Desde hace más de dos años, en plena tormenta provocada por la defensa de la autonomía universitaria, el rector Jesús Madueña Molina ha observado con preocupación la crisis financiera que se cierne sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La conversión del sistema de jubilación dinámica en una bola de nieve parece ser el detonante de una inminente quiebra institucional, un pronóstico alarmante que podría materializarse en tan solo tres o cuatro años. Este escenario se torna aún más crítico ahora que la Subsecretaría de Educación Superior, liderada por Ricardo Villanueva Lomelí, ha recibido estudios actuariales que clavan la estaca sobre la necesidad urgente de cambios estructurales.

Frente a esta realidad descarnada, es preocupante observar cómo ciertos sectores de la comunidad —incluyendo a intelectuales y políticos— se apresuran a desviar el foco de responsabilidad. El papel de la doctora Ana Luz Ruelas y del líder de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, ejemplifican las actitudes oportunistas que, en lugar de contribuir a la solución, buscan capitalizar el problema. La crítica hacia el rector y sus antecesores resulta poco valida; sin embargo, es fundamental abordar la raíz del fenómeno: el insostenible costo del sistema de jubilación.

La doble pensión, implementada desde 1979 bajo el rectorado de Eduardo Franco, se ha convertido en una carga monumental para las arcas universitarias. Actualmente, este gasto consume el 36% del presupuesto total de la UAS, y se prevé que escale al 50% en un futuro cercano. Este aumento implacable acaba por asfixiar a la institución, dificultando su capacidad para financiar adecuadamente la educación de miles de estudiantes.

El desconocimiento de la problemática por parte de figuras como Sergio Torres es alarmante. Su insistencia en que la Auditoría Superior del Estado audite la UAS es un intento vano, dado que todas las cuentas son rendidas puntualmente. Esta propuesta carece de fundamento y revela una falta de comprensión de la complejidad actual que enfrenta la universidad.

Es esencial entender que la creación de un fideicomiso para financiar la jubilación dinámica fue un acuerdo que no se cumplió durante 25 años. La disolución gradual de este fideicomiso bajo el rectorado de Héctor Melesio Cuén, sumada a la eliminación de la prestación acordada en 2016, contribuyó a incubar el problema que hoy amenaza a la UAS. Los miles de trabajadores jubilados, que han crecido exponencialmente desde 1970, culminan en una cifra estimada de 6,500 jubilados para fin de año, lo que representa un impacto del 40% en el presupuesto.

Afrontar la crisis no es sólo un tema administrativo; es un deber moral hacia la comunidad universitaria y la sociedad que depende de ella. Sin embargo, la incapacidad de aquellos que alguna vez sostuvieron el poder está llevando la situación a un punto de no retorno. Las críticas y las demandas vacías de soluciones efectivas por parte de políticos que ignoran el contexto histórico son perturbadoras. Esos mismos actores que destruyeron el fideicomiso ahora acusan sin asumir su parte de responsabilidad.

Se hace imperativo que tanto la comunidad universitaria como las autoridades estatales y federales, comprendan la magnitud del problema y se unan para encontrar soluciones viables y sostenibles. La impunidad que emana de esta crisis, alimentada por intereses personales y agendas políticas, solo llevará a un deterioro irreversible de la educación superior en Sinaloa.

La UAS merece una respuesta seria, un debate sobre la forma en que se manejan los recursos y cómo se puede garantizar su viabilidad futura. Es momento de dejar atrás las luchas de poder y enfocarse en la responsabilidad social que implica la educación. Si no se vislumbra un cambio estructural inmediato, la quiebra de la UAS no será solo un problema administrativo, sino un fracaso colectivo que repercutirá en generaciones enteras.

Así, el llamado es claro: la comunidad universitaria y el gobierno deben trabajar juntos por el bien de la educación en Sinaloa, dejando atrás las disputas ideológicas y buscando el bienestar común. Solo así podremos evitar que la universidad se convierta en una sombra de lo que debería ser: un bastión de conocimiento, cultura y progreso.