México enfrenta un panorama económico cada vez más complicado, con un déficit fiscal que se proyecta en crecimiento significativo. Las estimaciones indican que para 2026, este déficit podría alcanzar el 7% del PIB, superando las previsiones tanto de la Secretaría de Hacienda como del Banco de México, que habían anticipado cifras mucho más optimistas. Este aumento, que podría alcanzar hasta 2.5 billones de pesos, responde a una combinación explosiva de factores: la inclusión de más de 10 millones de personas en programas sociales, la crisis financiera de Pemex y la creciente deuda de CFE, así como un incremento preocupante en la deuda externa.

Estos elementos estructurales están impactando de manera adversa los programas del llamado Plan México, diseñado para fortalecer la economía nacional. La debilidad en la gestión de los gobiernos locales agrava la situación, ya que la inseguridad y la falta de certeza jurídica ahuyentan tanto la inversión privada nacional como extranjera. Esta realidad se puede observar en estados como Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Coahuila, donde varias empresas han optado por cerrar o retirarse, minando aún más las bases de la competitividad productiva en el país. Este éxodo empresarial no solo reduce las garantías legales y la seguridad pública, sino que también lleva a un aumento en las importaciones, intensificando el déficit comercial.

El deterioro progresivo de Pemex y CFE, con la petrolera acercándose a una inminente quiebra y la eléctrica luchando contra la improductividad, limita severamente la capacidad de México para satisfacer la creciente demanda energética. Este contexto es crítico, especialmente en un momento donde el nearshoring —la relocalización de empresas— debería ser una oportunidad para captar inversiones y generación de empleo. Sin embargo, la ineficiencia gubernamental y la inseguridad, especialmente en regiones afectadas por el narcotráfico como Michoacán y Sinaloa, son impedimentos notables que siguen obstaculizando este proceso.

A pesar de que México ha alcanzado cifras récord de inversión extranjera directa, con 37,000 millones de dólares en 2024, las proyecciones para 2025 sugieren una caída a 35,000 millones. Esto refleja no solo un nerviosismo palpable entre los inversionistas, sino también el impacto negativo de las reformas a la justicia y al sistema electoral distorsionado por la administración actual. El temor a un entorno de inversión incierto se traduce en una falta de confianza que podría costarle caro al país si no se toman acciones concretas.

La única vía viable para que México compita con Estados Unidos y sustituya a China en el mercado de productos industriales radica en aumentar la producción nacional y atraer más empresas al territorio. Esto requiere un enfoque más equilibrado en el gasto público, priorizando la inversión en salud y educación sobre los programas sociales directos, y reduciendo la dependencia de Pemex mientras se abre la puerta a la inversión privada en CFE.

Sin lugar a dudas, el futuro de México en este sexenio depende de la implementación efectiva y ambiciosa de un plan de inversión que permita la sustitución de importaciones de China. Si no se actúa con determinación, las empresas buscarán alternativas en otros países, lo que podría tener consecuencias desastrosas para la economía nacional. Es imperativo que el discurso nacionalista, que a menudo se convierte en pura retórica, sea reemplazado por una política pragmática que reconozca la necesidad de una asociación constructiva con Estados Unidos.

En conclusión, el Plan México tiene potencial, pero su éxito está amenazado por obstáculos sistémicos y la velocidad con que se requiere implementar cambios significativos. Sin un enfoque claro y decidido, la viabilidad futura del país se verá comprometida, dejando a millones de mexicanos sin las oportunidades que necesitan para un desarrollo sostenible y próspero.