En el marco de la transformación educativa que ha caracterizado el gobierno de Claudia Sheinbaum, el anuncio acerca de la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato Único ha resonado con gran fuerza en el ámbito social y político. Durante su tradicional mañanera en enero, la presidenta expuso la intención de sustituir los 33 sistemas de bachillerato existentes, prometiendo la construcción de 350,000 espacios para este nivel educativo a lo largo de su sexenio. Esta declaratoria se enmarca dentro del contexto histórico que plantea la obligatoriedad de la educación media superior, establecida en 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, más de una década después, los retos persisten, y la pregunta sobre la viabilidad de estas promesas se hace cada vez más apremiante.

La preocupación inicial surge al observar cómo, en efecto, la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, ha destinado solo 2,500 millones de pesos para la construcción de 16 nuevas preparatorias, de las cuales apenas dos han sido edificadas hasta julio de este año. Esta cifra resulta irrisoria frente a las necesidades educativas de un país donde la demanda supera ampliamente la oferta. En este sentido, es pertinente recordar que, desde principios del siglo XXI, la atención hacia el bachillerato ha aumentado considerablemente, logrando captar hasta el 78% de los jóvenes en edad de cursarlo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente; un millón de jóvenes aún queda fuera del sistema, lo cual plantea serias dudas sobre la eficacia de un sistema que busca ser universal.

Uno de los casos más emblemáticos de esta problemática es el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con el Valle de México, donde solo el 25% de quienes solicitan ingreso logran acceder a una plaza. Esta exclusión se traduce en un aumento de la demanda cada ciclo escolar, lo que indica que las estructuras actuales son insuficientes para atender las necesidades de la juventud mexicana. Aquí es donde se hace evidente el contraste entre la ambición del proyecto de un bachillerato único y la cruda realidad de un sistema que se encuentra fragmentado y saturado.

Además, la centralización de la educación que propone el gobierno federal añade una capa más a este complejo escenario. La priorización de instituciones alineadas políticamente ha dejado a universidades autónomas, como la UAS, en una situación precaria, a pesar de que estas han logrado mantener una cobertura del 100% en sus programas educativos. La falta de apoyo a estas instituciones no solo afecta la calidad educativa, sino que también contribuye a la deserción escolar, que ya alcanza a 500,000 jóvenes, cerca del 10% del total de estudiantes.

No podemos pasar por alto la cuestión del financiamiento educativo. Actualmente, el presupuesto asignado a educación en México ronda el 3% del PIB, muy por debajo del mínimo del 5% que exigen los convenios internacionales. Esta insuficiencia presupuestaria se convierte en un obstáculo crucial para cualquier intento de implementar un sistema educativo eficaz y accesible a todos los jóvenes.

Frente a estos desafíos, la creación del Sistema Nacional de Bachillerato Único podría convertirse en otra promesa incumplida de la administración de la Cuarta Transformación. Mientras la retórica se enfoca en la universalidad y la inclusión, la realidad nos muestra que la educación en México continúa siendo un terreno fértil para la desigualdad y el abandono. Sin un compromiso genuino y un enfoque realista en el financiamiento y la infraestructura educativa, el anhelo de un verdadero bachillerato único se desvanecerá, dejando a la juventud mexicana atrapada en un limbo de oportunidades perdidas. Para que este sueño educativo se materialice, es imperativo que el gobierno actúe con determinación y priorice la educación en su agenda política, no solo en palabras, sino en hechos concretos y sustentados.