“No necesitamos que nos dejen tranquilos. De cuando en cuando, precisamos estar seriamente preocupados”, Ray Bradbury (1920-2012) Escritor estadounidense.

DIMES Y DIRETES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto un punto que parece final —al menos en el papel— a la disputa por la presidencia municipal de Ahome.

En su reciente fallo sobre la Controversia Constitucional 152/2025, el máximo tribunal del país reconoció como presidente municipal sustituto a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, confirmando que el Congreso del Estado actuó conforme a derecho cuando destituyó a Gerardo Octavio Vargas Landeros el pasado 2 de mayo.

Esta decisión, considerada ya cosa juzgada, despeja las dudas jurídicas sobre quién ostenta la representación legal del municipio y quién puede ejercer las funciones de alcalde. Menéndez de Llano presentó ante la Corte la documentación que respaldó su nombramiento: el acuerdo del Congreso local que decretó la destitución de Vargas, el Acuerdo 83 que formalizó su designación y el acta de cabildo del 5 de mayo que certificó su toma de protesta.

La SCJN desechó la controversia constitucional promovida por Vargas Landeros al considerar que no existía agravio en la esfera de competencia municipal.

Gerardo Octavio Vargas Landeros fue electo como alcalde en 2021 bajo las siglas de Morena, pero su administración se vio envuelta en señalamientos relacionados con la Auditoría Superior del Estado y procesos penales que terminaron abriendo la puerta a su destitución.

El Congreso del Estado argumentó que la decisión obedecía a la necesidad de garantizar la gobernabilidad y el cumplimiento de la ley, lo que derivó en la designación de un sustituto que concluirá el periodo constitucional hasta octubre de 2027.

Desde entonces, Vargas Landeros y un sector de regidores de Morena han sostenido que su salida responde más a intereses políticos que a causas estrictamente legales.

Incluso promovieron recursos de impugnación para revertir el acto legislativo, sin éxito, y ahora la Corte ha cerrado la puerta a esa posibilidad al afirmar que el mecanismo utilizado —la acción de inconstitucionalidad— no era la vía idónea.

Tras el fallo, la diputada Teresa Guerra Ochoa, acompañada de legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la resolución ratifica la autonomía del Congreso del Estado y la legitimidad de sus actos.

Destacó que el pronunciamiento de la Corte no solo valida el nombramiento de Menéndez, sino que también establece que Vargas Landeros carece de facultades para promover acciones legales en nombre del municipio.

Los regidores que apoyan a Vargas Landeros, en cambio, han señalado que la decisión no refleja la voluntad de los votantes de Ahome y que, aunque respetarán la resolución, continuarán explorando vías jurídicas que permitan la restitución del exalcalde, quien únicamente podría regresar al cargo si obtiene sentencias absolutorias en los procesos penales que enfrenta.

Con esta resolución, la SCJN asegura certeza política y jurídica para Ahome, al menos en el terreno formal. Sin embargo, el episodio deja a la vista una serie de interrogantes que trascienden lo legal.

¿Qué tan transparente fue el proceso que llevó a la destitución de Vargas Landeros? ¿En qué medida el Congreso actuó por interés institucional y no por cálculo político? ¿Podrá Antonio Menéndez ejercer su mandato sin la sombra de esta disputa, o quedará atado a un contexto de confrontación permanente?

El fallo despeja la vía jurídica, pero no borra la huella de meses de incertidumbre ni las tensiones que persisten en el cabildo y entre los grupos políticos locales.

De hecho, el tema de la guerra política interna en la comuna ahomense parece no terminar. Y a como vemos las cosas, estamos a punto de presenciar un asunto que en la memoria política de Sinaloa no se ha contado.

Si bien se han desaforado alcaldes, hay un riesgo más que latente de que todos los regidores de Morena, salvo las dos ediles que ya tomaron protesta, sean desaforados de sus cargos por el Congreso y se llame a los suplentes.

El tema se pone más candente en lugar de apaciguarse y si no pregúntenle al alcalde sustituto si su gobierno es pura miel sobre hojuelas.

No es por ser drásticos pero en Ahome, está por abrirse apenas, la “caja de Pandora”, políticamente hablando… ¡digan que se los dijo un loco!

¿PRINCIPIO DEL FIN?

La declaración de culpabilidad de Ismael “Mayo” Zambada García, histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, no solo cierra una etapa judicial en Estados Unidos, sino que abre un capítulo incómodo para la política mexicana.

En la audiencia realizada el 25 de agosto de 2025 en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, el narcotraficante de 77 años reconoció su participación en delitos de empresa criminal continua y crimen organizado, aceptando también haber promovido la corrupción de policías, militares y políticos en México a lo largo de su trayectoria.

Este elemento no es menor. Durante décadas, el poder criminal que representó Zambada se sostuvo no únicamente por la fuerza de las armas o el control territorial, sino por una red de complicidades institucionales que él mismo admitió haber tejido.

Su declaración abre interrogantes sobre hasta qué nivel de las estructuras de poder llegaron esos sobornos y si existirá algún mecanismo real para investigar lo que ahora es un reconocimiento público en una corte internacional.

El juez Brian Cogan dictará sentencia el próximo 13 de enero de 2026. Hasta entonces, Zambada permanece bajo custodia mientras Estados Unidos valora en 15 mil millones de dólares los activos acumulados en su carrera criminal.

La admisión de culpabilidad evitó un juicio público que probablemente habría revelado nombres, fechas y acuerdos incómodos tanto para autoridades mexicanas como estadounidenses.

Sin embargo, la dimensión política de este caso no puede obviarse. ¿Cómo repercutirá en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico en México el hecho de que uno de los capos más longevos admita haber financiado la corrupción a distintos niveles?

¿Habrá voluntad real de las instituciones mexicanas para esclarecer qué funcionarios, de ayer y de hoy, se beneficiaron de estos sobornos? ¿O el caso quedará reducido a una victoria judicial en otro país, mientras en México se mantiene intacta la impunidad política?

La historia reciente muestra que cuando figuras como Zambada caen, las estructuras no desaparecen: se reacomodan.

Mientras la justicia estadounidense celebra un paso firme, la justicia mexicana enfrenta un espejo incómodo.

La pregunta que queda es: ¿será este el inicio de una verdadera depuración institucional o solo el cierre de un ciclo más en el que los nombres cambian, pero las relaciones de poder persisten?

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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