Después de la sesión del H. Consejo Universitario de la UAS, del miércoles pasado, donde prácticamente se selló un acuerdo de conciliación entre el gobierno y la UAS en su diferendo que impuso el gobierno en febrero del 2023, cuando la iniciativa de nueva ley de educación superior contenía artículos que violaban la autonomía universitaria contenida en el artículo 3º fracción 7ª de la Constitución General de la República, lo que señalo la UAS en su momento y su oposición a dicha disposición inconstitucionales.
Ese fue el origen del conflicto gobierno del estado contra la UAS por que ello representaba el ingreso de facto del gobierno a dirigir la UAS desde SEPyC y eliminar su vida institucional democrática, su libertad de cátedra, sus definiciones de los contenidos educativos y su organización gremial.
De ese diferendo derivo toda la persecución política que se desato en contra de sus autoridades y liderazgos, tanto que once de doce procesos judiciales que involucro a once funcionarios, incluidos el rector Jesús Madueña Molina y el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, persecución que significo el abuso de poder, el atropello y la ilegalidad de instituciones como el congreso de Sinaloa, la ASE (auditoria superior del estado), la fiscalía del estado y los propios jueces de las causas.
Para nadie fue un secreto de tales luchas que fueron ocultados y hasta justificados por medios de comunicación en obvio contubernio con el gobierno, produciendo un cerco mediático contra la UAS, ocultando y falseando lo que en realidad ocurría: la UAS era víctima de una persecución política y la inmoralidad y corrupción de empresas periodísticas y periodistas, lo que fue evidente en todo momento.
La UAS definió una estrategia que finco en la lucha legal con mayor énfasis y la movilización política dependiendo de esa defensa en los tribunales federales.
Poco a poco los amparos federales fueron fluyendo, tanto para la aplicación de la ley de educación superior como en los casos de las acusaciones penales de supuestos manejos oscuros e ilegales, al grado que el gobierno, llámese congreso, ASE o fiscalía del estado, nunca obtuvieron un fallo a su favor.
Fue hasta el 10 de enero del 2024, diez meses después del decreto de la ley de educación, que un tribunal colegiado de circuito ratifico un fallo de un juez Federal quien sentencio, que dicha ley de educación superior del estado de Sinaloa, era inconstitucional, violentaba el artículo 3º fracción 7ª de constitución general de la república.
A partir de ese momento todo cambio y fue evidente que la razón legal la tenía la UAS y no el gobierno, tanto que el mismo gobernador en aquel momento reconoció públicamente que atendía y aceptaba dicha sentencia.
¿Qué sucedió después de aquella sentencia de inconstitucionalidad? Pues simplemente que ya no hubo recurso legal alguno para el gobierno e intensifico la persecución política al extremo de lo que ya es del dominio público.
A lo que la UAS reacción con una modificación de su estrategia apoyándose en fallo de inconstitucionalidad de que el diferendo original ya se había cerrado prácticamente, enarbolando la demanda de una mesa de dialogo.
Mientras el asedio y los ataques subían de tono a extremos durísimos para toda la comunidad universitaria, esta insistía que la única salida era dialogar, que todo ya se había definido como consecuencia de que había sido ilegal e inconstitucional la reforma educativa.
Si el fondo del conflicto ya estaba resuelto ¿cuál era el problema?¿buscar una solución? Pues eso hizo la UAS y se lo demando al presidente López Obrador y después a la presidenta Claudia Sheimbaun, hasta que esta, finalmente, instruyo y opero para que se instalara una semana después de que tomara posesión como jefa del estado mexicano.
Ese fue el viacrucis a propósito de navidad, de la UAS, sus autoridades y comunidad, hasta llegar a esa mesa de negociación y conciliación con el gobierno de Sinaloa y la presencia del gobierno federal.
Desde hace dos meses, comisionados de las tres partes, gobierno federal, estatal y UAS, se han reunido para definir los puntos de acuerdo y conciliación, los cuales, como lo ha dicho el rector Jesús Madueña, se ha colocado el bien supremo de la UAS, la institución de los Sinaloenses, de su juventud, en los pasos que se han dado.
Y la pregunta final es, ¿hay algún acuerdo entre la UAS y el gobierno que vulnere la autonomía de la institución? No, ¿favorecen o no a la UAS los acuerdos? Si, ¿es necesario para todos los sinaloenses una conciliación UAS – Gobierno? Por supuesto que sí. Entonces ¿por que tanta alharaca y rasgamiento de vestiduras? A veces las cosas salen como salen y no como cada quien quisiera.
