Desde la llegada al poder de la administración actual, la promesa de un sistema de salud que garantice atención médica gratuita y de calidad ha resonado en todo el país como un canto de sirena. Claudia Sheinbaum, apoyada por sus 23 gobernadores, parece haber tomado la batuta de una orquesta que, aunque suena bien en teoría, desafina en la práctica. Al igual que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), utiliza narrativas que buscan convencer a un «pueblo bueno y sabio», solo que, en esta ocasión, sin los recursos económicos que él manejó.

A lo largo de estos siete años de gobierno, la administración ha cambiado el paisaje del sistema de salud en México. La transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) dejó un vacío que se ha traducido en desabasto crónico de medicamentos. Este cambio, promovido con la esperanza de mejorar la atención a más de 50 millones de mexicanos, rápidamente se reveló como un revés monumental. El derroche de más de 350,000 millones de pesos —fondos que antes nutrían al IMSS— se ha traducido en un colapso en la atención médica, dejando a millones sin acceso a tratamientos básicos.

El anuncio del Congreso de la Unión acerca de la creación del Sistema Nacional de Salud Pública (SNSP) para el 2030 sonó esperanzador hace ocho meses. Universalizar la afiliación a la salud pública es un objetivo noble; sin embargo, la manera en que se están manejando las cosas hoy genera dudas legítimas. ¿Dónde está la estrategia? ¿Cuándo veremos resultados concretos? La realidad que enfrentamos no refleja un avance, sino un deterioro alarmante en los servicios de salud, especialmente en la prevención, que es el pilar de cualquier sistema de salud robusto.

El aumento en los casos de enfermedades prevenibles, como el sarampión y la poliomielitis, es un indicativo claro de que algo está fallando. La debilidad del cuadro básico de vacunas, sumada a un desabasto histórico de medicamentos que alcanzó los 35,700,000 y 38,000,000 de piezas no entregadas durante los meses de junio y julio, revela una crisis de proporciones épicas. A esto se le suma el creciente problema de la deuda con proveedores, que se siente como una sombra que amenaza cada iniciativa anunciada por el gobierno.

En palabras de la presidenta, se prometió que el 15 de agosto el desabasto sería resuelto. Pero la pregunta persiste: ¿cómo? Las deudas con los laboratorios nacionales, enjuiciadas desde 2020, contrastan drásticamente con los logros de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde la industria farmacéutica pudo satisfacer casi el 100% del abasto de medicamentos.

Es evidente que el presupuesto destinado a salud debe ser incrementado, no reducido como el de educación. Si este ciclo de promesas vacías continúa, simplemente estaremos ante un cuento de nunca acabar, un eco de las desilusiones previas. La salud pública no es solo una responsabilidad gubernamental; es un derecho fundamental de todos los mexicanos, y hasta ahora, las acciones tomadas no han logrado reivindicar ese compromiso. La pregunta que queda es: ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar por una verdadera reforma que beneficie a quienes realmente la necesitan? La desconfianza crece y, lamentablemente, el futuro no se ve más brillante.