No creo que la ineptitud sea un problema ideológico; más bien me parece que corresponde al marasmo que producen los sistemas políticos verticales concentrados en una sola persona. Esta estructura paraliza la inteligencia y la voluntad, relegando los valores esenciales al arcón del olvido. Como si no existiera nada, o, mejor aún, como si todo girara en torno al líder, donde ninguno —por más capaz que pueda ser— puede controlar y dirigir lo que sucede a su alrededor. Este fenómeno se traduce en una inacción evidente, como si las piezas de una maquinaria política —que es el gobierno— estuvieran condenadas a la inmovilidad.
Un claro ejemplo de esta ineficacia se presenta con la crisis hídrica que enfrenta Culiacán. La gestión del agua a través de JAPAC ha sido alarmante. Las colonias se ven privadas del servicio de agua, a pesar de que el fenómeno de La Niña ha dejado claro que desde hace tres años la lluvia escasea. En lugar de implementar medidas preventivas, como el apoyo a las colonias populares con pipas de agua, las autoridades parecen cruzarse de brazos, ignorando las necesidades urgentes de la población. Esto no solo refleja una falta de capacidad, sino también una insensibilidad alarmante hacia la crisis humanitaria que enfrentan muchas familias.
La situación se agrava con el manejo de las 11 presas que tiene Sinaloa. Al parecer, las autoridades no comprenden la gravedad de la sequía en el país, que se intensifica con cada año que pasa. La falta de control en la distribución del agua se convierte, así, en una tragedia inevitable. Los módulos de riego, que deberían gestionar responsablemente los recursos acuíferos, parecen más interesados en mantener ciertas prácticas tradicionales, que en abordar el desperdicio y asegurar un uso más equitativo del agua.
No menos irresponsable es el gobierno estatal y los municipales, que carecen visiblemente de un plan estratégico para la captación, uso y cuidado del agua. Ignorar que este recurso es finito y vital para la vida y el desarrollo social es un error que podría costar muy caro. La opacidad que rodea a CEAPAS (Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa) es un reflejo de esta inercia. Un ejemplo es la planta potabilizadora de Guasave, que, tras 13 años de construida, aún no se integra completamente a la red de distribución municipal.
Sinaloa enfrenta, además, una creciente crisis de inseguridad. Sin embargo, el gobierno federal parece pensar que enviar tropas es la única solución. Se requieren recursos extraordinarios y un enfoque renovado, no más recortes ni deudas que solo agravan la situación. Sorprende que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya sostenido una reunión con la sociedad desde que inició la crisis de violencia en la región. ¿Acaso no está en deuda con el estado?
Alguien comentó recientemente que todo lo que ocurre es culpa del narcotráfico y el crimen organizado. Pero, ¿y las autoridades? ¿Los gobiernos? ¿Los dueños del poder económico? No pueden evadir su responsabilidad. La ilegalidad y la delincuencia florecen gracias a las complicidades del Estado, y sin un cambio estructural, la situación difícilmente mejorará. Sinaloa merece atención, acción y un compromiso real por parte de quienes ostentan el poder, antes de que sea demasiado tarde.
