académica, administrativa, financiera y normativa que permita no solo resolver coyunturas inmediatas, sino sentar bases sólidas para el futuro.

La disposición al diálogo y la coordinación interinstitucional se convierten así en una herramienta indispensable para avanzar hacia soluciones que beneficien directamente a estudiantes, docentes y trabajadores.

La agenda colaborativa acordada con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda refleja un compromiso con la viabilidad financiera y la gobernabilidad universitaria.

Este enfoque integral no solo busca atender compromisos inmediatos, sino también consolidar a la UAS como un referente de gestión responsable y visión estratégica en el ámbito educativo.

La universidad, como institución pública, debe responder a la confianza de la sociedad con resultados claros en formación, investigación y extensión.

En ese sentido, los esfuerzos encabezados por el rector Madueña y respaldados por la autoridad federal representan un avance hacia una etapa de mayor certidumbre y consolidación institucional.

Más allá de las coyunturas, el mensaje de Jesús Madueña es claro: la UAS trabaja para garantizar estabilidad y desarrollo, en un camino donde la coordinación y el diálogo son la clave para afrontar los retos presentes y futuros.

DESIGNACIÓN

La designación de Jorge Rubén Ibarra Escobar como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Mazatlán representa un movimiento institucional que busca fortalecer la coordinación y la planeación en una de las áreas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad.

El nombramiento, encabezado por la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, responde a la necesidad de mantener activo y funcional un espacio de diálogo donde convergen autoridades, sectores sociales y actores de la vida productiva del municipio.

El llamado de la alcaldesa a mantener una dinámica propositiva, nutrida de estrategias nacionales y estatales, pone en evidencia la intención de alinear la política local con lineamientos más amplios.

La referencia al Plan Nacional de Seguridad, con sus cuatro ejes estratégicos —atención a las causas, formación policial, coordinación intergubernamental y estrategias de inteligencia—, marca la pauta de una visión integral que no se limita a la reacción inmediata, sino que intenta abordar los factores estructurales de la inseguridad.

En este sentido, la renovación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo puede interpretarse como un momento de transición hacia una etapa en la que se busca construir consensos entre gobierno, sociedad y academia.

La propia alcaldesa subrayó la importancia de tender puentes entre estos sectores, una tarea compleja pero indispensable si se quiere avanzar en la creación de una cultura de paz en Mazatlán.El relevo institucional no implica, por sí solo, una garantía de resultados inmediatos.

La efectividad de este consejo dependerá de que sus integrantes mantengan un rol activo, de que sus propuestas no se queden en lo declarativo y de que exista una verdadera articulación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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