Esta evolución ya no se centra únicamente en operativos presenciales o auditorías profundas. Hoy, las inconsistencias en una DIOT, un CFDI mal cancelado, un error en el uso de las claves PUE o PPD, o el acreditamiento del IVA en operaciones de flujo de efectivo sin que exista el pago real, pueden detonar revisiones automatizadas. El SAT ha dejado claro que no necesita ver físicamente a un contribuyente para iniciar un procedimiento: basta con lo que muestran los sistemas.

Uno de los aspectos más preocupantes es el uso de exhortos por montos pequeños que, lejos de buscar la corrección de errores mínimos, tienen la finalidad estratégica de romper el periodo de caducidad. Esto obliga a los contribuyentes a tomar decisiones clave: ¿presentar una complementaria para aclarar una diferencia de unos pesos… y abrir la puerta a revisiones mayores?

La fiscalización también se sofisticará en los pagos al extranjero. No bastará con tener un contrato: el SAT pedirá hasta 26 elementos probatorios para justificar deducciones por regalías, asistencia técnica o uso de marcas. Esto incluye traducciones apostilladas, evidencia de que el servicio no puede prestarse en México, y hasta visitas físicas al extranjero. Si no hay una sustancia económica real, se presumirá simulación.

Además, las fusiones, escisiones y restructuras empresariales de los últimos cinco años serán escrutadas bajo un nuevo enfoque: la razón de negocios por ejercicio. Ya no bastará con demostrar un beneficio futuro; se revisará cómo evolucionó la operación año con año.

En la mira también están los contribuyentes que operan con estructuras aparentemente legales, pero sin sustancia: empresas sin empleados, sin activos, o con relaciones sólo entre 2 o 3 RFC. Se presumirá simulación. Incluso el uso de trusts o testamentos donde una persona moral actúa como administradora de un patrimonio familiar, será considerado enajenación.

Y lo más delicado: la responsabilidad del receptor. Si recibe una factura de un proveedor que luego es no localizado, aunque en el momento de la operación el proveedor estuviera en regla, el SAT transferirá la carga al receptor, considerándolo EFO. Esto desdibuja peligrosamente la seguridad jurídica y la confianza legítima que debe prevalecer en toda relación fiscal.

Frente a estas acciones, las empresas deben responder con prevención, control interno y documentación exhaustiva. La era del cumplimiento reactivo ha terminado. Hoy, una omisión o error menor puede derivar en restricciones de sello digital, cancelación del RFC, congelamiento de cuentas y una carga probatoria extremadamente compleja.

La fiscalización del SAT ya no es selectiva ni manual. Es sistematizada, masiva y predictiva. Y quien no se prepare para este nuevo entorno, inevitablemente, pagará el precio.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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El veredicto de la ciudadanía: abstención masiva

La cifra habla por sí sola: menos del 13% del padrón electoral participó en la jornada. Nunca en la historia contemporánea de México se había registrado una participación tan baja en un ejercicio de alcance nacional. Este dato no es menor ni puede maquillarse con justificaciones triunfalistas. Revela un rechazo silencioso pero poderoso al proceso, una muestra clara de que el pueblo no avala reformas que no entiende ni siente como propias.

La razón principal es evidente: no hubo información suficiente sobre los candidatos, ni sobre sus trayectorias, ni sobre los alcances reales del voto. Sin información, el voto se transforma en una ruleta, no en un acto democrático.

Entre la prisa política y la debilidad institucional

La reforma fue diseñada y ejecutada en un plazo corto, con escaso debate legislativo y con una campaña de difusión apresurada. El Poder Legislativo impuso una transformación de gran calado sin construir los cimientos mínimos: capacitación ciudadana, filtros técnicos, reglas de equidad y mecanismos de control confiables.

Así, el país pasó de un sistema de designación elitista —ciertamente cuestionable— a un proceso electoral contaminado por la improvisación. En lugar de corregir una disfunción, se introdujo otra más peligrosa: la posible cooptación del Poder Judicial por intereses populistas o incluso del crimen organizado.

¿Justicia democrática o justicia vulnerable?

Las advertencias no tardaron en llegar. La Organización de Estados Americanos, organismos de derechos humanos y juristas independientes señalaron que someter a voto popular cargos judiciales podría comprometer la imparcialidad de los jueces. Cuando un magistrado depende de la popularidad o del respaldo de una facción política para llegar al cargo, ¿cómo podrá actuar con independencia frente a sus electores o patrocinadores?

Este modelo no empodera al ciudadano, sino que debilita a los jueces. Y en un país con elevados índices de impunidad, crimen organizado y presión mediática, eso puede ser letal para la impartición de justicia.

El autoengaño oficial

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección como un “éxito rotundo” por haber reunido 13 millones de votos, la realidad es que esos sufragios representan una minoría absoluta. Comparar esa cifra con elecciones anteriores no cambia el hecho de que la mayoría del país no participó, y que, por tanto, los nuevos jueces y magistrados inician sus funciones sin el respaldo legítimo de una ciudadanía activa e informada.

El problema no es que haya habido pocos votos; el problema es que hubo mucho silencio. Y ese silencio debe escucharse con atención.

Conclusión: justicia sin sustento, democracia sin profundidad

La elección judicial de 2025 pasará a la historia como una lección amarga sobre los límites del voluntarismo político. Reformar el Poder Judicial no es malo per se. Lo grave es hacerlo sin método, sin conciencia institucional, sin participación informada y sin escuchar a quienes más conocen de derecho y justicia.

En el fondo, esta elección no acercó la justicia al pueblo: solo le cambió el ropaje a un viejo problema. Y cuando la justicia se convierte en una fachada electoral, es el Estado de Derecho el que empieza a resquebrajarse.

México merece una justicia transparente, accesible y sólida. Pero no la encontrará en las urnas, sino en la construcción paciente de instituciones que inspiren confianza, no solo votos.

CPC, MI y LD Gilberto Soto Beltrán

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