Desde el 2018, las remesas provenientes de Estados Unidos y Canadá han experimentado un ascenso notable, alcanzando una proyección de 64,000 millones de dólares en 2024. Esta cifra se ha duplicado respecto a los 34,000 millones de dólares de hace seis años. Sin embargo, se prevé que en 2025 este crecimiento se interrumpa abruptamente; se estima que las remesas caigan a 59,000 millones de dólares, lo que representa una disminución del 6% respecto al año anterior. Esta caída equivale a 5,000 millones de dólares, que se traducen en aproximadamente 100,000 millones de pesos que no ingresarán a las familias mexicanas y, por ende, afectarán gravemente a la economía familiar.
En Sinaloa, la situación es aún más alarmante. Las remesas proyectadas para el próximo año bajarán de 936 millones de dólares a apenas 720 millones, lo que implica un desplome del 24%. Esta cifra resulta ser muy superior a la reducción nacional y refleja una crisis específica y profunda en la región. Vale la pena destacar que los municipios que más captan remesas son Mazatlán, con 125 millones de dólares; Culiacán, con 250 millones; Ahome con 102, Guasave75 y Salvador Alvarado con 38 millones dólares que, junto con los demás municipios, suman 720 millones. Sin embargo, esa suma es inferior en 220 millones a lo recibido en 2024. Este drástico descenso significa que, del total de remesas del 2024, solo se estará ingresando 4 de cada 5 dólares.
La caída del 6% a nivel nacional se podría atribuir a diversos factores, como la inestabilidad en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, la creciente persecución de migrantes indocumentados y el temor de estos de enviar dinero a casa. Sin embargo, la situación de Sinaloa requiere un análisis más profundo. No se puede obviar que estamos ante el tercer año consecutivo en que las remesas decrecen y esta vez en un 24%. A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, aquí hay dinámicas particulares que necesitan ser comprendidas.
Una de las explicaciones más plausibles está relacionada con la guerra interna entre los cárteles de la droga en Sinaloa. El contexto de violencia extrema, con enfrentamientos constantes, ha hecho que muchos migrantes se vean obligados a priorizar su seguridad sobre el envío de recursos económicos a sus familias. Esto no solo afecta a sus seres queridos en el estado, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y descomposición social.
Aunado a esto, la economía sinaloense ya se encuentra severamente golpeada por la sequía y la disminución en la producción de granos. El pronóstico de una pérdida adicional de 210 millones de dólares en remesas se suma al efecto devastador de más de 10,000 empleos perdidos y 2,000 negocios cerrados. Las cifras de muertes y desapariciones, que superan las 4,000, junto con la migración de alrededor de 100,000 ciudadanos a otras entidades, pintan un panorama sombrío que difícilmente puede ignorarse.
Mientras tanto, el Gobierno parece ausente en la búsqueda de soluciones. No hay plan de apoyo claro para las empresas, los trabajadores ni las familias que enfrentan esta crisis. La economía sinaloense enfrenta así un drama inminente, donde los 4000 millones de pesos que dejarán de llegar a los hogares se convierten en un símbolo del vacío institucional que permea en nuestra realidad. Este fenómeno no solo representa una pérdida económica tangible; es un reflejo de la desesperanza y la falta de rumbo en un estado que clama por atención y acción decidida.
Es evidente que la luz al final del túnel aún no se vislumbra, y la población sinaloense continúa sumida en una crisis que exige que todos, desde las autoridades hasta la sociedad civil, tomen conciencia y actúen con responsabilidad. Las remesas son más que simples transferencias de dinero; son el sustento de muchas familias que dependen de este recurso para sobrevivir. Cada dólar que no llega es un recordatorio de que la lucha por una mejor calidad de vida sigue siendo una batalla sin cuartel.
