“Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”, Viktor Frankl (1905-1997) Psiquiatra y psicoterapeuta austriaco

EN LA MIRA

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha judicializado la carpeta CAIL 1166/2025, que involucra a Vargas Landeros y a varios de sus exfuncionarios por la contratación de Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V., mediante la cual se logró la devolución de 96 millones 899 mil pesos de ISR, a cambio de pagar 33 millones 720 mil pesos en comisión a la empresa.

Este esquema, que en el papel luce como una operación financiera, abre serias dudas sobre la proporcionalidad, la transparencia y la ética en el manejo de recursos públicos.

El actual presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, aclaró que esta denuncia no fue promovida directamente por el Ayuntamiento, sino que deriva de observaciones realizadas por la ASE al ejercicio fiscal 2021, cuando Vargas Landeros estaba al frente de la administración. En febrero de 2025 se solicitó información sobre estas observaciones, y en mayo, ya con la nueva administración en funciones, se inició el protocolo que hoy tiene repercusiones judiciales.

“No es una querella propia, sino el resultado de una auditoría que se hizo en el pasado… hay que actuar en consecuencia y que las autoridades determinen y deslinden las responsabilidades”, afirmó Menéndez de Llano, dejando claro que este proceso forma parte de los mecanismos de revisión y transparencia que, según dijo, se aplican en todos los municipios.

Pero el caso no se limita a lo jurídico; tiene un alcance político que Morena no puede ignorar.

Vargas Landeros fue uno de sus cuadros más visibles en Ahome, y hoy enfrenta ya al menos tres procesos judiciales por presuntas irregularidades, incluyendo la adquisición irregular de patrullas y abuso de autoridad.

Cada carpeta abierta erosiona la narrativa de un partido que hizo de la lucha anticorrupción su estandarte.

La audiencia de formulación de imputación programada para el 4 de septiembre será clave no solo para definir responsabilidades, sino también para medir el impacto que este proceso tendrá en la confianza ciudadana.

¿Responderán las instituciones con sanciones efectivas o volveremos a ser testigos de un desfile de audiencias que terminan en nada?

En Sinaloa, la memoria política ha demostrado que muchos personajes sobreviven a los procesos mediáticos y resurgen incluso fortalecidos.

En el terreno político, Morena enfrenta un dilema: respaldar a Vargas y cargar con el desgaste, o deslindarse y abrir la disputa por el control de Ahome. El primer escenario lo haría vulnerable frente a una oposición que, aunque debilitada, encuentra en estos casos un argumento sencillo para exhibir contradicciones; el segundo podría desatar fracturas internas y reacomodos abruptos de cara a la próxima elección.

La ciudadanía, mientras tanto, observa con escepticismo.

Cada peso comprometido sin rendición de cuentas, cada comisión excesiva disfrazada de gestión eficiente, cada promesa de combate a la corrupción que termina en carpetas archivadas, suma a una desconfianza que se convierte en abstencionismo o voto de castigo.

Gerardo Vargas Landeros se ha vuelto el rostro de un conflicto más amplio: la distancia entre el discurso transformador y la realidad administrativa en los municipios.

Si su caso concluye en sanción ejemplar, sentará precedente; si termina como tantos otros, confirmará que la corrupción en Sinaloa no distingue partidos, solo se recicla con nuevos protagonistas.

El verdadero reto no está solo en los tribunales, sino en la capacidad política de Morena para demostrar que la lealtad no puede estar por encima de la rendición de cuentas. Porque en Ahome no solo se juzga a un exalcalde: se mide la coherencia de un proyecto político que prometió ser diferente.

CALMANTES

El diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo hizo un llamado a la mesura y a respetar los tiempos electorales, destacando la importancia de concentrarse en la gestión actual y mantener la estabilidad política en el estado.

Guerrero Verdugo se refirió a los adelantos en las candidaturas de cara a la próxima elección y subrayó la necesidad de respetar los tiempos políticos establecidos por las instancias correspondientes.

“En política hay formas, hay tiempos, no hay que llegar antes ni hay que llegar después. Entonces hay que tomar las cosas con tranquilidad, ser mesurados, ser prudentes… y mucho le ayudaremos siendo prudentes, siendo cautos y esperar los tiempos”, señaló.

El diputado enfatizó que los actores políticos deben concentrarse en sus responsabilidades actuales y en el trabajo en beneficio de la ciudadanía, evitando que la contienda electoral distraiga de la gestión pública.

Su mensaje, alineado con las declaraciones de la líder nacional de Morena, busca promover unidad y disciplina partidista dentro del partido.

Guerrero Verdugo concluyó destacando que la prudencia no es solo una recomendación ética, sino un elemento clave para el buen desarrollo de los procesos políticos y la estabilidad de la entidad. La intención, agregó, es garantizar que las decisiones sobre candidaturas se tomen en su momento, evitando tensiones innecesarias y fortaleciendo la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno y los propios militantes.

Aunque sabemos para donde apunta la flecha, el diputado pide mesura y paciencia.

PROYECTO

La administración que encabeza Estrella Palacios Domínguez reporta ocho obras de infraestructura escolar desde noviembre de 2024, de las cuales cinco ya fueron concluidas y entregadas, mientras que tres se encuentran en proceso.

Entre las acciones destacan la construcción de bardas perimetrales, subestaciones eléctricas, techumbres y una cancha de usos múltiples, además de apoyos complementarios a más de 90 escuelas con mobiliario, material eléctrico, pintura y minisplits.

La inversión total asciende a 11.5 millones de pesos en obra y 1.8 millones en apoyos complementarios, una cifra que, si bien representa un esfuerzo importante, debe ponerse en perspectiva frente a las necesidades reales del municipio.

Mazatlán cuenta con una amplia red de planteles, muchos de ellos con infraestructura obsoleta o carente de servicios básicos, por lo que esta inversión, aunque positiva, parece más un primer paso que una solución integral.

Desde una perspectiva objetiva, el anuncio muestra voluntad política por atender el rezago educativo, pero también evidencia la limitación presupuestal de los municipios para dar cobertura total a las demandas de infraestructura escolar.

Las autoridades han señalado la intención de evaluar una ampliación presupuestal, un punto clave que marcará si este esfuerzo se queda como una acción aislada de inicio de administración o si se consolida como una política sostenida.

Otro aspecto a considerar es la transparencia y la continuidad de los proyectos.

Los cambios de administración suelen frenar o reorientar obras, dejando procesos inconclusos que afectan a generaciones de estudiantes.

En este caso, el seguimiento puntual y la rendición de cuentas serán determinantes para que la ciudadanía perciba esta inversión como un avance real y no como un acto meramente administrativo.

La educación demanda más que infraestructura: requiere planeación de largo plazo, mantenimiento constante y participación activa de los distintos niveles de gobierno.

Mazatlán da un paso en esa dirección, pero el reto será mantener el ritmo, ampliar el alcance y garantizar que cada peso invertido se traduzca en mejores condiciones de aprendizaje.

ENFOQUE

La diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez anunció una iniciativa para sancionar a empresas que protejan a trabajadores incumplidos con la manutención de sus hijos, en un esfuerzo por proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta busca frenar prácticas en las que las empresas dan de baja o reducen el sueldo a trabajadores deudores para dificultar el cobro de pensiones alimenticias.

Según Ulloa Rodríguez, los patrones que encubran a estos empleados podrían enfrentar penas de prisión, ya que al hacerlo afectan directamente la protección de la infancia.

La iniciativa se suma a reformas recientes, como la reducción del plazo de impago de 90 a 60 días y la creación de un padrón digital de deudores alimentarios en Sinaloa, que permitiría verificar antecedentes incluso desde otra entidad o país.

La diputada hizo un llamado a las madres a no perder la esperanza y resaltó la importancia de las pruebas de paternidad gratuitas para asegurar el cumplimiento de la Ley Sabina.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

Facebook,Instagram y X: PeriodistaMarco