Culiacán no cuenta con un centro de convenciones y, sin embargo, el gobierno estatal y municipal han decidido invertir más de 300 millones de pesos en su construcción. Esta decisión se ha tomado en el marco de un aparente plan para desalojar a Precasin y utilizar su terreno, aunque las implicaciones de dicha reubicación y sus costos son más que cuestionables.
Esta inversión se suma a los más de mil millones gastados durante la gestión de Mario López Valdez en obras suntuosas que, en su mayoría, se convirtieron en auténticos “elefantes blancos”. Proyectos como el parque temático, la escuela de béisbol y los gimnasios de alto rendimiento acabaron ocupando espacios que no cumplen su función original o que se utilizan como oficinas temporales de dependencias gubernamentales. La historia parece repetirse con el nuevo centro de convenciones.
A pesar de que existe infraestructura suficiente en Culiacán para albergar eventos, como Figlostase, Figlosnte y Salón 53, la necesidad de un nuevo centro de convenciones es discutible. Si la propuesta carece de justificación sólida, ¿acaso no estamos ante otro caso de despilfarro? La urgencia por construir esta obra se antoja innecesaria, especialmente cuando el cabildo debe exigir al presidente municipal Juan de Dios Gámez una explicación convincente de las razones detrás de este proyecto. En tiempos donde la ciudad atraviesa la peor crisis de su historia, invertir 300 millones de pesos puede interpretarse como un desvarío.
Las injusticias que enfrenta la población, marcada por la inseguridad y la violencia, hacen que este gasto se entienda como una burla. Miles de familias han perdido su patrimonio, su vida y su tranquilidad en un entorno donde el dolor y la desesperación son palpables. Para estas familias, la construcción de un centro de convenciones no es más que una frivolidad, un espectáculo fuera de lugar que ignora sus necesidades apremiantes.
La solución no reside en crear otro elefante blanco. La inversión debiera dirigirse hacia microempresas y negocios familiares, así como hacia aquellos que están desempleados o que sufren como consecuencia de la crisis económica. Suspender esta obra sería un acto de justicia y solidaridad que la ciudadanía demanda, además de evitar un nuevo escándalo de corrupción que ya hastiada comienza a ser parte del discurso popular.
En este contexto, el gobierno local no puede seguir haciendo promesas vacías, como las mil calles pavimentadas para el 2025, cuando en junio solo se habían pavimentado 80 tramos que apenas son señales de progreso. La población está cansada. La gente clama por acciones concretas, no por demagogia y simulaciones.
Culiacán, Sinaloa, exige un cambio. Es momento de que los gobernantes entiendan que sus decisiones deben reflejar las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Se necesita un gesto de solidaridad, una respuesta a la altura de los desafíos que enfrentamos y no más desprecios a la dignidad del pueblo. La paciencia se agota y es justo reclamar un trato más humano. ¡Basta de burlas!
